El Ministerio Público abrió un expediente para analizar el proceso de contratación de la ruta 257 de acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), Limón, donde –de manera deliberada– se incluyó una ‘pifia’ de 80 metros en las coordenadas de esa vía.
La causa se tramita en la Fiscalía General y se encuentra en la “valoración inicial”, parte de la fase preparatoria de la investigación.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual agregó que el proceso de estudio comenzó después de una denuncia que presentó Roberto Mora Salazar, el conocido Cobrador de la CCSS, el pasado 7 de marzo.
Él solicitó investigar esa ‘pifia’ que impide cumplir con el objetivo de la contratación: conectar la ruta 32 (San José-Limón) con el megapuerto.
No obstante, en la causa N.º 17-000003-033-PE también se incluyó la petición de investigación que hizo la fracción de Liberación Nacional –en una carta enviada al fiscal general, Jorge Chavarría– el lunes pasado, ante una publicación de este diario.
“La conducta de los funcionarios del MOPT sugiere la posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública. Por ello, pedimos a esa Fiscalía que abra de inmediato la investigación correspondiente”, señala la misiva que lleva la firma de la jefe de la bancada, Maureen Clarke.
La Nación denunció que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) incluyó adrede un desfase de 80 metros en la construcción de la ruta 257 y que tan premeditada fue la ‘pifia’ que se dio el lujo de rechazar una oferta que subsanaba el error y que costaba $12 millones menos.
Inicialmente, el MOPT informó de que ese fallo iba a costar $14 millones de más (casi ¢8.000 millones).
Sin embargo, el titular de esa cartera, Carlos Villalta, aseguró la semana anterior, que ese monto se redujo a $5,6 millones (¢3.200 millones).
