EscucharLa cúpula del ahora oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) durante la última campaña electoral acudirá al Ministerio Público para denunciar al abogado y dirigente Jorge Sibaja Rodríguez por los ¢117 millones que recibió como pago al autentificar, sin que fuera necesario, un total de 23.000 firmas.
La demanda será presentada por el expresidente del PAC, Olivier Pérez, y la extesorera, Leda Zamora, quienes coinciden en que Sibaja incurrió en “algo indebido” cuando prestó los servicios de abogacía.
Pérez no quiso entrar a calificar los hechos que achacan a Sibaja y dijo que esa labor le corresponde a la Fiscalía cuando haga la indagatoria, aunque aseguró que podría tratarse del delito de estafa, o bien, de administración fraudulenta.
“Los datos no calzan; no hay forma de justificar lo que se le pagó, en qué momento autentificó más de 23.000 documentos. Los elementos que tenemos nos dicen que algo no muy correcto ocurrió, pero no quiero entrar a calificar los hechos”, manifestó el exdiputado.
Zamora, por su parte, sostuvo que este caso no puede quedar impune y es necesario sentar las responsabilidades correspondientes.
Pocos días. “Hubo un engaño de parte del señor Sibaja; jugó con nuestra confianza; no hay duda de que los intereses del Partido se vieron lesionados”, apuntó Zamora.
El caso, según Pérez, será presentado ante la Fiscalía en “pocos días” pues ya están a punto de concluir la compilación de los datos. Aunque aclaró que su propuesta inicial era que la denuncia la presentara el actual Comité Ejecutivo, dijo que no obtuvo respuesta.
“No podemos esperar a que el Comité actual decida hacerlo, desde el puro principio se lo pedimos. Ahora creemos que es nuestra responsabilidad; dentro de la casa nos descuidamos y bajamos la guardia; no creíamos que algo así fuera a ocurrir”, declaró Pérez.
Innecesarias. La Nación reveló que el abogado Sibaja cobró a Acción Ciudadana ¢325 millones por autentificar firmas en trámites para los que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había advertido de que no era necesario hacerlo.
Al final, solo recibió ¢117 millones, ya que el resto lo donó en especie a la agrupación. Esos pagos fueron excluidos a última hora de la liquidación de gastos que el Partido presentó al TSE para cobrarlos como parte de la deuda política.
El abogado descuenta dos meses de prisión preventiva desde el pasado 3 de setiembre, debido a una investigación judicial por un supuesto intento de estafa en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
