El Ministerio de Trabajo abrió una investigación para determinar por qué su Departamento de Relaciones Laborales avaló este año cuatro convenciones colectivas que mantienen pagos de anualidades y cesantía de lujo, los cuales fueron derogados por la reforma fiscal aprobada en diciembre.
Los beneficiados con esas concesiones son los trabajadores de las municipalidades de La Unión (Cartago), San Ramón (Alajuela), Desamparados y Pérez Zeledón (San José).
Los sindicalistas y los alcaldes de esos municipios renegociaron acuerdos laborales que pagan anualidades hasta de un 3% sobre el salario base, pese a que el plan fiscal pone un tope de 1,94% para trabajadores profesionales y 2,54% para no profesionales pues son un disparador del gasto público.
La ley eliminó esos pagos porcentuales y ordenó convertirlos a montos nominales, cosa que no ocurrió en los municipios.
Además, algunos de los pactos laborales renegociados contienen pagos por cesantía hasta por 20 años, pese a que el año pasado la Sala Constitucional ordenó un tope de ocho años y, transitoriamente, 12 años, para las convenciones colectivas vigentes.
Incluso, algunas de las convenciones renegociadas señalan que la cesantía se le pagará a los trabajadores que renuncien y una de ellas lo hace hasta en despidos justificados.
Ricardo Marín, viceministro de Trabajo, afirmó que investigarán las razones jurídicas por las que el departamento de Relaciones de Trabajo, al mando de Rónald Salazar, validó estos convenios laborales, pues incumplen con la ley vigente.
“Yo necesito llegar a esa verdad real de los hechos”, señaló Marín, quien agregó: "necesitamos entablar esas responsabilidades... y si hubo error, entablar las responsabilidades”.
Un dictamen de la Procuraduría General de la República, que opera como abogado del Estado, declara que las convenciones colectivas no pueden sobreponerse a las leyes vigentes e, incluso, a las que se aprueben posteriormente.
“Solución similar se da en el caso de convenciones colectivas renegociadas y homologadas con posterioridad al 4 de diciembre de 2018, pues las mismas deben adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en la citada ley (la reforma fiscal)”, señaló la Procuraduría este 10 de junio.
Para la Procuraduría, el departamento de Relaciones de Trabajo debe verificar que las convenciones colectivas se ajustan a la ley y, en caso de que la contravenga, no debería homologarlas.
Por esa razón, el viceministro de Trabajo asegura que se realiza la investigación interna.
Una a una
El Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo homologó en febrero y marzo las convenciones firmadas por los sindicatos y alcaldes, pese a que los lineamientos de la reforma fiscal entraron a regir en diciembre.
En marzo, consintió, por ejemplo, el pago de anualidades del 3% en las municipalidades de San Ramón y Pérez Zeledón y pago de cesantías hasta de 20 años en los ayuntamientos de La Unión y Pérez Zeledón, incluso si el empleado es el que renuncia.
Para los trabajadores de la Municipalidad de Desamparados, también autorizó cesantías de 16 años y, al igual que en San Ramón, pagos bisemanales.
Pese a que la ley de reforma fiscal ordena que el pago del plus por anualidad estará sujeto a la evaluación de desempeño del funcionario, las municipalidades de San Ramón y Pérez Zeledón concedieron 3% y mantienen la anualidad como un porcentaje del salario base.
En San Ramón, la convención fue firmada por el alcalde Nixon Ureña, del Partido Liberación Nacional (PLN), y por el representante sindical, Álvaro Rodríguez, sin hacer referencia a la evaluación del empleado.
El alcalde alegó que la negociación con el sindicato se cerró antes de la reforma fiscal, en setiembre de 2018.
En Pérez Zeledón, el alcalde Jeffry Montoya, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), concedió un 3% de anualidad a los empleados que laboraban en la municipalidad a marzo del 2019, fecha en que fue homologada la convención por el Ministerio de Trabajo, y un 2% para los futuros. El alcalde firmó el acuerdo un año antes, en marzo del 2018.
