Carlos Alvarado: ‘Es indispensable aprobar durante el mes de octubre la reforma fiscal’

En una “carta abierta a Costa Rica”, adelantó que pidió a la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, retomar con prontitud el avance del proyecto de ley que actualmente se encuentra en la etapa de admisibilidad de mociones, proceso para el cual no está definido un plazo.

“La situación fiscal del país es delicada, y amenaza la estabilidad de todas las personas. Es indispensable aprobar durante el mes de octubre el proyecto de reforma fiscal", señaló el mandatario.

Agregó: “No podemos postergar más la solución del problema fiscal, un problema que tiene casi 20 años de no ser resuelto, y que a nosotros como sociedad, y a mí como presidente, nos toca arreglar. Podemos hablar mucho sobre la reforma fiscal, pero hoy es la herramienta que tenemos para resolver el problema y tenemos que implementarla”.

Previo a este anuncio, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica informaron sobre la compra de letras del tesoro, que es un mecanismo extraordinario de financiamiento para el Gobierno Central, a través del Banco, mediante la emisión de dinero.

El uso de esta herramienta temporal (deuda de 90 días plazo) se hace para financiar los gastos corrientes y de deuda que paga el Ministerio de Hacienda; ante la dificultad de colocar bonos a una tasa favorable.

En este contexto, el gobierno también se encuentra en un diálogo preliminar con los sindicatos que se oponen a la reforma fiscal, para deponer la huelga que afecta los servicios de educación y salud, en las últimas dos semanas.

Alvarado destacó las pérdidas que se asocian al paro de labores de empleados públicos y que ha tenido un efecto sobre la producción, el turismo y también en la salud de las personas.

El presidente hizo un llamado al Poder Judicial a apurar las declaratorias de ilegalidad de la huelga en al menos 30 instituciones del Estado. En esta semana, los jueces han declarado la ilegalidad de las huelgas del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el Ministerio de Vivienda, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Municipalidad de Santa Ana.

Asimismo, solicitó a los magistrados de la Sala Constitucional resolver las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra las pensiones de lujo para dar respaldo jurídico a las rebajas y el cobro de impuestos solidarios que se impusieron a esas pensiones desde 2014.