Los diputados aprobaron este jueves cuatro proyectos de ley para reducir el gasto en las pensiones de lujo que paga el Gobierno.
En cuestión de dos horas, gracias a un acuerdo político entre todos los partidos, los congresistas votaron en primer debate los textos que atenuarán la insostenibilidad de estas jubilaciones.
Con las reformas aprobadas, quienes reciban pensiones de lujo de Gobierno deberán hacer "aportes solidarios" hasta del 75% al sistema. Además, se elevará de 55 a 60 años la edad de retiro y se aumentará el porcentaje de cotización, tanto para jubilados como para empleados que aún cotizan.
El ejercicio político entre las nueve fuerzas fue un asunto de riesgo y de construcción de confianzas entre relaciones tan difíciles como la que mantienen el Frente Amplio y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que eran los principales polos de la negociación.
LEA: Vea en detalle las cuatro reformas en pensiones que los diputados aprobaron
Del acuerdo quedaron excluidas las pensiones del Poder Judicial, punto difícil de la negociación. El Frente Amplio las excluyó del proyecto que exige los aportes solidarios, que por cierto era de su autoría, mientras que la Unidad Social Cristiana (PUSC) quería entrarle a la insostenibilidad de ese régimen.
Sin embargo, la Corte fue sacada mediante una moción, con la idea de reformar las pensiones judiciales en un expediente aparte. Para ello, el PUSC exigió, como condición, aprobar una moción de vía rápida.
Los frenteamplistas expresaron temor de que el bloque opositor, una vez aprobada con 38 votos la vía rápida al proyecto sobre las pensiones del Poder Judicial (expediente 19922), no votara el resto de los proyectos. No obstante, el jefe de fracción, Edgardo Araya, afirmó que tuvieron que correr el riesgo.
Añadió que, en la otra acera, el temor era a la inversa, en caso de que primero se aprobara el trámite expedito y luego los proyectos de pensiones. "Ellos (Liberación Nacional, PUSC y Movimiento Libertario) tenían miedo de que luego el cuórum no se pudiera sostener, para aprobar las vías rápidas luego de los proyectos sobre pensiones", relató Araya.
El jefe socialcristiano, Gerardo Vargas, confirmó que ellos también le tuvieron que ganar a la desconfianza que les generaba el Frente Amplio, que según él, "quería dejar al Poder Judicial por fuera".
De ahí surgió, dijo el rojiazul, la necesidad (con apoyo de los demás opositores) de consolidar la intención de dar vía rápida al proyecto de pensiones de los empleados judiciales.
LEA: Vía rápida a proyectos sobre fraude fiscal y pensiones de la Corte
Una vez finalizada la negociación, primero se aprobó la vía rápida al plan de jubilaciones del Poder Judicial, luego al de mejora a la lucha contra el fraude fiscal y, después, se aprobaron en primer debate los recortes a pensiones de Gobierno.
En el caso de fraude fiscal, le tocó jugar a la jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Garro, que aceptó la condición de la Unidad de dar primero vía rápida a las pensiones del Poder Judicial para poder, luego, imponer su intención -que es obviamente la del Gobierno- para que la iniciativa que crea el registro centralizado de beneficiarios finales de las personas jurídicas tuviera también un trámite de vía rápida.
Principales propuestas.
Hoy, por cada ¢100 que el Gobierno paga por las pensiones de los regímenes de Gobierno, ¢90 debe cubrirlos con deuda pública. Por ello, la Asamblea tomará las siguientes medidas:
-Se exigirá un aporte solidario a los pensionados que reciban más de ¢2,5 millones por mes. Se les reducirá entre un 25% y un 75% del monto que se exceda sobre los ¢2,5 millones. Mientras más grande sea la pensión, más deberán aportar. Por ejemplo, a alguien que reciba ¢10 millones se le deducirá ¢4,2 millones. En todo caso, se aprobó una moción para que ningún rebajo pueda exceder el 55% del monto de la pensión.
