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El director jurídico del Banco Popular, Armando Rojas, denuncia que es víctima de persecución política de parte de la actual Junta Directiva de ese intermediario financiero.
Rojas asegura que ese es el motivo por el que fue despedido del cargo el pasado 24 de mayo, luego de seis meses de haber sido alejado de su puesto, al ponerlo en otras funciones.
Al volver a la dirección, a mediados de mayo pasado, Rojas recibió notificación de su cese.
No obstante, el abogado interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso-Administrativo que ordenó su reinstalación en el cargo, a partir de este martes 7 de junio.
Choque. Según Rojas, quien tiene 24 años de laborar para el Popular y 12 de ser su director jurídico, la persecución de la actual Directiva se genera porque él defiende el criterio del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) en contra del plan de reforma a la Ley Orgánica del Popular.
La iniciativa la impulsa el diputado Víctor Morales Zapata, de Acción Ciudadana (PAC), y lo discute la Comisión de Economía Social Solidaria, que él mismo preside.
El plan goza de un dictamen unánime afirmativo. Está en la etapa de modificaciones en comisión y busca reducir de tres a uno los representantes del Gobierno en la Directiva del Popular.
También, pretende aumentar la cantidad de directivos nombrados por la Asamblea Nacional de Trabajadores, máximo órgano del ente, y eliminar el requisito del grado académico de bachillerato universitario que es indispensable hoy para ser miembro de la Junta Directiva.
El Conassif afirmó que esos cambios que incluye el proyecto pondrían en peligro los ahorros de 1,2 millones de trabajadores.
En una nota enviada a los diputados en febrero, el Consejo indicó que las reformas “se alejan de las sanas prácticas bancarias y preocupan, no solo desde un punto de vista de supervisión financiera, sino por poner en riesgo los ahorros de gran cantidad de personas”.
Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, advirtió de que eliminar el requisito del bachillerato universitario para los directivos del Popular provocaría un manejo poco riguroso de los recursos que capta de terceros y que coloca en préstamos.
Este diario gestionó una entrevista ante la oficina de prensa del Banco Popular para pedir el criterio de sus voceros sobre la denuncia de Armando Rojas, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
El director jurídico Rojas dijo que respaldaba en todos sus extremos el pronunciamiento del Conassif, hecho que disparó su mala relación con la Directiva del Popular, aunque nunca emitió ningún criterio jurídico por escrito contra el proyecto de ley, por haber sido apartado de su cargo.
“Me negaron el acceso total a las actas de la Junta Directiva, de las comisiones, en la administración (...). Había un ambiente tenso, porque, desde ese momento, fue muy clara la intención de colocar a una persona (en su puesto) en la cual ellos tienen confianza”, detalló Rojas durante una entrevista con La Nación.
Presidencia al tanto. Según el funcionario bancario, una vez que se intensificó el acoso laboral en su contra, optó por denunciarlo ante la Dirección Jurídica de Casa Presidencial, dirigida por Marvin Carvajal.
Esa gestión, alegó el empleado bancario, no evolucionó en ninguna manifestación de apoyo de parte de la Presidencia.
El Banco Popular es un ente público no estatal, que gerencia actualmente Geovanni Garro.
Su Junta Directiva está integrada por siete miembros y es presidida por Héctor Monge.
