Dos de los nueve integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respaldan una nueva redacción de un proyecto de ley que autorizaría a la institución a condonar las deudas de los trabajadores independientes con la seguridad social.
Marielos Alfaro Murillo, representante del sector patronal, y José Luis Loría Chaves, de los trabajadores, ven en esa versión una posibilidad de que la institución pueda recuperar recursos que hoy no tiene a su disposición y, a la vez, fomentar la regularidad del empleo.
Así lo afirmaron en la sesión del 26 de marzo después de que la viceministra de la Presidencia, María Devandas, le presentó un nuevo texto de consenso a la Junta Directiva de la CCSS.
“Creo que los beneficios los mencionó doña María (Devandas) cuando decía que esta es plata que no tenemos. Y aquí hay un montón de gente, patronos, un montón de patronos, y no solo patronos, no me voy a referir a ellos, trabajadores independientes, están aterrorizados de volver (a formalizarse con la Caja)”, aseveró Alfaro.
Loría, en tanto, ve que el costo-beneficio de una amnistía de este tipo, como él la califica, está en parte en la recuperación de recursos.
“Yo podría tener ¢20.000 millones, pero si no me los pagan, no los tengo. Y si logro recuperar ¢12.000 millones, tengo ¢12.000 millones en flujo de caja para trabajar.
“Y eso es más importante hoy que dentro 10 años. No gano nada con que algunos a cuentagotas me estén pagando, algunos sí y otros no durante el tiempo”, puso de ejemplo el directivo.
La nueva redacción del proyecto se consensuó entre el Gobierno, el diputado Pedro Muñoz, proponente de la iniciativa, y la CCSS, pero debe ser avalada por la Junta Directiva para darle mayor impulso en la Asamblea Legislativa.
El texto autorizaría a la Caja a condonar a trabajadores independientes el principal, multas, recargos e intereses de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas.
En el caso de los patronos, el plan permitiría perdonar las multas, recargos e intereses correspondientes a las cuotas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS y lo correspondiente a la Ley de protección al trabajador.
Además, a los patronos les condonaría el principal, multas, recargos e intereses correspondientes sobre los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.
Aunque mostraron interés en que la nueva redacción sea avalada, los dos directivos pidieron un estudio del costo-beneficio para la institución que deberá ser avalado por la Dirección Jurídica de la CCSS.
Alfaro Murillo pidió un “verdadero estudio económico” sobre el impacto en la CCSS en términos de la condonación, pero también sobre lo que cuesta no tener esos recursos y a esos trabajadores sin seguro social.
“Porque eso tiene un costo y no todo eso es un costo económico. Se puede transformar en términos económicos, pero con algún tipo de valoración contingente, el no tenerlos asegurados, el que anden huyendo y siguen teniendo su actividad informal.
“Yo estoy segura que lo más beneficioso es hacer este corte, dar este beneficio y lograr recuperar a quienes se pueda recuperar, incorporarlos al sistema porque siempre es más beneficioso tener a la gente dentro del sistema que fuera del sistema”, enfatizó Alfaro.
Loría agregó que el país atraviesa por un alto porcentaje de desempleo, con algunas actividades económicas caídas como el comercio.
Actualmente, casi la mitad de los trabajadores del país son informales, es decir, no cotizan para el seguro social ni para una pensión, mientras que el 18,7% de la fuerza laboral está desempleada.
“Lo cierto es que estamos en una especie de recambios. Tenemos que entender hasta dónde se irá el mundo del trabajo y en ese mundo del trabajo cómo se van a percibir las cuotas de la Caja.
“Pero, además, tenemos una masa de trabajadores independientes que uno los llamaría independientes inactivos porque no pagan. Y no van a pagar si no se les da las posibilidades de acceder a formalizarse en la Caja”, machacó el representante de los trabajadores.
Alfaro volvió a insistir en que nadie podría aseverar que todos los deudores de la institución podrían formalizarse, “pero al menos tomaremos una medida para los que retomaron empresas y que están desarrollando actividad económica, se vuelvan a incorporar. Esa es una ganancia”, expuso.
En cuanto a los empleadores, la representante patronal evitó cuestionar las razones “legales” o “morales” por las cuales se atrasaron.
“No sé, no sé. No sé si la economía de algunos años fluctuó, no sé si hubo problemas en sus empresas, pero lo que sí sé es que es muy difícil ser empresario. Yo he tenido empresas y es muy difícil ser empresario, es muy difícil pagar planilla cada 15 días y, a veces, se vienen situaciones de mercados y de coyuntura nacional que complican”, expuso.
El nuevo texto sigue sin avanzar en la Junta Directiva de la Caja, pues no se ha convocado a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa para que expongan cuál es el compromiso de que se apruebe el texto sustitutivo.
De acuerdo con la CCSS, a marzo de este año, 132.751 patronos y trabajadores independientes activos adeudan a marzo 2021, la suma de ¢338.380 millones.
Del total ¢95.084 millones provienen la morosidad patronal de 15.546 empleadores activos y ¢243.296 millones restantes corresponden a deudas de 117.205 trabajadores independientes
Esos montos no incluían deudas de 1 a 30 días, ni intereses, dijo la Caja.