EscucharLos diputados acordaron negociar con el gobierno una reducción en el porcentaje destinado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de tres créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) que suman $410 millones.
Estos créditos, aprobados por la Comisión de Económicos, asignan actualmente un 40% para el abono de la deuda del Estado con la seguridad social, un porcentaje cuestionado por el gobierno, que sugiere reducirlo al 10%, como se ha hecho con créditos anteriores de apoyo presupuestario.
El acuerdo para renegociar el porcentaje surgió en una reunión de jefatura de fracción, a solicitud de la vocera de la bancada oficialista, Pilar Cisneros. Además, el vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, propuso enviar el expediente a comisión por un mes antes de discutirlo en primer debate para facilitar la negociación.
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La decisión de enviar el expediente a comisión se tomará en el plenario legislativo en los próximos días. Izquierdo explicó que el objetivo es rescatar los créditos, ya que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió que el gobierno renunciaría a los desembolsos si se aprueba destinar el 40% a la CCSS.
Además, Acosta expresó su preocupación por la condición de que el restante 60% sea usado por el gobierno cuando se concrete el abono a la seguridad social.
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Diputadas reaccionan incómodas
La posibilidad de negociar a la baja el porcentaje no fue bien recibida por las liberacionistas Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, la socialcristiana Vanessa Castro y la frenteamplista Sofía Guillén, quienes son las impulsoras del porcentaje contenido en el texto actual para la seguridad social.
Rivera señaló que el PLN aún no ha definido cuál debería ser el monto idóneo. Agregó que su bancada desea conocer la flexibilidad del Gobierno antes de tomar una decisión.
Por su parte, Ruiz exige una justificación técnica de Hacienda que respalde las razones para reducir el monto destinado a la seguridad social, una solicitud que también hizo Guillén.
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Castro afirmó que “hoy más que nunca, deberíamos sostener ese 40%”. Además, mencionó que el período de un mes en comisión permitiría que Nogui Acosta negocie con los diferentes diputados. Sin embargo, dijo que la posición de su bancada la pronunciará el vocero Alejandro Pacheco.
Pacheco sostuvo que, dependiendo de las justificaciones proporcionadas por Hacienda, su fracción podría ceder en su postura. Sin embargo, recordó que durante la reunión de jefes, Cisneros mencionó la posibilidad de destinar un 15% o 20% para la Caja. Tanto Cisneros como Acosta confirmaron a La Nación que la propuesta sigue siendo del 10%.
Por otro lado, Izquierdo considera que la propuesta del oficialismo carece de constructividad. Fabricio Alvarado, vocero de Nueva República, respondió que el tema será discutido este lunes en la reunión de fracción.
PLP se opone al porcentaje actual
Eliécer Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), expresó su desacuerdo con el 40% destinado a la CCSS, argumentando que el gobierno no debería adquirir un crédito para dejar un porcentaje congelado sin poder usarlo. Feinzaig propone que el porcentaje se reduzca al 10%.
Además, expresó su desacuerdo con los créditos externos de apoyo presupuestario, como estos en discusión, ya que están contribuyendo a distorsionar el tipo de cambio del dólar.
Un crédito del BID por $250 millones tiene un plazo de 20 años, con cinco años de gracia, y una tasa variable aproximada del 2,88%. Otro empréstito $50 millones, también del BID, tiene un plazo de 15 años, con 2,5 años de gracia, y una tasa fija del 2,5%.
Por su parte, los 100 millones de euros adquiridos a través de la AFD, unos $110 millones, tienen un plazo de 20 años, con cinco años de gracia, y una tasa variable del 3,25%.
Según Acosta, asignar el porcentaje del texto actual a la CCSS no solo disminuiría la capacidad del gobierno para financiar el gasto, sino que también requeriría un mayor endeudamiento interno para cubrir el Presupuesto Nacional.
Calculó en ¢2.400 millones al año el aumento en pagos de intereses de la deuda pública.
