Un proyecto de ley, aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa el 14 de marzo, permitiría a la CCSS cobrar las cuotas del seguro social no solo sobre las remuneraciones producto del trabajo, sino que el cargo se extendería a ingresos como alquileres, intereses obtenidos por ahorros bancarios, premios o, incluso, herencias, advierten expertos en Derecho Laboral.
Se trata del expediente 22.323, denominado Ley de igualdad para los trabajadores ante la seguridad social, propuesto por el diputado Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, el cual sería sometido a segundo y último debate este martes 22 de marzo.
El texto reformaría el artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual establece la obligatoriedad de que trabajadores asalariados e independientes coticen a la seguridad social.
La idea del proyecto es facultar a la CCSS para que equipare las cuotas de aseguramiento entre asalariados e independientes, pues los primeros aportan el 10,5% de su salario y los segundos hasta el 18,78% de sus ingresos.
Sin embargo, la redacción aprobada permitiría a la Caja cobrar las cuotas de aseguramiento sobre ingresos distintos a la retribución por trabajo.
El primer párrafo del artículo 3 actualmente dice así: “Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal”.
El proyecto agregaría las palabras “ingresos propios” al final de la primera frase y las palabras “u otra fuente de ingresos” al final del párrafo. La redacción quedaría así:
“Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario o ingresos propios. El monto de las cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación obrero-patronal u otra fuente de ingresos”.
‘Más fuerte que el impuesto de renta’
Los abogados expertos en Derecho Laboral, Luis Sánchez Montero y Eric Briones Briones, coinciden en que los conceptos introducidos son tan amplios que dejan abierta la puerta para que la CCSS interprete que puede hacer cobros sobre ingresos distintos a los del trabajo, haciendo de ese modo la reforma con fines fiscalistas.
Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, dice que un trabajador independiente que obtenga rentas por alquileres, intereses o dividendos, cotizaría a la seguridad social por estos ingresos.
En la actualidad, explicó Hernández, las rentas de capital producto de otras actividades no deben declararse a la CCSS, porque no son producidas en su condición de trabajadores independientes.
“Las comisiones son ingresos propios, por ejemplo. Si la norma no se especifica, la Caja tendría más herramientas para interpretar lo que ahora hace. Conozco a un señor de 92 años que tiene edificios de alquiler. No presta ningún servicio, pero la Caja le está cobrando como trabajador independiente”, señaló Hernández.
Sánchez, abogado de la firma Facio & Cañas, sostiene que los efectos serían también para los asalariados que tengan actividades independientes. “Ahí van incluidos los asalariados. También, amplía el rango de ingresos sobre los cuales un trabajador tiene que cotizar. El proyecto es tan amplio que la Caja lo va a aprovechar hasta donde pueda”, aseguró Sánchez.
Para el abogado, los intereses por ahorros serían tomados en cuenta en la base para cotizar a CCSS, así como ingresos por actividades comerciales que el dueño no administre.
“El artículo quedaría tan amplio que permitiría cotizar de cualquier forma, sobre cualquier tipo de ingreso. Yo no digo que el legislador no pueda hacer esto. Lo delicado es que no se tenga conciencia de las proporciones, de los alcances reales de este proyecto. Este proyecto es aún más extensivo que la Ley de Impuesto de Renta. La Ley de Renta dice ‘vas a pagar impuesto por tales ingresos y puedes descontar de tal cosa’. Con este proyecto, nada”, sostuvo Sánchez.
Eric Briones, doctor en Derecho Laboral, coincide con Sánchez en que, por la falta de una legislación que defina lo que es el trabajo independiente, permite de iniciativas de este tipo que se prestan a otras interpretaciones.
“El trabajo independiente es aquella persona que ejerce una relación laboral y se gana su sustento dando su fuerza física y su fuerza intelectual. Como trabajador independiente, como abogado, doy mis servicios, le trabajo a otra persona y recibo una remuneración. De esa remuneración estoy en la obligación de decirle al Estado lo que estoy ganando. Con base en lo que declare, debería de cotizar.
“La seguridad social se creó para las relaciones laborales. Este proyecto, me parece, tiene una relación de carácter fiscal. Va hacia otro fin como renta global. Pienso que hay que tener cuidado en la interpretación. Esto provocaría, más bien, el efecto contrario. Generaría más informalidad”, señaló Briones.
Briones, Sánchez y Hernández plantean que a la frase por “ingresos propios”, por ejemplo, se le agregue “que provengan del trabajo”, para dejar zanjada cualquier duda.
El diputado Prendas dice que su redacción está dirigida a profesionales liberales. “Las ganancias de capital por alguna venta no se consideran ingresos propios de la actividad manual o intelectual. Además, se reflejan en el balance al final de periodo económico como una ganancia afectada por el impuesto sobre la renta y no como un ingreso propio de la actividad desempeñada”, dijo.
Sin embargo, admitió que, en caso de que un ingreso mensual por alquiler de algún bien por el cual la persona emite factura y no se encuentre inscrito ante la CCSS, “ese ingreso mensual será la base imponible de cálculo para su afiliación al régimen que así disponga la Caja en su reglamento”.
En todo caso, Prendas sugiere que se continúe con el trámite de segundo debate de la iniciativa, se convierta en ley y, posteriormente los diputados hagan un nuevo ajuste, a través de otro proyecto.
Aprobado con objeciones
La iniciativa se aprobó en primer debate el lunes 14 de marzo, con el voto de 22 legisladores de Liberación Nacional (PLN), Nueva República (NR), Restauración Nacional (PRN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Republicano Social Cristiano (PRSC).
En contra votaron 18 diputados de Acción Ciudadana (PAC), PLN, PUSC, PRN, Integración Nacional (PIN) e independientes. El segundo debate se fijó para este martes 22 de marzo.
El diputado José María Villalta anunció que enviaría el proyecto a consulta ante la Sala IV. El frenteamplista sostiene que la iniciativa violentaría la autonomía de la Caja, al tiempo que debilitaría sus finanzas al equiparar los aportes de trabajadores independientes y asalariados. El legislador no objetó que los trabajadores puedan cotizar sobre todos sus ingresos.
Yorleny León, legisladora del PLN, cuestionó que el plan de Prendas cree nuevas obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Entre estas, de acuerdo con la redacción, la de coadyuvar en la atención médica a los indigentes, en los riesgos y accidentes profesionales, y en la campaña de medicina preventiva.
“El texto plantea una nueva obligación para Fodesaf sin fuente de financiamiento”, dijo la verdiblanca al leer una respuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
“Esta nueva obligación que estamos creando puede significar que se dejen de atender a 184.000 jóvenes en las modalidades que se les brinda ayuda, sea a través del programa de becas Avancemos o comedores escolares, y casi 700.000 estudiantes de comedores escolares.
“El Ministerio de Trabajo dice que los recursos asignados al proyecto en cuestión es similar a la combinación de programas sociales de los Cen-Cinai y Conapan. Estamos hablando de 149.000 menores de edad y 17.000 adultos mayores que se verían afectados en pensiones del Régimen No Contributivo”, señaló León.
Prendas justificó las nuevas obligaciones de su proyecto, en que, eventualmente, unos 600.000 trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad, podrían generar nuevos recursos a través de la formalización.
