Escuchar
Los diputados actuales no lograron impulsar el proyecto de reforma a la Constitución Política que endurecería las reglas fiscales del Gobierno, conocido como regla fiscal constitucional, antes de dejar sus cargos el 30 de abril.
El expediente 20.179, promovido por el PUSC, en realidad dio pocos pasos en el plenario, todos ellos atropellados. Ahora, requerirá de al menos un año más para ser promovido.
El muro contra el que chocó la regla fiscal constitucional está conformada por los ocho diputados del Frente Amplio, aseguró el jefe de fracción de la Unidad, William Alvarado.
La iniciativa salió de una comisión especial dictaminadora el 1.º de diciembre, viento en popa hacia el plenario, donde entró en el orden del día el 5 de diciembre y empezó el trámite para su aprobación en primer debate, el 19 de ese mismo mes.
Sin embargo, Alvarado recuerda que cada uno de los diputados tiene derecho a hablar durante 30 minutos sobre el fondo de una reforma constitucional.
A eso se le suma el hecho de que el cuórum, en esos días, estuvo sumamente débil y no se lograba mantener trabajando el plenario consecutivamente.
“Sacando cuentas, con la posición del Frente Amplio, no nos daban los tiempos para ver ese tema. Se estaba hablando de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y los tiempos no daban para ese otro. Se tramitó durante una semana y media y hubo mucho rompimiento de quorum”, comentó el socialcristiano.
LEA MÁS: Avanza proyecto para castigar crecimiento desmedido del gasto público
El problema del proyecto se debe a que el trámite de una reforma constitucional es muy largo, precisamente para que no sea tan fácil hacer cambios constitucionales.
Primero, requiere ser aprobado en dos debates en el plenario y revisado por la Sala IV para que, cumplidos esos requisitos, el presidente de a República lo mencione en un discurso de un 1°. de mayo, a fin de que después sea sometido a otras tres votaciones.
Como esos primeros dos debates no se dieron en este gobierno, ahora será hasta el 1°. de mayo del 2019 que el mandatario Carlos Alvarado lo podría mencionar, si es avalado previamente por los futuros diputados.
Aunque la versión original del proyecto era más dura en sus propuestas, la dictaminada en diciembre tenía un apoyo casi unánime, salvo por los frenteamplistas.
El proyecto plantea reformas a los artículos 176 y 184 de la Constitución Política y establece una norma transitoria sobre la estabilidad económica y presupuestaria.
Entre las propuestas, está fijar como norma en la Carta Magna que los gastos corrientes excedan los ingresos corrientes y señala que, cuando eso ocurra, los proyectos de Presupuesto Nacional deberán ser aprobados con 29 votos, en el plenario.
Las mismas reglas son obligatorias para cuando la deuda del Gobierno Central supere el 50% del producto interno bruto (PIB).
También, se consolida la regla que manda que, si un plan de presupuesto no logra los votos para aprobarse en el Congreso, tendrá que regir para el periodo respectivo el presupuesto del año anterior.
Tal como lo ha solicitado la Contraloría, se abre la puerta para la aprobación de presupuestos plurianuales.
Actualmente, los gastos corrientes del Gobierno exceden los ingresos corrientes. Por eso, los diputados de la comisión especial dictaminadora de la reforma constitucional fijaron un periodo de cinco años para que se disminuya el exceso de gastos sobre ingresos, hasta llegar al límite fijado por la ley.
Frente Amplio: reforma 'peligrosa y agresiva'
El jefe de la fracción del Frente Amplio, Francisco Camacho, alega que una regla fiscal constitucional no existe en ningún país, salvo Alemania, donde dice que no fue un cambio de unos cuantos renglones, sino de todo un proceso.
“Esa regla fiscal es sumamente peligrosa y agresiva, sobre todo en un momento en que las finanzas públicas están sumamente delicadas. Generar un 3% de reducción en el déficit fiscal, en tres años, solo sería posible sacando de circulación 20.000 plazas del sector público por año”, manifestó Camacho.
Según el jefe del FA, así lo ha explicado el Ministerio de Hacienda, sobre el eventual golpe para las finanzas públicas que implicaría la regla fiscal.
Añadió que, si se pone una regla fiscal en la Constitución, pero no se define su mecanismo, le daría permiso al Gobierno de hacer “lo que sea” para cumplirla.
“Eso generaría desestabilización y conflicto social”, argumentó Francisco Camacho.
“Aplicar una regla fiscal, sin tener clara la forma, al final se tendría que aprobar contra el empleo público, lo dijo el propio Ministerio de Hacienda”, concluyó el frenteamplista.
