Por: Rebeca Madrigal.   14 abril
Foto de Elena Udrea en su perfil oficial.
Foto de Elena Udrea en su perfil oficial.

Elena Udrea, exministra de Turismo de Rumania sentenciada a seis años de prisión por abuso del poder y soborno en su país, se encuentra en Costa Rica desde el pasado 7 de febrero y alega haber recibido refugio político, según reportaron medios rumanos.

La Dirección de Migración y Extranjería confirmó este sábado a La Nación que Udrea ingresó el pasado 7 de febrero de este año, sin que se registre ninguna salida. Sin embargo, la autoridad no confirmó el estado migratorio de la rumana.

Udrea se encuentra en medio de un juicio, tras la apelación de su sentencia ante el Tribunal Superior de Casación y Justicia de Rumania.

Este viernes, el abogado de Udrea dijo a las autoridades del país europeo que la política recibió el estatus de refugiada política, aunque esa versión fue desestimada por el juez.

Los refugiados políticos en Costa Rica podrían perder ese estatus si regresan al país del cual buscan escapar.

Según el medio Digi24, uno de los fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción dijo que Udrea hizo una solicitud de refugio en Costa Rica en febrero y que, en marzo, sostuvo una entrevista, pero que los documentos no apuntaban a que ya la hubiera obtenido de forma permanente.

Así lo declaró luego de que el abogado de Udrea solicitara a los jueces que ella pudiese declarar en una audiencia por videoconferencia, solicitud que fue denegada.

El mismo medio de comunicación recopiló declaraciones del presidente del panel de cinco jueces a cargo del caso: “Los documentos emitidos por las autoridades de Costa Rica no revelan que a Elena Udrea se le ha otorgado el estatus de refugiada política, solo ha solicitado este estado. El Tribunal Superior rechaza la solicitud de audiencias por comisión rogatoria o mediante comunicación a distancia.”

Desde Costa Rica, Elena Udrea ha confirmado a medios de Rumania que se encuentra en este país. Por teléfono, dio una entrevista a Antena 3 hace un mes.

A Udrea se le vincula por el financiamiento ilegal de una gala de boxeo en 2011, mientras era ministra. Es perseguida por esta causa desde 2015, tras una investigación periodística; fue sentenciada en primera instancia en marzo de 2017.