Por una diferencia de apenas un voto, los diputados de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad se negaron a reducir la cantidad de armas de fuego que cada persona puede tener.

Así lo decidieron en la mañana al discutir las últimas mociones de fondo a un proyecto para reformar la Ley de Armas. Por la mañana, mantuvieron la misma posición en una nueva sesión para discutir cambios.

Una moción promovida por Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), fracasó en el intento de restablecer la propuesta original para limitar las armas, de tres a una.

Esa es, incluso, una propuesta que también había promovido la administración de la expresidenta liberacionista Laura Chinchilla Miranda.

Sin embargo, fue precisamente el Partido Liberación Nacional (PLN), junto con Integración Nacional (PIN) y el Republicano Social Cristiano (PRSC), quienes votaron en contra de limitar la posesión de pistolas y revólveres.

Específicamente, votaron en contra de limitar las armas Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Narcotráfico; David Gourzong y Jorge Luis Fonseca. Igualmente, rechazaron esa reducción Zoila Rosa Volio, del PIN, y Otto Roberto Vargas, del Republicano.

En torno a la comisión, numerosos cabilderos de asociaciones vinculadas a la “defensa civil”, tiro deportivo y portadores de armas intensificaron su trabajo, ya evidente desde que los diputados liberacionista cambiaron de criterio respecto al dictamen de la iniciativa.

Es más, durante un receso de la comisión, un representante de estas asociaciones, Julio Mata, entró al espacio del debate para conversar con el republicano Vargas.

La propuesta de Sánchez tuvo apoyo de Carolina Hidalgo, también del PAC, así como de los independientes cristianos Harllan Hoepelman y Marulin Azofeifa.

“Estamos dejando en tres armas, contrario a lo dictaminado en comisión y contrario a los intentos del país, por muchos años, para reducir la cantidad de armas en la calle. Hay estudios sobre cómo la mayor cantidad de armas aumenta la violencia”, explicó Sánchez.

Además, enfatizó que la conflictividad social aumenta cuando hay más armas en la calle, así como el riesgo mayor de que en episodios de violencia doméstica se usen armas existentes en las casas.

“Yo asumiría que, como Estado sin ejército, defensor de la reducción del armamento de todo tipo, un Estado que independientemente de los partidos que han gobernado, ha hecho esfuerzos para reducir la tenencia de armas y mejorar los controles, pues deberíamos dar el paso para reducir la tenencia de armas”, dijo Sánchez.

Agregó que la propuesta no es desarmar a la gente, pues se quería establecer que se posea un arma corta (pistola y revólver) y tener el derecho de inscribir un arma larga para el cuido de un terreno para labores agrícolas.

Ahora, para los promotores de menos armas, solo queda la posibilidad de reiterar las mociones rechazadas en comisión en el plenario legislativo, en donde se aprueban si se obtiene mayoría simple (mitad de los presentes más uno).

Enrique Sánchez, del PAC, dijo que su fracción aún no presenta revisión a la moción suya para dejar la posesión de armas en dos. La presentarán el próximo martes, cuando la Comisión de Narcotráfico se reúna para dejar en firme las actas de las sesiones de este jueves.

¿Quién puede empuñar tres armas?

Al igual que Sánchez, la presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, insistió en que una persona no puede utilizar tres armas a la vez.

Dijo también que es comprensible la necesidad de tener un arma a disposición para tareas agrarias, pero no las tres que proponen los liberacionistas.

“Qué pasó, con quiénes hablamos, por qué cambiamos ese criterio”, lamentó Hidalgo respecto al cambio que hubo en los criterios de los liberacionistas, desde que se dictaminó la propuesta hasta el momento en que se modificó el proyecto, en la etapa de mociones de fondo.

Ante reclamos de Viales sobre la supuesta falta de acción policial contra la delincuencia de parte del Poder Ejecutivo, Hidalgo insistió en que el Gobierno tiene mucho que mejorar y ser más responsable, pero también enfatizó que se trata de problemas “multicausales” y que no se resuelven permitiendo que las personas puedan tener tres armas.

La jerarca también destacó que la posesión de armas no se trata de un derecho, sino de un permiso que les da el Estado a los costarricenses.

Gustavo Viales, del PLN, alega que Michael Soto, ministro de Seguridad, aseguró que no se podría reducir la cantidad de homicidios si no se aprueba la norma para limitar las armas de fuego. “Eso dijo el ministro y es una irresponsabilidad”, arguyó.

“La discusión no es cuántas armas tenemos, sino cómo hacemos para cerrar los portillos para que esas armas pasen al mercado ilegal, a manos de los delincuentes, cómo hacemos para cerrar los portillos que hay en las fronteras para pasar las armas ilegales”, argumentó Viales.

Añadió el legislador que él conoce dónde, en la zona sur, de donde es oriundo, se realiza el mercado ilegal de armas y reclamó que el Ejecutivo “no se ha preocupado por revisar qué pasa en las fronteras”.

“Podemos ir ya, en este momento, y les puedo decir dónde está el comercio ilegal de armas, cuáles son las armas que pasan ilegales del narcotráfico panameño a Paso Canoas”, indicó.

Registro cada 6 años

Aunque en enero los diputados habían quitado la norma que obligaba a registrar armas legales cada tres años, con los nuevos cambios rescataron esa obligación de hacer el registro, pero con un plazo ampliado.

Ahora, los poseedores de armas tendrán que registrarlas y cumplir con todos los requisitos cada seis años.

Además, los legisladores aprobaron una moción que permitiría que las personas con "antecedentes policiales" por delitos varios tengan armas.

Eso se debe a que eliminaron ese término en el inciso e del artículo 7 propuesto, aunque también agregaron la infracción a leyes específicas sobre violencia contra las mujeres y le de violencia doméstica como una justificación para evitar que una persona tenga armas.

La justificación de Viales para esta propuesta es que el término “antecedentes policiales” no existe, con base en un criterio del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.