Sobre la modalidad de pago salarial, la ley ordena que son mensuales, con adelantos quincenales. Sin embargo, el Departamento de Relaciones Laborales avaló el desembolso bisemanal en San Ramón y Desamparados.
¿Y ahora qué?
Ante las dudas sobre los beneficios de la convención colectiva de San Ramón, el alcalde Nixon Ureña envió una consulta a la Procuraduría General de la República, que fue respondida el 10 de junio.
En el dictamen C160-2019, el abogado del Estado indica que las convenciones colectivas renegociadas deben adaptarse, “en todos sus extremos”, a la reforma fiscal.
Además, el procurador Luis Guillermo Bonilla enfatizó que la nueva normativa contiene disposiciones a las que deben someterse “inexorablemente” las municipalidades.
Para derogar los privilegios, continuó, se deben establecer los procesos correspondientes ante un juzgado de Trabajo o la Sala Constitucional, donde podría tardar años.
Otra opción sería una nueva negociación, pero se requiere del acuerdo de ambas partes. Las convenciones colectivas aprobadas tienen vigencia de tres años.
A partir de ese dictamen, la Municipalidad de San Ramón evalúa las posibilidades, pero no ha tomado una decisión, confirmó el gobierno local.
En Desamparados, la convención firmada por el alcalde liberacionista, Gilberth Jiménez, en febrero del 2018, establece una anualidad del 2%, en vez de un monto nominal.
Entre otros beneficios, el ayuntamiento desamparadeño también concedió aumentos por costo de vida de al menos 2,75% por semestre.
Cesantía inconstitucional
En marzo de este año, el Ministerio de Trabajo también avaló en las municipalidades de La Unión y Pérez Zeledón indemnizaciones por cesantías hasta de 20 años, lo cual había sido declarado inconstitucional desde junio de 2018, por la Sala Constitucional.
En Desamparados, en tanto, la convención avalada establece hasta 16 años.
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Los magistrados también dispusieron que no procedía este pago en el caso de que el trabajador renunciara, sin embargo, las convenciones de estos ayuntamientos sí contemplan esa circunstancia. En Desamparados, incluso se concede por despido justificado.
En La Unión, el convenio lo firmó el alcalde Luis Carlos Villalobos Monestel, del PLN, con el sindicalista Mario Alberto Solano, el 8 de noviembre.
En Pérez Zeledón, la convención concedió hasta 20 salarios de cesantía a quienes tienen más de 30 años de laborar; 18 salarios a quienes tengan entre 22 años y 30 años; 14 salarios a quienes tengan entre 15 años y 22 años; y ocho salarios a quienes tengan menos de 15 años.
Para el viceministro de Trabajo, lo que corresponde reconocer son 8 años de cesantía para todos, tal como lo establece la reforma fiscal, pues la ley indica que solo se reconocerán 12 años en las convenciones vigentes, no así a las que fueran homologadas después de diciembre del 2018.
Pese a ello, el Ministerio aprobó este exceso en el ayuntamiento de La Unión.
En el ayuntamiento de San Ramón, la convención pretendía reconocer 13 años, pero el departamento encargado advirtió verbalmente que debía ponerse el tope de 12 años.
AyA sí respetó límites
El 22 de mayo, el Ministerio de Trabajo homologó la nueva convención colectiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la cual sí se ajuste a lo establecido en la reforma fiscal, incluso en la evaluación de los funcionarios como requisito para el pago de anualidades.
“El AyA anualmente evaluará el desempeño de todos los funcionarios de la Institución, según los lineamientos generales aplicables para todo el sector público definidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). Esa evaluación servirá para el pago de anualidades", dice el convenio.
El plus por antigüedad se ajustará a lo que dicta la reforma fiscal, así como el pago de la indemnización por cesantía, la cual no podrá superar los ocho años.