Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración también excluyeron a las municipalidades de las regulaciones del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, del mismo modo que lo hicieron con las universidades públicas.
Los gobiernos locales fueron eliminados de la iniciativa, mediante la aprobación de una moción que les permitiría continuar rigiéndose por el capítulo de empleo, establecido en el título V, del Código Municipal.
Ese apartado regula las relaciones laborales entre los ayuntamientos y sus trabajadores, en temas de remuneración o del manual de puestos, por citar un par de ejemplos.
La exclusión fue avalada por seis de los diputados que integran ese foro legislativo, durante la discusión de propuestas de fondo, de previo a enviar el texto al plenario, para su discusión final.
Votaron a favor David Gourzong y Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional (PLN); Víctor Morales y Nielsen Pérez, de Acción Ciudadana (PAC); Pablo Heriberto Abarca; de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Jonathan Prendas, del autodenominado bloque Nueva República.
La moción aprobada, la número 96, fue presentada por Gourzong e incluye un nuevo numeral al artículo 6 del proyecto de reforma al empleo público.
El inciso añadido establece que el Sistema General de Empleo Público estará compuesto por “la carrera administrativa municipal, creada por el título V de la Ley N.°7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998 y sus reformas”.
Para el abogado constitucionalista Rubén Hernández, esa moción sacaría del proyecto a las municipalidades, como ocurrió previamente con las universidades estatales.
“Las sacaría del sistema porque seguirán rigiéndose por el régimen actual contemplado en el Código Municipal”, aseveró el abogado.
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Y agregó que esa norma les daría autorregulación a los gobiernos locales, incluso, en la implementación de un salario global o en regulaciones de convenciones colectivas que establecería la reforma.
“Al igual que con la norma de las universidades, les respeta su régimen actual. Fue otro golazo legislativo. Sacaría a las municipalidades de todo, pues al darles autonomía pueden regular la materia como quieran”, insistió Hernández.
El diputado Gourzong evitó dar declaraciones sobre su propuesta, la cual se aprobó, sin previa discusión, el 25 de febrero, en la misma sesión en que se avaló la moción 82, que generó confusión sobre la rectoría del empleo público y un intenso debate en torno a ese tema.
Ese mismo día también se rechazaron las mociones 89, 90 y 91, facilitadas por las universidades, con la intención de que fueran excluidas de la reforma al empleo público.
No obstante, una semana después, los legisladores del PLN, PAC, Frente Amplio y el independiente Dragos Dolanescu, iniciaron una revisión, cambiaron de opinión y aprobaron cada una de estas propuestas, por lo que excluyeron a esos centros de estudio de la iniciativa.
Apoyo gremial
Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), reconoció que su equipo técnico facilitó la base de la redacción.
“Sí, en efecto nosotros la presentamos y redactamos la base de la moción. Desconozco si se le incluyeron algunos otros elementos”, confesó Porras.
Porras también admitió que para plantear sus posiciones, la UNGL sostuvo conversaciones con Luis Fernando Chacón, jefe de bancada del PLN; y con Víctor Morales Mora, del PAC, quien también es presidente de la Comisión de Gobierno. A los dos legisladores, aseguró, su equipo les envió la propuesta.
“En realidad nosotros buscamos a la gente de la comisión y como el presidente es don Víctor (Morales), también lo llamamos. Él es exalcalde y conoce muy bien el régimen municipal. Le planteamos y enviamos el documento y el propició una reunión con Mideplán”, expuso Porras.
En el caso del Ministerio de Planificación (Mideplán), la directora indicó que el diputado Morales promovió un encuentro entre técnicos de esa cartera y sus pares de la UNGL, aunque no precisó la fecha.
Tampoco reconoció que le constara que los funcionarios de Planificación hayan avalado la moción.
“Mideplán nos dio alternativas, pero además nosotros propusimos mociones que fueron conocidas por nuestra junta directiva, donde hay 22 autoridades locales. Le llevamos la propuesta de co-creación. Co-creación es crear con ellos. Ellos no estuvieron de acuerdo. Ellos son muy cerrados en sus esquemas”, aclaró Porras.
