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La Fiscalía General de la República le tomó declaración este martes a la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), sobre la presunta injerencia que ejerció el mandatario Rodrigo Chaves para que ella perdiera un contrato de servicios legales con la televisora Repretel.
La legisladora rindió testimonio a la 1:30 p. m., como parte de la investigación por un supuesto delito de abuso de autoridad de parte del presidente de la República.
“Fui únicamente a relatar los hechos. Como son la verdad, ni siquiera me acompañé de abogado (...). La fiscal (que sustituye al fiscal general Carlos Díaz) me pidió que ahondara en los hechos que ya yo había relatado ante la prensa. Me hicieron un poquito más de preguntas y yo relaté cómo ocurrieron los acontecimientos”, indicó la legisladora.
Esta causa judicial se abrió en marzo pasado después de que Vanessa Castro denunció que, durante una visita a México en abril del 2023, el embajador de Costa Rica en ese país, el exdiputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, relató que Chaves le pidió contactarlo con el dueño de la televisora para la que ella laboraba como asesora externa desde hacía 18 años.
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Castro enfatizó que contó a la Fiscalía General lo que el embajador le narró en aquella ocasión. “Lo traté de hacer con lujo de detalles y hablé sobre el contexto de cómo sucedieron las cosas”, dijo.
Agregó que entregará prueba documental en el corto plazo. Aún no ha aportado testigos, pero le pidieron hacerlo por escrito, cuando lo considere necesario.
Según el relato de la congresista, el embajador Abara ni siquiera se disculpó cuando le reveló lo sucedido con la empresa, sino que alegó haber acatado instrucciones del presidente de la República. En ese encuentro, también estaban presentes los diputados Carlos Felipe García y Leslye Bojorges.
Repretel cesó a la legisladora en diciembre del 2022. Fernando Contreras, presidente de la televisora, corroboró que el embajador contactó a la casa matriz de la empresa, la cual es propiedad del grupo multinacional Albavisión, del empresario mexicano-guatemalteco Ángel González.
Según Contreras, luego Chaves le preguntó en persona por el papel de Vanessa Castro; no obstante, el representante de la televisora aseguró que ella fue cesada por políticas de la empresa.
En tanto, Casa Presidencial confirmó que se hicieron consultas sobre el contrato entre Repretel y la socialcristiana. Zapote alegó que las gestiones se hicieron por supuestas dudas sobre un eventual conflicto de interés entre las labores profesionales de Castro y su gestión como legisladora.
Sin embargo, la Casa Presidencial atribuyó erróneamente a la diputada funciones que nunca tuvo, como ejercer la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, órgano del que ella ni siquiera formaba parte cuando Chaves hizo esas gestiones.
Ni esa comisión ni la de Asuntos Económicos, que ella sí presidió, han tenido en su agenda proyectos relacionados con telecomunicaciones o el espectro radioeléctrico, que era lo que supuestamente preocupaba a Zapote.
