Política

Exdiputados del PUSC piden anular recortes a pensiones

Alegan que leyes son confiscatorias y lesionan sus derechos adquiridos

Dos exdiputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC) pidieron a la Sala IV anular el recorte en sus pensiones del régimen Hacienda-Diputados, debido a las reformas que el Congreso aprobó en junio anterior.

Los quejosos por el recorte en sus pensiones son Rolando Laclé, quien fue legislador en cuatro ocasiones (70-74. 82-86, 90-93 y 02-06) y Danilo Chaverri (82-86 y 90-94).

Un tercer exparlamentario que acudió a la Sala IV fue Rogelio Ramos Valverde, quien llegó a la Asamblea Legislativa en el periodo 1962-1966, por el opositor Partido Republicano.

Además, Carlos Mora Vargas, quien no fue congresista pero es pensionado del régimen de Hacienda, interpuso otro recurso de amparo similar.

Las leyes aprobadas en junio entraron en vigencia el 26 de junio pasado.

Se trata de la Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones (N°. 9383); la legislación sobre el porcentaje de cotización de pensionados y servidores activos para los regímenes especiales de pensiones (N°. 9380), y la ley de caducidad de derechos de pensión de hijos e hijas y reformas al régimen de pensión Hacienda-Diputados (N°. 9381).

En su conjunto provocarán un ahorro de ¢21.000 millones al año en el pago de pensiones con cargo al Presupuesto.

Los recursos se presentaron de forma independiente. Pero los cuatro recurrentes esgrimen las mismas armas.

Ellos basan el reclamo en que la Ley N°. 9381 lesiona una situación jurídica consolidada (derechos adquiridos) en referencia a la eliminación del aumento del 30% anual del que gozaban las pensiones de los exdiputados.

Alegan que la Ley N°. 9380 crea una cotización para un régimen de pensiones inexistente y afirman que la Ley N°.9383 autoriza una retención de hasta un 55% de la pensión, lo que consideran “confiscatorio, irrazonable e inconstitucional”.

Los cuatro también exponen en sus recursos que las normas riñen con la irretroactividad de la ley y con los derechos a la salud, sociales y económicos de las personas adultas mayores.

A su vez, indicaron en sus escritos que los diputados cometieron un error de procedimiento al aprobar las leyes con un texto distinto al que fue publicado en La Gaceta, en primera instancia.

Injusticia. Danilo Chaverri, quien a finales de setiembre anunció que respaldará la precandidatura presidencial de Rodolfo Piza (secretario general del PUSC) y que integrará su comando de campaña, consideró injustas las reformas en cuestión.

“Fíjese que plantean una disminución de la pensión en un 55%. Y para hacer eso les dieron un trámite irregular. Cualquiera que tiene un derecho y le quitan más de la mitad de ese derecho, dígame usted si no es confiscatorio”, recalcó.

Ramos no hablará hasta que la Sala IV falle los recursos y Laclé afirmó que es delicado lesionar los derechos adquiridos.

“Yo llegaré hasta donde la Corte determine qué es lo que pasó y, si se hicieron todos los procedimientos legales, no hay nada que discutir; si se atenta contra los derechos adquiridos, eso que lo diga la Corte”, afirmó.

No fue posible ubicar a Carlos Mora, quien alegó perjuicios porque su pensión pasaría de ¢5,4 millones a ¢2,5 millones mensuales.

En el caso de Ramos el monto pasaría de ¢7,7 millones a ¢4,7 millones al mes, idéntico al que percibe Chaverri.

Laclé en tanto, alegó ante los magistrados que su pensión se reduciría de ¢6,4 millones a ¢3,4 millones mensuales.

PUSC respeta. En tanto, Rodolfo Piza dijo desconocer los recursos de amparo interpuestos por los socialcristianos, por lo que se abstuvo de opinar sobre el fondo.

Sí dijo que cree en la necesidad de encontrar equilibrios entre el control del crecimiento del gasto público y de sus disparadores, y el respeto a los derechos adquiridos de los pensionados actuales.

El jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas, afirmó que la diferencia de criterios entre su bancada y los exlegisladores críticos de las reformas se debe tomar “con madurez y respeto”.

“La fracción hizo un esfuerzo por defender las finanzas públicas y por recortar lo que nos parecen excesos. Me parece que las leyes aprobadas guardan el principio de razonabilidad”, estimó.

El ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, reaccionó con indignación al ser notificado de los recursos. Afirmó que puso a trabajar todos los recursos políticos, jurídicos y éticos de su cartera en favor de la defensa de las tres leyes.

“Ciertamente un sinsabor es lo que me deja y quisiera ver de parte de los diputados de todas las fracciones consistencia política para defender esas leyes como fueron aprobadas”, subrayó.

Alvarado dijo que espera que los representantes del PUSC estén a la altura del momento para defender lo que cuestionan sus copartidarios.

Gerardo Ruiz R.

Gerardo Ruiz R.

Periodista de Política. Escribe sobre temas políticos, económicos y sociales. Cubre la Presidencia de la República.