Política

Diputados quitan a personas y empresas obligación de construir aceras

Proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa establece que la responsabilidad legal será de las municipalidades y del MOPT; además, se autoriza a los gobiernos locales a cobrar por ello a los contribuyentes

Las personas y las empresas ya no serán las responsables de construir y mantener en buen estado las aceras ubicadas frente a sus propiedades, obligación que contenía el Código Municipal.

Una ley aprobada en segundo debate, este jueves en el plenario de la Asamblea Legislativa, le asigna la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de esta infraestructura pública a las municipalidades, así como al Gobierno, en las figuras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Se trata del expediente 21.318, de la diputada liberacionista Paola Valladares, que termina de una vez por todas con la obligación que tenían las personas de contruir las aceras, lo cual ha generado una amplia disparidad en este tipo de estructuras.

La situación actual ha causado que muchas de esas aceras construidas por particulares, tanto individuos como empresas, impidan la movilidad peatonal, más que facilitarla.

Así lo destacaron varios de los congresistas que alabaron la propuesta de la verdiblanca y que aportaron sus votos para dar el aval definitivo a la iniciativa legal.

El proyecto, bautizado como Ley de Movilidad Peatonal, pretende que los espacios públicos, sobre todo las aceras, sirvan precisamente para facilitar el movimiento de las personas a pie, en un contexto donde muchísimas de estas están destruidas, son intransitables o simplemente no existen.

“El estado actual de las aceras del país es que se encuentran obstruidas, incluso en mal estado, por diversos obstáculos que impiden el paso, como la presencia de postes para cableado, desniveles y se presenta una considerable cantidad de vías públicas que no disponen de aceras, ni cruces peatonales”, criticó Valladares.

La verdiblanca acotó que es urgente un cambio de paradigma que garantice el derecho humano de las personas a la movilidad.

“En Costa Rica existe poca infraestructura y pocas políticas públicas que busquen priorizar al peatón”, indicó.

La iniciativa legal, según la proponente, busca impulsar medidas concretas que hagan más fácil y segura la vida de los peatones, a la vez que promueve el transporte no motorizado como un modo mucho más sostenible.

Precisamente por eso, serán el Estado y las municipalidades las responsables legales de la construcción y mantenimiento de las aceras.

A la vez, la ley declara de interés público la movilidad peatonal integral e inclusiva, y señala las instituciones que estarán a cargo de la promoción y divulgación de esa declaratoria, que son precisamente las municipalidades, el MOPT y sus consejos.

También, deberán colaborar en ello el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), las instituciones de promoción y apoyo a las municipalidades, el Ministerio de Vivienda y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Al tiempo que la ley establece que los municipios construirán y darán mantenimiento a las aceras en las vías cantonales y vecinales, también modifica el Código Municipal para que se cobre por esos servicios dentro de las tarifas trimestrales que cobran a la población.

“En el caso de los servicios de mantenimiento y rehabilitación de las aceras, el cálculo anual deberá considerar el costo efectivo invertido. La municipalidad cobrará tasas que se fijen tomando en consideración su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Tal suma se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad”, dice la reforma legal.

En caso de que alguien, persona o empresa, altere o modifique las aceras de alguna forma, tendrá una sanción de ¢231.100 (medio salario base) y, en caso de reincidencia, tendría que pagar un salario base, o sea, ¢462.200.

Con tal de hacer aplicable la ley, las municipalidades tendrán 18 meses para reglamentar lo que corresponda y entre 18 y 24 meses para elaborar y aprobar los planes cantonales de movilidad sostenible para sus cantones.

Igualmente, al MOPT le tocará hacer un plan nacional de movilidad peatonal en el plazo de un año y medio.

La diputada oficialista Carolina Hidalgo también destacó y celebró la iniciativa de Valladares, a la vez que manifestó que el plan mejoró en el trámite de las mociones de fondo, para considerar no solo las aceras, sino también la infraestructura y la iluminación.

Hidalgo añadió que todavía hay una agenda nutrida de planes necesarios para el mejoramiento de los espacios urbanos y de los asentamientos humanos también.

Valladares agregó es difícil para las municipalidades cumplir con la accesibilidad cuando no hay recursos, por lo que resulta también necesario darle esas herramientas a los gobiernos locales.

“Las aceras deberían ser concebidas como parte integral de la vida pública, como espacios públicos que deberían ser plenamente accesibles para el disfrute de las personas, pero hoy no lo son”, dijo José María Villalta, del Frente Amplio.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.