EscucharEl exministro de Hacienda, Elian Villegas, afronta un proceso sancionatorio por un presunto incumplimiento de la regla fiscal en el 2020. La investigación la lleva a cabo la Contraloría General de la República (CGR), órgano encargado por ley de vigilar el cumplimiento de esta norma.
La regla fiscal, creada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es el tope que se le pone cada año al crecimiento del gasto público, con el objetivo de sanear las finanzas del país.
El techo es más estricto si el Gobierno está muy endeudado y si la economía está ralentizada. Para el 2020, el tope fue de un 4,67%.
No obstante, la Contraloría determinó que, por incumplimientos en el Ministerio de Hacienda y en la Dirección General de Presupuesto Nacional, fue necesario entablar procedimientos para determinar las presuntas responsabilidades de dos personas.
El exministro de Hacienda confirmó a La Nación ser una de esas personas.
Villegas alegó que se trata de un proceso “arbitrario” porque “aparentemente se trasladaron alrededor de ¢1.000 millones de más a las municipalidades de lo que les había correspondido por la regla fiscal”.
“Esto fue en el 2020 y el proceso lo hacen solo contra mí, cuando don Rodrigo Chaves (actual presidente de la República) también fue ministro de Hacienda y no lo llamaron. Es decir, la Contraloría actúa de forma absolutamente arbitraria, cuando él fue ministro durante cinco meses.
“Había serios problemas de fondo en lo que plantea la Contraloría, yo los refuté todos y espero que la recomendación salga bien. Si no sale bien, en el Tribunal Contencioso Administrativo estoy absolutamente seguro de que va a salir bien”, afirmó el exjerarca, quien asumió el Ministerio de Hacienda en mayo del 2020 y ejerció el cargo hasta mayo del 2022.
Villegas agregó que la Contraloría verificó el cumplimiento de la regla fiscal al comparar la ejecución real del 2020 con la del 2019.
Al respecto, alegó que eso “carece de sentido” porque el actual presidente firmó un decreto para que el cumplimiento de la regla fiscal ya no se verifique de esa forma, sino comparando el presupuesto final de cada año con el presupuesto original del anterior. En su criterio, esa circunstancia “invalidaría la premisa”.
La Contraloría, por su parte, sostiene que la reforma fiscal estipula que la verificación debe hacerse con base en la ejecución real y, de hecho, impugnó el decreto de Chaves ante el Tribunal Contencioso.
“Entonces, esa regla fiscal, que era de (presupuesto) ejecutado a ejecutado, ellos decían que se le había trasladado dinero de más a las municipalidades, pero además, ahí la CGR se estaba inventado una tercera regla, una regla exclusiva para las municipalidades, eso era lo que estaba señalando la Contraloría y todo lo refutamos”, dijo el exfuncionario.
Proceso suspendido
El exministro fue a audiencia, en la CGR, a finales de mayo, pero la resolución final está suspendida porque existe una acción de inconstitucionalidad interpuesta, en la Sala IV, en contra de la regla fiscal.
“No fue interpuesta por mí ni mucho menos”, comentó. Esa acción la interpusieron los rectores de las universidades públicas e impide, momentáneamente, dictar los actos finales de los procedimientos administrativos.
La CGR indicó que por la naturaleza del tema, al tratarse de investigaciones y procedimientos administrativos, no pueden ampliar detalles sobre el proceso.
29 investigados más
29 personas más, quienes fueron o son responsables de otras cinco instituciones, también encaran procesos por supuesto incumplimiento de la regla fiscal.
Las entidades son la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), con seis personas; el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), con seis; la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), con seis; el Colegio de Médicos, con seis; y el Colegio San Luis Gonzaga, con cinco.
La Regla Fiscal establece en su Título V, artículo 26, que el incumplimiento injustificado de la regla fiscal y del control de esta constituye una falta grave contra la Hacienda Pública, por lo que la CGR será la encargada de abrir una investigación y determinar las eventuales sanciones como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Asimismo, l ley permite que el caso pueda ser elevado a los Tribunales de Justicia, donde se podrán tomar sanciones con base en las recomendaciones de la investigación del órgano contralor, la cual tiene carácter vinculante.