-Tanto a los jubilados de Gobierno como a los empleados públicos, que todavía cotizan para estos regímenes, se les deducirá un 9% de cotización; actualmente, se les rebaja un 7%. Además, se autoriza al Ejecutivo para aumentar hasta en un 16% la cotización mensual si media un estudio actuarial sobre la sostenibilidad del sistema. Quedan exentos quienes perciban menos de dos veces el salario más bajo pagado por la Administración.
-Se limitará el crecimiento de todas las pensiones con cargo al Gobierno, de manera que estas aumenten solo por costo de vida, al ritmo de los incrementos semestrales que decreta el Ejecutivo. Así se evitará, por ejemplo, que un pensionado reciba un incremento porque la persona que lo sustituyó, en su puesto, obtuvo un alza por alguna otra razón.
-Se aumenta la edad de retiro de 55 a 60 años. Aún así, esta edad queda por debajo de la que exige la CCSS.
-Los hijos de exdiputados que heredaron pensiones podrán gozar de estas hasta los 18 años y como máximo hasta los 25 si son solteros, estudiantes o personas con discapacidad. Hoy, son vitalicias si no se casan. Sin embargo, se introdujo una moción para mantener el beneficio a los herederos que hoy tienen más de 62 y 65 años, mujer y hombre, respectivamente.
-Se eliminará el aumento del 30% anual que reciben los pensionados del régimen de exdiputados. Ahora, se ajustarán por costo de vida.
Uno de los proyectos aprobados es del Frente Amplio, dos son de Liberación Nacional (PLN) y uno es de Gobierno.
Como parte del acuerdo, también se aprobó el proyecto de Ley de Protección al Inversionista Minoritario (expediente 19530). Esta iniciativa ampliará la potestad de los socios minoritarios de una empresa para solicitar a un juez un auditoraje de la compañía.
Estas reformas no tocan las jubilaciones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en donde las pensiones máximas son de ¢1,5 millones mensuales y de ¢2,1 millones si la persona posterga la entrada en vigencia del beneficio mientras cotiza más. También, se excluye al Magisterio Nacional.
Arbitraje político.
En medio del caos que podía representar para los negociadores un quiebre en la confianza, le tocó al presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez, endulzar y demostrar que no se romperían los acuerdos en ningún momento, pues dice que si solamente una de las votaciones se hubiese embarrialado, nada habría avanzado un solo centímetro.
"Cerramos todos los temas que podrían generar desacuerdo y desconfianza, para tranquilidad de ellos (Frente Amplio) y para quitar los temores", comentó el verdiblanco.
La principal herramienta para lograr el acuerdo fue, finalmente, la reunión con las organizaciones de trabajadores del Poder Judicial a la que convocó el jerarca parlamentario, para tranquilizar sus reparos sobre el trámite expedito de esa reforma al sistema jubilatorio del Poder Judicial.
Esa vía rápida implica, entre otras cosas, que el expediente se analice durante cuatro meses en una comisión, mientras la Universidad de Costa Rica concluye un estudio actuarial sobre ese régimen jubilatorio.
Incluso el libertario Otto Guevara se montó en el carro del triunfo por las votaciones de hoy, pues alabó la negociación y, durante la aprobación de la vía rápia al plan de fraude fiscal -al cual él se opone- no entrabó la discusión; solamente dio su voto negativo, junto con los otros dos libertarios.
Camino a los impuestos.
En una conferencia de prensa improvisada, al final de la sesión, dentro del plenario legislativo, Laura Garro aseguró que la aprobación de los cuatro proyectos es el primer paso para conseguir el objetivo del Gobierno de aprobar la reforma a los impuestos.
"Es un paso que avanzamos para ese plan fiscal que requiere el Gobierno", aseguró.
En la misma sintonía, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, ingresó al plenario para agradecer a los nueve partidos y para opinar que es una señal para los costarricenses y para los observadores internacionales sobre el ataque al déficit fiscal, que ronda el 6% del Producto Interno Bruto (PIB).
"Todos estamos atacando el problema fiscal. Acciones como esta dan credibilidad al Gobierno y de que las cosas se están haciendo bien", adujo Alfaro.
Otto Guevara aseguró que este jueves ha sido el día más productivo que ha tenido la actual Asamblea Legislativa y atribuyó parte del mérito al Poder Ejecutivo.