Sin embargo, ella negó que la moción aprobada excluya a las municipalidades del plan.
“A ver, la ley se tiene que ver en un contexto. Hay varias mociones donde van estableciendo cuáles tienen que ser los parámetros. Si ve otras mociones, establecen el salario global, ahí estamos todas. Lo que nosotros pretendemos es que, a la hora de establecer las políticas públicas en empleo, se reconozca el expertise que se tiene en la carrera administrativa municipal”, enfatizó.
Porras más bien insistió en que la moción aprobada evitaría que se aprueben normas que luego no sean aplicables a las municipalidades.
Opiniones disímiles
Jorge Fonseca, también legislador del PLN, y quien no participó de esa votación, difiere con Karen Porras. Él considera que el cambio sí mandaría a autorregularse a las municipalidades.
“Estoy de acuerdo que ellas generan sus propios ingresos por su autonomía, pero debe de haber un orden. No es posible que haya alcaldes que ganan tanto dinero y otros que no ganen nada. Desde ese principio de igualdad que es la columna vertebral del empleo público, es necesario que haya mayor equidad en cuestiones salariales”, expuso Fonseca.
El verdiblanco afirmó que, así como las universidades pidieron a los diputados un trato diferenciado alegando respeto a su autonomía, lo hicieron las municipalidades, a través de UNGL.
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“La UNGL estuvo procurando lo mismo que los rectores. Incluso hicieron lo mismo en el sentido de que facilitaron la documentación con esas mismas ideas, sobre todo, excluir a las empresas municipales mixtas”, aseguró Fonseca.
El congresista añadió que ese “manejo y propuestas de mociones” duró 15 días antes del inicio de la discusión del segundo paquete de mociones de revisión al proyecto. En el caso del PLN, las negociaciones se dieron con Luis Fernando Chacón, quien es el vocero de la bancada, aseveró el verdiblanco.
“Se aprobó antes (que la mociones de las universidades), pero el asunto venía complicado desde mucho antes. Cuando surge el conflicto de las universidades, como que se baja el asunto”, precisó Fonseca.
Por su parte, Víctor Morales Mora, del PAC, dijo que “se les pasó” esa moción y que “seguramente” se replanté cuando toque hacer las revisiones en el seno del plenario.
“En la forma en que lo recibimos fue en el sentido de que las municipalidades tienen una relación con su personal que es la carrera administrativa reconocida por el Código Municipal. Estamos de acuerdo en que eso debe seguirse respetando dentro del marco de la ley de empleo público.
“No entramos en la discusión en detalle. Estábamos (el día de la votación) en la bronca de la rectoría de Mideplán y Servicio Civil y el tema de las ‘muni’ se nos pasó. Seguramente ahora que viene la revisión (en el plenario), se va a plantear esa discusión.
“La lectura nuestra no fue esa (de excluirlas). Con las municipalidades sé que hubo una conversación con la Unión Nacional de Gobiernos Locales”, aseguró Morales Mora.
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El socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien votó a favor de la propuesta de Gourzong, y una semana después cuestionó el trato especial que se le dio a las universidades, niega contradicción en su postura.
“Mi posición no ha cambiado, ahí no se está excluyendo (a los gobiernos locales), se está reconociendo dentro del sistema una particularidad. A las universidades se les está dando co-gobierno y ellos lo van a decidir como se les dé la gana”, manifestó Abarca.
El día de la votación, José María Villalta, del Frente Amplio, cuestionó que los diputados hubiesen rechazado otra iniciativa idéntica, con una coletilla que incorporaba la carrera administrativa municipal, siempre que no se opusiera a la reforma de empleo público.
“¿Por qué lo hicieron? Porque sabe que esa coletilla ‘en todo lo que no se oponga a esta ley’ es una trampa que en el fondo deja vaciado de contenido la introducción de normas municipales”, aseveró Villalta.