EscucharEl presidente Carlos Alvarado buscará dejar aprobado el plan de empleo público antes de que abandone la Casa Presidencial el próximo 8 de mayo; sostuvo que no tirará “la toalla” hasta que el proyecto se convierta en ley porque este constituye un paso fundamental en el cumplimiento del acuerdo de ajuste fiscal con el FMI.
“La toalla nunca la voy a tirar, es un proyecto que trae mayor equidad al sector público del país; no genera despidos, no genera reducciones de los reales, pero sí ayuda a que seamos más equitativos y que no haya esos aumentos salariales y esas disparidades en regímenes distintos”, expresó Alvarado.
Las declaraciones del mandatario se produjeron la mañana de este viernes en la zona franca Coyol, luego de que, la noche del jueves, la Sala IV entregó el fallo completo sobre el proyecto que cubrirá a todo el sector público.
“Esto es algo que se viene impulsando desde hace tres décadas; que esta Asamblea y este Gobierno logre terminar esto sería otra reforma de fondo que se logra.
“Yo por eso instó a los diputados a aprobar el proyecto; eso va a ser algo que le va a quedar el país como una herramienta moderna; nos va a ayudar a dar un salto como país, Eso va a ayudar mucho con el panorama con el FMI ”, manifestó el mandatario.
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El presidente Alvarado pronosticó un buen cierre para los últimos 60 días que restan de su gobierno, e indicó estar complacido por el peso que el plan de empleo público generará en el ajuste fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Con el FMI, en este punto, lo más importante es empleo público; una vez pasado eso, podemos entrar a ver otros proyectos”, aseguró.
Si bien el proyecto del ley deberá ser votado en el plenario en los próximos días, Alvarado aseguró que van un paso a la vez, por lo que el Ejecutivo esperará la publicación de la ley en el medio oficial La Gaceta para emitir el reglamento.
“Primero, necesitamos la ley, primero firmemos, publiquemos; además, la misma ley estipula un plazo para su reglamentación”, agregó el jefe de Estado.
Según concluyeron los altos magistrados, los puestos comunes de los supremos poderes e instituciones autónomas sí quedarían bajo la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), mientras que los puestos necesarios para cumplir su fin constitucional no podrían ser regulados por el Ejecutivo.
En el caso de la votación requerida para aprobar el expediente en segundo debate, la Sala Constitucional dejó sin respuesta la consulta de sí se necesitarían 38 votos para aprobarse. Ante esto, la cantidad de votos quedó en manos de los diputados.
En el 2021 el gobierno se comprometió con el FMI para adquirir un crédito que ayudará a reducir los intereses de la deuda pública y así sanear las finanzas públicas en tres años.
El crédito será girado en seis tractos semestrales sujetos al cumplimiento de la agenda, la cual incluye la Reforma al empleo público, renta global, reforma al impuesto a casas de lujo y tributo a los premios de la lotería, entre otras medidas para aumentar recaudación. Hasta ahora, el país solo ha recibido un desembolso.
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