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A pesar de que el 1.° de mayo los diputados tenían su atención centrada en la elección de las nuevas autoridades legislativas, sacaron el rato para presentar fuertes reformas a la Constitución Política.
Se trata de dos iniciativas en particular: una para convertir a Costa Rica en un Estado laico y otra para establecer el acceso al agua como un derecho humano.
La diputada María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsa que se cambien los artículos constitucionales 75 y 194, con el objetivo de que ya no diga allí que el Estado costarricense tiene religión y que es la católica.
La modificación busca que se diga, más bien, que Costa Rica respeta el pluralismo religioso y establece el derecho de todas las personas a profesar cualquier creencia religiosa libremente.
La única salvedad al derecho de manifestar una religión o determinadas creencias quedaría establecida en el caso de que esa religión o creencias vayan contra las limitaciones prescritas por las leyes, necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o el bienestar común, o los derechos y libertades de los demás.
Ese artículo 75 dice hoy literalmente:
“La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”.
La nueva versión propuesta por la diputada Monge es esta:
"La República de Costa Rica respeta el pluralismo religioso. Toda persona tiene el derecho de asumir o abandonar determinadas creencias religiosas, o de cualquier índole, así como de profesarlas libremente.
“La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o el bienestar común o los derechos y libertades de los demás.”
Nuevo juramento constitucional
De igual forma, se cambiaría el artículo donde se encuentra el juramento que, actualmente, tiene que hacer cada funcionario público al tomar posesión de sus funciones. Hoy, ese juramento se hace precisamente en nombre del dios cristiano y se le pide ayuda también a él, en caso de no cumplir con el juramento.
Ese es el artículo 194: "El Juramento que deben prestar los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente: ¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? -Sí, juro. -Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden.”
El nuevo juramento que promueve Monge dice: "¿Juráis a Dios, o ante vuestras creencias o convicciones personales y prometéis a la Patria observar y defender la Constitución, las leyes de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? -Sí, juro. -Si así lo hiciéreis, que la Patria os lo reconozca; y si no, ella, Dios o vuestra conciencia os lo demanden”.
Además de Monge, firman la reforma constitucional 20 congresistas provenientes de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Integración Nacional (PIN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio, además del independiente Erick Rodríguez Steller.
De acuerdo con la socialcristiana, en el país existe una necesidad real de que se respeten jurídicamente las diferentes creencias religiosas.
“Este proyecto viene a fomentar y establecer el respeto por parte del Estado a nuestras creencias religiosas. No es sinónimo de Estado ateo, sino más bien del respeto a la pluralidad de religiones”, apuntó Monge.
Ella añadió que existen varias encíclicas papales que han dicho que lo mejor para una nación es tener un Estado laico.
En particular, la exposición de motivos del proyecto destaca las referencias a la diferencia entre poder civil y religioso en los declaraciones Gaudium et spes y Dignitatis Humanae, generados en el Concilio Vaticano II y promulgados por Pablo VI.
Derecho al agua
La otra reforma presentada busca establecer el acceso al agua como un derecho humano y es una iniciativa del frenteamplista José María Villalta que lleva las firmas de los 57 legisladores.
La idea es modificar el artículo 50 de la Carta Magna y establecer “el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua como bien esencial para la vida”.
El párrafo se añade al derecho de los costarricenses al mayor bienestar y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Además de ese derecho, se fija el agua como un bien del Estado y establece que el uso, conservación y explotación deberá regirse por la ley. Antes que cualquier otro uso, ese artículo busca asegurar la prioridad en el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.
A pesar de los efectos que esa protección especial tendría sobre las concesiones y permisos de uso del agua, la propuesta de Villalta incluye un artículo transitorio para que las leyes, concesiones y permisos vigentes puedan mantenerse pese a la nueva reforma.
