Expresidentes del Banco Central de Costa Rica (BCCR) coinciden en que el mecanismo excepcional que utilizará el Ministerio de Hacienda para financiar gastos y pagar deuda, es una señal de la urgencia de la aprobación del plan fiscal y de la reducción del gasto.
Este martes, Hacienda y el BCCR anunciaron que echarán a andar las letras del Tesoro, con lo cual el Central financiará los gastos del Gobierno Central en el último trimestre del 2018 debido a la dificultad de colocar bonos de deuda con una tasa favorable en el mercado interno. El préstamo será por ¢498.000 millones.
Para los exjerarcas de la entidad monetaria, esta medida “extraordinaria” significa que las finanzas del país están afrontando una situación difícil que no será resuelta mientras no se aprueben nuevos impuestos y se contenga el gasto público, como lo propone el plan fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa y que generó la huelga de sindicatos del sector público, que ya va para su día número 17.
Ninguno de ellos mostró asombro por este anuncio, que se veía venir según señalaron, a pesar de que este tipo de financiamiento no se ha utilizado desde hace más de dos décadas.
“Me parece que es el mensaje general de la urgencia de tomar las medidas porque la reforma fiscal, aun y cuando no resuelva de forma definitiva, aflojaría los mercados extranjeros que podrían prestar”, indicó Eduardo Lizano, quien fue presidente del BCCR en los periodos 1984-1990 y 1998-2002.
Agregó que "con la crisis no es de extrañar que el Ministerio de Hacienda de turno tenga que recurrir a este financiamiento; claro está que es una situación difícil y complicada... Ya se ha venido anunciando con suficiente anticipación, conforme se pospongan las medidas la situación fiscal tiende a empeorar”.
En tanto, para Jorge Guardia, quien dirigió el Central de 1990 a 1994, se trata de “malas noticias” que evidencian que el “Gobierno se está quemando, está sin plata", y que eso podría tener un efecto en los mercados financieros.
Ambos descartan que esto tenga un impacto importante sobre la inflación, coincidiendo con el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero, por tratarse de una medida transitoria, y recordaron que este financiamiento no resuelve el problema de fondo (la falta constante de recursos), sino que se usa como medida temporal mientras se resuelven los problemas estructurales que elevan el gasto y no permiten que lleguen recursos frescos al Gobierno.
Guardia indicó, además, que es “decepcionante” que se recurra a esta medida sin antes no haber tomado otras en el gasto.
“Es una solución de préstamo, no es una solución de fondo; solo está solucionando un problema de caja. El problema que veo es que el Gobierno está recurriendo a un expediente equivocado: en lugar de hacer un esfuerzo radical de acuerdo con las urgentes necesidades y las dificultades que estamos pasando, lo que hace es buscar un mecanismo de corto plazo”, indicó el economista.
“Hay que congelar salarios, si la situación es tan apremiante, el Gobierno debió haber recurrido a soluciones acordes a la situación desesperada que tiene de caja. Yo estaría de acuerdo en que el Gobierno debe poner en práctica lo que propuso Ottón Solís: privatizar activos, congelar transferencias a las universidades, cerrar instituciones, vender activos del Estado. Dar un mensaje de que, si no quisieron aprobar la reforma, el Gobierno tiene la obligación de buscar salida por el gasto. El Gobierno tiene que plantarse como no lo ha hecho con la huelga, disolverla, aplicar la ley, y despedir empleados para que el impacto sea sobre los empleados públicos, que son los que más ganan”.
Además, reprochó a los diputados por no apurar la reforma. “¿De qué están jugando los diputados?, ¿qué creen que está pasando en el país?”.
En cadena nacional este martes, el presidente Carlos Alvarado advirtió que la reforma fiscal debe aprobarse en octubre, a más tardar, por lo cual exhortó a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, a darle continuidad al proceso.
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“El tiempo se agotó”, señaló el mandatario, quien también pidió al Poder Judicial resolver las solicitudes de declaratoria de ilegalidad de la huelga en más de 30 instituciones, así como también pidió a los magistrados de la Sala IV resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por varias personas contra los recortes a las pensiones de lujo.
