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Los tres exasesores de datos del presidente de la República, Carlos Alvarado, se abstuvieron de responder preguntas de los diputados en la Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) de la Asamblea Legislativa.
Aunque los tres informaron al foro parlamentario que se negaban a responder las consultas, dos de ellos sí hicieron referencia a las razones por las que entraron a laborar en esa oficina y uno de ellos detalló los proyectos en que trabajó.
Los diputados investigan si la UPAD accedió a datos confidenciales de los habitantes.
Específicamente, Diego Fernández alegó que él es un profesional que fue contratado por sus capacidades técnicas en análisis de datos y declaró que no tiene ningún vínculo partidario.
Madrigal, en cambio, indicó que él trabajó en dos proyectos específicos, uno sobre la aplicación de la regla fiscal luego de la aprobación de la reforma fiscal en diciembre del 2018 y en un programa de ajuste al Presupuesto Nacional, que les permitió hacer miles de reformas al plan de gastos sin aumentar en un colón el proyecto.
Andrés Villalobos, por su parte, se negó incluso a hacer una declaración inicial, como sí lo hicieron sus dos excompañeros.
Madrigal: ‘Enfrentamos fallas de jerarcas y otros tomadores de decisiones’
Aunque explicó que hay muchos aspectos a los que no se puede referir por la investigación en la Fiscalía General de la República, Madrigal aseguró que consideraba necesario informar “con mayor objetividad la razón de ser” de la UPAD.
“Hubo retos que enfrentamos por las fallas de jerarcas y otros tomadores de decisiones, que tenían la responsabilidad de ejecutar”, dijo.
Alegó también que el país no puede perder el norte de desarrollar políticas públicas amparadas desde el análisis de datos, pues aseguró que, por años, las instituciones encargadas de planificar y coordinar han sido las primeras en dejar un gran vacío en la planificación.
Madrigal aseguró que, desde que era estudiante, ha intentado entender los complejos retos económicos y sociales del país a través de los datos. Apuntó que por eso se sumó a la unidad presidencial de Carlos Alvarado.
“Por muchos años, nuestro Estado ha funcionado como un archipiélago de instituciones desconectadas entre sí. Esto ha sido un obstáculo para superar problemas nacionales. La UPAD era una herramienta para poner a dialogar estas instituciones, sus fuentes de información e interconectarlas”, dijo.
Agregó que eso es fundamental en el análisis de datos, el uso de métodos estadísticos y software informático para alcanzar una descripción precisa y objetiva de un fenómeno.
“Es descomponer un cúmulo de información complejo en piezas de información comprensible. La diversidad de datos con que trabajamos fue amplia y siempre fueron tratados en íntegro apego del marco legal que resguarda su privacidad y delimitan su uso para fines éticos y la mejora constante de los servicios públicos estatales”, dijo.
Alejandro Madrigal aseguró que, por el trabajo de la UPAD, se logró cumplir la regla fiscal en el Presupuesto Nacional 2020, en un trabajo conjunto con Hacienda, usando “algoritmos y las mejores prácticas de manejo de datos que nos indicaban dónde ajustar el gasto, sin comprometer el funcionamiento de las instituciones”.
El exasesor manifestó que se desarrolló una herramienta de monitoreo permanente que permitía a jerarcas verificar si el presupuesto se ejecutaba de forma eficiente, mejorar ejecución y corregir ineficiencias.
“Pretendía ser una aliada para la transparencia y el control político del gasto estatal. Algunos hicieron muy buen uso de ellas, como el Ministerio de Justicia y el de Trabajo. Otros, como Educación y Planificación, decidieron no usarla”, reveló Madrigal.
Asimismo, aseguró que la UPAD hizo, para el Presupuesto Nacional 2019, una “labor titánica de reforma al presupuesto” que Hacienda había diseñado para dotar de más de ¢70.000 millones a la Comisión Nacional de Emergencia y el Ministerio de Agricultura “sin aumentar el presupuesto en un solo colón”.
“Usamos algoritmos que nos permitieron hacer miles de pequeños ajustes que no comprometieran a las instituciones y nos permitieran dirigir esos recursos a áreas de mayor necesidad”, agregó.
Incluso, dijo que por el trabajo de la UPAD esos recursos “hoy tienen un mejor uso atendiendo la emergencia del covid-19” y se está invirtiendo en obras de infraestructura en todo el país.
De acuerdo con Madrigal, ellos tres construyeron herramientas de análisis que le permitieron al Ministerio de Trabajo estimar el impacto de los aumentos salariales en el presupuesto.
“Nunca se había hecho. Trabajo tenía que pedirle al Servicio Civil una estimación de cualquier cifra de aumento y esperar dos o tres días para recibir una estimación. Diseñamos una herramienta para recibir una respuesta en tiempo real”, agregó.
Indicó que, para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esa herramienta permitía estimar impactos presupuestarios en su planilla por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Uno de los principales retos que hubo fue la brecha de implementación entre soluciones y los jerarcas de instituciones que debían implementarlas”, alegó.
Incluso, Madrigal criticó a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, porque se debía elaborar con el Mideplán un análisis para el reajuste de plazas en el sector público, pero “su jerarca se rehusó a trabajar el tema” aunque se había detectado duplicidad de funciones y plazas obsoletas en el sector público.
También había recursos que podrían dirigirse a temas prioritarios para el país, pero encontraron “resistencia de la coordinación del equipo económico que, justamente hoy, tiene la tarea de liderar la salida de la crisis económica”.
Madrigal aseguró que el Ministerio de Educación Pública también les generó rechazó a su labor, pues se intentaba trabajar en un análisis para hacer más “eficiente y equitativa la asignación de recursos a las juntas de educación, una de las partidas más grandes del MEP”.
Aseguró que ese análisis pudo haber hecho más eficiente el gasto de Educación Pública y haber cerrado brechas en estructura e infraestructura de los centros educativos.
Finalmente, Madrigal consideró que sería un error si al final de la investigación legislativa se concluye que el país deba alejarse del análisis de datos “para encontrar soluciones a problemas nacionales”.
