Política

Diputados procesarán a Jorge Angulo en secreto

Comisión especial decidió decretar “privadas” las citas y las actas del foro

En secreto, en sesiones privadas sin acceso a la prensa y sin acceso a las actas. Así trabajarán los tres diputados que estudian si procede o no un nuevo levantamiento de la inmunidad que protege al Parlamentario Jorge Angulo, del PLN.

La decisión la tomaron por unanimidad ayer los tres congresistas que integran el foro: Manuel Hernández, del Libertario; Rodolfo Sotomayor, del PUSC, y Alicia Fournier, del PLN.

Los diputados estudian la solicitud de levantamiento de inmunidad que hizo la Corte Suprema de Justicia en enero para que Angulo enfrente una demanda por ¢2.000 millones en su contra.

Sotomayor argumentó que declararon la sesiones privadas “por los temas que se tratan que van a ser tomados en consideración en un debate penal.

”Al ser este un proceso político y no jurídico, no debería ser público”, adujo el socialcristiano..

La decisión de llevar el proceso en secreto no fue del gusto del grueso de los diputados.

El propio jefe de fracción del PLN, Luis Gerardo Villanueva, cuestionó la decisión de no hacer públicas las sesiones: “No me gusta, yo soy del principio de la publicidad y de que las sesiones de la Asamblea sean públicas. Creo en la rendición de cuentas”.

La causa. La demanda contra Angulo la interpusieron en junio pasado Rosibel Dittell y Jorge Sandoval, dueños de la empresa constructora COIN KRJ S. A.

Los empresarios acusan a Angulo de pedirles dinero a cambio de no entorpecer el giro de recursos públicos para la construcción de un colegio en la ciudad de San Vito, Coto Brus, Puntarenas.

A la fecha, el legislador puntarenense ya enfrenta un juicio en la Sala III de la Corte luego que el fiscal general, Jorge Chavarría, lo acusó en noviembre por, presuntamente, cometer siete delitos: cuatro de concusión, dos de tráfico de influencias y uno de extorsión.

Para ser procesado por los cargos Angulo renunció a su inmunidad y el plenario ratificó esta decisión. Pero para la demanda de ¢2.000 millones no hubo renuncia.

Ante esto, el plenario conformó la comisión que ayer decretó secretas las sesiones para resolver sobre la petición de la Corte.