El plan de gobierno de Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR), propone tomar el dinero del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) para regalar un bono de ¢3 millones mensuales a pequeñas y medianas empresas (pymes) durante tres meses.
El SBD es un programa destinado a financiar proyectos productivos, viables, de emprendedores, microempresas, pymes y productores agropecuarios.
En criterio de Miguel Aguiar, director ejecutivo de Sistema, el planteamiento de Fabricio Alvarado implicaría “expropiar” los ahorros de los clientes de los bancos privados, pues el SBD financia proyectos con recursos provenientes del denominado “peaje bancario”.
El “peaje” es la obligación legal que tienen los bancos privados de depositar, en bancos públicos, el 17% de las captaciones en cuentas corrientes de uno a 30 días. En otras palabras, es dinero propiedad de los ahorrantes.
Estos recursos nutren el Fondo de Crédito para el Desarrollo del SBD, el cual debe invertirlos en créditos para emprendedores, mipymes y pequeños productores con tasas accesibles, pero los fondos deben ser restituidos a los ahorrantes.
En la presentación de plan de gobierno de Nueva República, el pasado miércoles 24 de noviembre, Alvarado adelantó que, de ganar las elecciones del 2022, otorgaría a las pymes un bono de ¢3 millones, como rescate económico.
Un día después, en un conversatorio de candidatos presidenciales, el político afirmó que el dinero saldría de los recursos bajo administración del SBD, sin precisar de cuál de los cuatro fondos que administra el Sistema.
“Una de las acciones (para reactivar la economía) tiene que ver con generar recursos; uno de ellos tiene que ver con las pymes y que se ha determinado, por parte de nuestro equipo macroeconómico, que son $700 millones ociosos... y nosotros estamos planteando, con un proyecto de ley que esperamos avance en este periodo, que ese dinero se utilice para capital semilla, para dinero no reembolsable para las pymes”, dijo el candidato.
Alvarado se refiere al expediente 22.262, presentado por el diputado fabricista Jhonatan Prendas. Este proyecto plantea regalar bonos temporales a las pymes, para que paguen servicios públicos o planillas, con “un capital de $400 millones proveniente del SBD, de saldos no comprometidos en créditos de los diferentes fideicomisos, los cuales se encuentran en diversos instrumentos financieros del sector público costarricense”.
El director ejecutivo del SBD afirmó que la propuesta es inviable porque los recursos disponibles en el Sistema de Banca para el Desarrollo corresponden al peaje bancario, que no es propio de la entidad, sino que es una reserva que se invierte, pero debe ser compensada.
El director del SBD oficializó su criterio en una carta enviada a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, el pasado 26 de agosto.
“Ese dinero, que es utilizado para financiar proyectos viables de mipymes a través de los participantes del SBD, es dinero que pertenece a los ahorrantes y lo que se propone, en el proyecto de ley, sería una expropiación de esos fondos para que sean otorgados como ayuda a las empresas afectadas por la pandemia. Lo anterior es abiertamente inconstitucional pues atenta en contra del derecho de propiedad”, argumentó Aguiar.
El director ejecutivo también refutó la cifra citada por Alvarado y Prendas. El dinero disponible para dar créditos a emprendedores y pymes es de $219 millones, no de $400 millones o $700 millones, como dicen Prendas y Alvarado.
Confusión y una cifra ‘irreal’
Nueva República no deja en claro de cuál de los cuatro fondos del SBD saldrían los recursos para regalar a las pymes, sino que resaltan que provendrían de los “fideicomisos” del SBD. No obstante, el Sistema ya no administra fideicomisos, sino fondos.
Esa fue una observación hecha por el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en julio del 2021.
Los recursos del SBD se dividen en cuatro: Crédito para el Desarrollo, el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y el Fondo de Crédito para el Desarrollo.
Los primeros tres tienen sus recursos invertidos en créditos a productores. El Fonade, por ejemplo, tiene colocados $409 millones.
El único que tiene disponibilidad de recursos es el Fondo de Crédito para el Desarrollo, pero estos no son recursos propios del SBD, sino que son, precisamente, los aportes del peaje bancario.
Los demás son recursos de bancos públicos y privados que son utilizados bajo las reglas del SBD.
“Lo contenido en este artículo no es tan simple como se presenta, que es disponer de un capital de $400 millones para subsidiar, dígase regalar, pues son recursos no reembolsables dirigidos a pymes. Y de una manera abstracta y genérica dice ‘provenientes del Sistema Banca para el Desarrollo de saldos no comprometidos en créditos de los diferentes fideicomisos, los cuales se encuentran en diversos instrumentos financieros del sector público costarricense’. Esto no nos dice mucho”, dice el informe de Servicios Técnicos.
Este mismo informe alertó a los proponentes de la ley de que, si la propuesta es regalar el dinero de Fonade, que es el propio, se trata de una cifra “irreal”.
“A todas luces, el artículo 6 contempla una cifra irreal, salvo que se busque otra fuente de financiamiento, por lo que el numeral debería ser ajustado por el legislador”, dice el documento.
La Nación pidió a Nueva República precisar de cuál fuente de ingresos del SBD tomarían esa partida; el coordinador del equipo económico, Juan Manuel Tirado, respondió que le corresponde definirlo al Consejo Rector del SBD en respeto a “la separación de poderes”.
“Concluimos que es factible realizar esta ayuda a las pymes sin menoscabo de la funcionabilidad del Sistema y sin acarrear pérdidas a los ahorrantes, ya que de los Fondos que maneja el SBD solo el Fondo de Créditos para el Desarrollo es el que se nutre con el llamado” Peaje Bancario”
“Siendo respetuosos de la independencia de poderes y de la buena voluntad de aligerar la crisis para el sector pymes, a los cuales se debe el espíritu de SBD, el Transitorio II deja en manos del Consejo Rector la implementación de esta iniciativa; por lo tanto, serán ellos los llamados a decidir cuál sería el mecanismo que se utilizaría para el fondeo de esta propuesta”, señaló Tirado en una respuesta por escrito.
