EscucharLos diputados de la Comisión de Asuntos Económicos acordaron apoyar una propuesta para extender de 15 años a 18 años el límite de antigüedad permitido para la operación de autobuses de transporte público.
Mediante una moción, los miembros de ese foro legislativo aprobaron el martes pasado modificar un proyecto que, en su versión original, proponía ampliar la vida útil de dichas unidades hasta los 20 años, durante un periodo de cinco años.
La iniciativa, presentada en el anterior cuatrienio legislativo por el entonces diputado socialcristiano Erwen Masís, fue convocada por el Poder Ejecutivo al actual periodo de sesiones extraordinarias del Congreso.
El Gobierno acordó respaldar el plan siempre y cuando se acogiera una sugerencia del ministro de Transportes, Luis Amador, de que se permitiera extender la antigüedad de los buses por un máximo de dos años, y no de cinco como plantea la versión inicial.
Dicha modificación no tiene el respaldo de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) ni de varios legisladores. De hecho, la decisión de los diputados de Asuntos Económicos fue ampliar en tres años la antigüedad en los autobuses.
El plan se encuentra en la etapa de revisión de mociones, el cual es el paso previo para que vaya a votación de primer debate en el plenario. En la actualidad, hay 130 mociones presentadas para enmendar el texto; más de 100 son del Frente Amplio.
De acuerdo con el texto original del exdiputado Masís, la intención es ayudar a empresarios transportistas que sufrieron perjuicios económicos durante los dos primeros años de la pandemia de la covid-19.
Respaldo a ciegas
El proyecto para ampliar la vida útil de los autobuses cuenta con un fuerte respaldo por parte de cinco de las seis fracciones legislativas; solo el Frente Amplio lo rechaza y por ello ha llenado de mociones el expediente.
Entre las mociones presentadas por los frenteamplistas y que han sido rechazadas figura una para extender la antigüedad de las unidades solo por un año, siempre y cuando los empresarios demuestren pérdidas durante los años 2020 y 2021.
Sofía Guillén, del Frente Amplio, presentó la moción este miércoles con la intención de que a los autobuseros beneficiarios también se les exija estar al día con sus obligaciones económicas, sociales y patronales.
El ajuste fue rechazado por Vanessa Castro y María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Walgo Agüero, del Partido Progreso Social Democrático; y Olga Morera, de Nueva República.
