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Los diputados de la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración decidieron posponer la aprobación de mociones que limitarían la negociación de convenciones colectivas en temas como remuneraciones y nuevas contrataciones en el sector público.
Ese foro legislativo culminó, este miércoles 3 de febrero, la discusión de las últimas 69 mociones de 301 presentadas en el primer día ajuste por los congresistas, a la iniciativa de reforma al empleo público dictaminada en noviembre del 2020.
Al término de la jornada, por unanimidad, la comisión solo aprobó un transitorio que obligaría a los jerarcas de las entidades públicas a denunciar las convenciones colectivas al momento de su vencimiento.
Este contó con el respaldo de congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), el bloque fabricista y la independiente Zoila Rosa Volio.
Durante el resto de la sesión, los diputados rechazaron una iniciativa de la liberacionista Yorleny León que prohibía ese tipo de acuerdos en el sector de la administración pública donde se brindan servicios públicos, excepto en las empresas estatales en competencia.
Lo mismo hicieron con otra propuesta de los verdiblanco Wagner Jiménez que, además de permitir ese tipo de acuerdo solo en las empresas públicas en competencia, prohibía pactos sobre pluses, incrementos salariales, creación de nuevas plazas o ajustes en los componentes del salario global.
Esta moción la habían respaldado Carlos Ricardo Banavides, legislador del PLN; y la independiente Zoila Rosa Volio.
Luis Fernando Chacón, vocero del PLN, planteó las mismas restricciones, con la salvedad de que su moción permitía las convenciones colectivas en todo el sector público.
Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, había presentado otra moción con una redacción parecida a la de Jiménez, Benavides y Volio, y la de Chacón.
Sin embargo, declaró que le encontró un error a su propia moción: “No son las instituciones, son las personas (que deben ser reguladas). En esa línea, creo que aprobarla sería solo un mensaje positivo de que tenemos clara cuál es la diferencia, pero tiene ese defecto de que habla de instituciones, no personas”.
Al final, todas las propuestas anteriores fueron descartadas, así como dos más firmada por varios legisladores.
Según dijo Abarca, la idea de la Comisión de Gobierno es avanzar en el tema en la línea de lo que él planteó.
“Esta moción elimina el tema de que la Contraloría refrende las negociaciones colectivas, porque la Contraloría ha sido clara que no se vale que sirva como coadministradora”.
“Es una responsabilidad de la administración, como el gerente o el director ejecutivo de Recope, por ejemplo, negociar bien eso y rechazar si hay abuso. Eso lo tengamos claro”, agregó Abarca.
Abarca se refería a que cuatro de las mociones presentadas por otros legisladores obligaban a la Contraloría General de la República (CGR) a refrendar los acuerdos.
El propio ente contralor se opuso a ese planteamiento. La institución explicó, en un criterio emitido el lunes 1° de febrero, que las competencias para aprobar convenciones colectivas son propias de la gestión administrativa de las entidades públicas.
“El contenido de las convenciones colectivas, aun cuando pueda tener impacto en las finanzas públicas, no es propio de hacienda pública”, explica el informe del ente contralor, del pasado lunes 1° de febrero.
En cambio, explica la Contraloría, lo que busca es regular las relaciones de los servidores con su patrono, por lo que actualmente el texto de las convenciones colectivas se deposita en el Ministerio de Trabajo.
“Por su naturaleza, las entidades fiscalizadoras superiores no deben participar en este tipo de funciones administrativas y se corre el riesgo de incurrir en consideraciones que son propias de la administración activa”, explica el documento.
Estas potestades implicaría, según el informe, que la Contraloría incurra en una coadministración o, peor aún, en una sustitución en la toma de decisiones, “lo que desnaturaliza sus competencias de control”.
Víctor Morales Mora, presidente del foro de Gobierno, recordó que la reforma fiscal del 2018 ya establece que es reserva de ley otorgar pluses o ventajas salariales a los funcionarios.
En esa línea, aseguró que en la comisión hay conciencia en que no se trata de prohibir las convenciones colectivas en el Estado, “sino que se trata de regularlas, establecer los límite dentro del marco normativo costarricense y la jurisprudencia que tenemos, para que sea un instrumento de diálogo social en aquellos aspectos en que sea posible hacerlo, sin afectar las finanzas del Estado que afectamos todos”.
Justificó que la ruta en la discusión de este miércoles era rechazar cinco mociones presentadas con similar redacción, para elaborar una nueva propuesta más ajustada para presentarla en el segundo día de mociones de ajuste.
El liberacionista Wagner Jiménez aprovechó la sesión para reprochar que los contribuyentes sigan financiando privilegios salariales del sector público.
“Nosotros estamos endeudando a las próximas generaciones para que haya gasto corriente y para que haya privilegio de un sector determinado. Estoy a favor de ley de empleo público, pero igual estoy a favor de que regulemos convenciones colectivas”, machacó el verdiblanco.
Jiménez se puso a disposición de los diputados de la comisión para contribuir en la elaboración de una moción de consenso.
“No es posible que una secretaria de un colegio reciba un salario de ¢300.000 y una secretaria de un ente autónomo o desconcentrado gane hasta ¢1,5 millones y ambas realicen las mismas funciones”, señaló.
Con la colaboración del periodista Aarón Sequeira
