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Luego de un pulso entre el PLN y el PAC, este lunes los diputados aprobaron dos mociones para crear comisiones que, por tres meses, se dedicarán a investigar actuaciones del anterior y el actual Directorio legislativo, así como de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
Ambas mociones recibieron 49 votos favorables y cero negativos.
Uno de los foros investigadores se dedicará a indagar las razones para que el colegiado que encabezaba Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, engavetara una solicitud de la Contraloría General de la República para hacer una investigación sobre irregularidades en edificaciones temporales del Congreso.
Ese primer foro se creó por impulso del Partido Acción Ciudadana (PAC), para identificar las razones para que Ramírez nunca gestionara la petición del ente contralor.
Los oficialistas se dieron cuenta de que no se había realizado la investigación sobre supuestas irregularidades en edificaciones temporales para albergar a funcionarios y diputados, cinco meses después de que se hizo la petición, cuando una división de la Contraloría preguntó qué había pasado con la gestión.
“Que investigue las acciones tomadas por el Directorio legislativo 2017-2018 en torno a la denuncia que la Contraloría General de la República pusiera en su conocimiento el 14 de diciembre del 2017, relacionada con irregularidades en la construcción de edificaciones temporales”, plantea el texto del PAC.
El segundo panel investigador fue creado a instancias del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual exige que se aclare por qué no se notificó a tiempo el informe de la Procuraduría de la Ética Pública en que se desestimó una denuncia contra el expresidente Luis Guillermo Solís, por su supuesta relación con el caso del cemento chino.
“Estudie, analice e investigue los hechos, circunstancias y actuaciones por parte de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República y cualquier otra entidad o persona, en relación con la denuncia DEP-040-2018 y todos los informes derivados de la misma, incluyendo la resolución AEP-RES-049-2018, su notificación y el vencimiento del plazo para recurrirla”, dice la moción del PLN.
En este caso, los liberacionistas reclaman que se conoció ese informe casi un mes después de emitido por la Procuraduría, el 28 de mayo, cuando ya había sobrepasado el plazo de tres días hábiles para apelar la decisión.
Puesto que el informe fue notificado al Directorio integrado por Gonzalo Ramírez, Carmen Quesada y Michael Arce el 27 de abril, el plazo para apelar se vencía el 3 de mayo.
Sin embargo, la actual presidenta legislativa, Carolina Hidalgo (quien asumió el 1. de mayo), alega que ella no conoció de la existencia de ese informe sino hasta el 14 de mayo, cuando el director ejecutivo, Antonio Ayales, se lo informó y le dijo que le faltaban dos folios al documento.
Hidalgo pidió de nuevo el documento, completo, pero ya el plazo de apelaciones no se podía volver a abrir y, al recibir el informe el 28 de mayo y darlo a conocer a todos los diputados, se conoció el yerro que hubo.
El actual Directorio, formado por Hidalgo, el liberacionista Luis Fernando Chacón e Ivonne Acuña, del Partido Restauración Nacional (PRN), alega que no tienen responsabilidad en que se haya vencido ese plazo.
Tanto la jerarca parlamentaria como el anterior presidente, Gonzalo Ramírez, argumentan que ese documento se quedó en el camino, atascado en la Dirección Ejecutiva.
Debido a que se trata de comisiones investigadoras, que se deben integrar con siete legisladores, ambas plantean exactamente la misma conformación: dos del PLN, dos del PRN, uno del PAC, uno de la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y un congresista de las bancadas minoritarias.
