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Solo cinco días tardó la exdiputada Nidia González Morera en pedir un nuevo cálculo de su pensión, con base en ¢1,8 millones mensuales que recibió en el cargo que ocupó durante 14 meses.
González, exlegisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), dejó su curul el 1.° de julio y el 5 hizo la solicitud formal ante la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
“Hago la solicitud expresa para la revisión de mi pensión con base en los últimos años laborados, incluyendo el tiempo como diputada en el Congreso”, se lee en la carta de la cual La Nación tiene copia.
La exdiputada alajuelense hizo la gestión 13 días antes de que este medio le preguntó si pediría ajustar su pensión y su respuesta fue: “no sé”. Ayer se le intentó localizar, pero no contestó el teléfono de la casa en Los Chiles ni el mensaje dejado con su hija.
El director de la Junta de Pensiones del Magisterio, Alfredo Hasbum, aseguró anteayer que González no había pedido la revisión, sino el reintegro de su pensión de educadora, “congelada” desde que ella asumió la curul, el 1.° de mayo del 2006.
Según denunció ayer la diputada oficialista Janina del Vecchio, de prosperar la intención de González, su pensión llegaría a ¢1,9 millones mensuales, 600% más que los ¢300.000 establecidos hasta ahora.
Antes de resultar elegida diputada en febrero del 2006, González recibía pensión por su profesión de educadora y dividendos por la actividad arrocera familiar.
La ley 2248, llamada Sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional permite a los educadores elevar su pensión mediante un cálculo que incluya salarios más altos.
“Antiético”. A pesar de ser legal la gestión de González, el líder de su partido, Ottón Solís, dijo a La Nación el 28 de junio que si González solicitaba aumentar su pensión “estaría fuera del PAC por el resto de su vida; sería otro error”.
En esa ocasión, el excandidato señaló además que al pedir la revisión la exdiputada “violaría todos los principios éticos” del partido.
Solís había celebrado la renuncia de González, quien impulsó convertir en ley un decreto de Gobierno que creó un fondo de estabilización para arroceros, del cual ella se ha beneficiado con $16.369, según la Contraloría General de la República (CGR).
Consultado ayer el presidente del Tribunal de Ética del PAC, Enrique Garita, apeló a la legalidad. “Hay veces en que lo ético pelea contra la legalidad. Ella tiene todo el derecho a reclamar ese ajuste”.
