El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, les solicitó a los diputados y diputadas que lo reelijan por un tercer plazo de ocho años como magistrado de la Sala Constitucional.

A Cruz, de 71 años, se le vence este segundo periodo en la magistratura el próximo 18 de octubre, fecha en que la Asamblea Legislativa estará en receso para el traslado al nuevo edificio, por lo que la Comisión de Nombramientos aceleró la discusión sobre la reelección o no de Cruz.

Si los congresistas quieren evitar que el magistrado presidente continúe en el cargo, tendrían que juntarse 38 votos negativos, lo que complica llegar a esa decisión, pues así lo establece la Constitución.

Cuando se postuló para la reelección, hace ocho años, Cruz no logró respaldo en el Congreso. El 15 de noviembre del 2012, 38 diputados unieron votos y rechazaron que prosiguiera. Lo hicieron ver como una “llamada de atención” a los magistrados. Fue un hecho histórico pues era la primera vez que la Asamblea Legislativa vetaba la relección de un magistrado.

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Sin embargo, la Sala Constitucional lo restituyó en el cargo el 9 de mayo del 2013 al resolver con lugar un recurso del entonces diputado Luis Fishman, quien alegó que la votación de rechazo se dio a destiempo.

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En audiencia ante la Comisión de Nombramientos, este lunes, Cruz hizo algunas referencias sobre lo que él considera debe ser el Poder Judicial en un Estado Social de Derecho “en construcción”, como el costarricense.

En una intervención de 15 minutos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aprovechó para clamar, una vez más, por la independencia judicial, que ya en ocasiones anteriores ha dicho que se ve amenazada por proyectos como el de la Ley Marco de Empleo Público.

Fernando Cruz adujo que, antes de la proclamación de la Constitución Política de 1949, esa independencia estaba vacía de contenido, cuando los periodos para el ejercicio de la magistratura eran cortos y los salarios eran aumentados o disminuidos por la Asamblea Legislativa, “a su arbitrio”.

Eso cambió precisamente con el texto constitucional fijado por la Asamblea Constituyente del 49, a instancias del entonces presidente de la Corte Suprema, Gerardo Guzmán Quirós, destacó Cruz.

La intervención de Cruz para defender su permanencia en el cargo se paseó por citas de personajes como el emperador y filósofo romano Marco Aurelio o el propio Cicerón.

A la vez, el magistrado echó mano de la visión de los expresidentes Rafael Ángel Calderón Guardia sobre las garantías sociales y de José Figueres Ferrer en cuando a la necesidad de procurar el mayor bienestar al mayor número de costarricenses.

Transformar la sociedad

Según Fernando Cruz, su visión como magistrado es la de mantener la defensa de los derechos individuales y la protección del Estado Social, pero a la vez buscar espacio para las “transformaciones que requiere la sociedad”.

Luego de citar al expresidente Ricardo Jiménez, sobre la necesidad de abrir más escuelas y cerrar más cuarteles, el liberacionista Luis Fernando Chacón le cuestionó a Cruz cuáles son esas “escuelas” que hoy tienen que abrir más y más el Estado.

En respuesta, el magistrado presidente del Poder Judicial se refirió a las altas cifras de marginación y pobreza, así como una gran cantidad de subempleo que asola al país, pues lo calificó como “pobreza no muy bien registrada”.

“Es un asunto que corresponde al sistema político y a reformas a las que el Poder Judicial puede dar una respuesta acorde. La relación entre ambiente y producción, la informalidad del empleo y el debilitamiento de las garantías laborales”, enumeró Cruz.

Consultado por el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, sobre los desafíos estatales para cerrar brechas sociales, el magistrado mencionó que la Constitución Política prevé un seguro de desempleo que “nunca se ha puesto en vigencia”.

“Porque el Estado Social, por una serie de factores de tipo tributario, no tiene la capacidad para hacerlo. Lo mismo en vivienda: cómo desarrollar más vivienda y mejores derechos laborales, en un estado con una serie de variaciones y matices distintos”, explicó.

Los mayores cuestionamientos a la intención que tiene Cruz para quedarse por ocho años más en la magistratura llegaron de parte del jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña.

El guanacasteco le preguntó al presidente de la Corte Plena si los funcionarios que manifestaron apoyo a su reelección deben ser sancionados, tomando en cuenta que tienen prohibido impulsar a un funcionario público para una candidatura.

“Eso está en el Reglamento, pero hay muchas dudas en relación con el estatus legal de eso. En todo caso, si procede la sanción, no tengo yo por qué decir que no se les aplique”, respondió.

Cuando Peña le cuestionó por qué los jueces no tienen un horario de entrada y salida, como todo el personal, Fernando Cruz alegó que si lo tuviesen, los derechos laborales cambiarían, al punto de que el Poder Judicial tendría que pagarles horas extra por juicios excesivamente extensos.

El socialcristiano también le preguntó al magistrado si no considera que la Corte Plena se debe refrescar con el nombramiento de personas más jóvenes y si no sería eso más justo, para darles oportunidad.

“Yo creo que los candidatos a diputados no piensan en que sería mejor no elegirse para darle oportunidad a alguien más joven. La experiencia vale, pero el hecho de que sea alguien más joven no garantiza nada en materia judicial”, dijo Cruz.

También apuntó, por una parte, que la Corte Suprema de los Estados Unidos está integrada, en su mayoría, por jueces mayores de 65 años y, por otra, que no se trata de darles oportunidad a los más jóvenes, sino a los más capaces, los más preparados y con mejor currículum.