Un grupo de diputados liderado por Henry Mora, de Acción Ciudadana (PAC), intenta dejar en un cascarón el proyecto de Ley para Regular las Remuneraciones Adicionales al Salario Base y el Auxilio de Cesantía en el Sector Público.
El bloque, compuesto principalmente por diputados del PAC y del Frente Amplio, negocia mociones con el Partido Liberación Nacional (PLN) para quitarle fuste al plan, denunciaron los diputados Ottón Solís (PAC) y Otto Guevara (Movimiento Libertario).
Ambos afirmaron que esa actitud de los liberacionistas se debe a cálculo electoral, para ganar apoyo dentro del movimiento sindical y para que los nuevos impuestos se aprueben durante este Gobierno, algo que le convendría a una eventual administración liberacionista a partir del 2018 para heredar un déficit fiscal más manejable.
El PLN condicionó el avance, por la vía rápida, de la reforma al impuesto sobre las ventas para transformarlo en el impuesto al valor agregado (IVA) a que primero se apruebe, también mediante un trámite abreviado, el proyecto para reformar el empleo público.
En la bancada del PLN rechazan la denuncia y niegan cualquier intento por debilitar el proyecto N°. 19.506 de su diputada Sandra Piszk, y alegan que será hasta este lunes que definirán una posición sobre el plan.
El proyecto homologaría y pondría tope al pago de pluses salariales y a los años de cesantía de los empleados estatales.
Si bien esa intención se ha diluido a lo largo de año y medio de trámite, Mora y el bloque de legisladores todavía bregan por que el texto sustitutivo que produjo una subcomisión de la Comisión de Asuntos Sociales sufra aún más cambios.
Pese a que Casa Presidencial dijo apoyar el proyecto N°. 19.506 tal y como estaba, Henry Mora reconoció que negocia con Sandra Piszk un legajo de mociones que se centrarían en eliminar contenidos que él considera inconstitucionales y “retrocesos” en la legislación laboral.
Aludió la reducción de los años para calcular la cesantía, la renegociación de convenciones colectivas y el mecanismo para calificar el desempeño de los empleados públicos.
De hecho, el jueves el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, dijo que su Gobierno no se arriesgaría a dar una opinión respecto del proyecto de ley debido a que los contenidos de este eran cambiantes.
Desacuerdo. Henry Mora pretende presentar una moción para que a los funcionarios de las universidades que deseen acogerse a la dedicación exclusiva no se les obligue afiliarse a sus respectivos colegios profesionales.
Quiere, además, que el plan diga que, en materia de organización interna, las universidades quedan protegidas por el régimen de autonomía, lo cual impediría, según el diputado Otto Guevara, tocar los regímenes salariales de esas casas de estudio.
Mora también busca eliminar el tope a la cesantía. Él considera discriminatorio imponerlo mientras que no se aplique también a los empleados afiliados a las asociaciones solidaristas que pueden seguir acumulando auxilio de cesantía después de esa cantidad de años.
Además, planteará que se vuelva al esquema de evaluación de desempeño originalmente propuesto, para que sea una comisión, y no el jefe directo de cada empleado, quien decida qué porcentaje de anualidad merece.
Esas tesis las defienden los diputados oficialistas Víctor Morales Zapata, Marcela Guerrero, Marvin Atencio y Javier Cambronero a quienes se les suman los diputados del Frente Amplio.
PLN en la danza. Pero, según Ottón Solís, a la lista también entraría la fracción del PLN.
Solís dijo que Henry Mora reportó a la bancada del PAC que hay diputados del PLN anuentes a “vaciar la sustancia del proyecto”. El fundador del PAC atribuyó esa actitud al cálculo electoral.
“Creo que hay gente dentro del PLN, de acuerdo a lo que el mismo Henry Mora le dijo a la fracción del PAC que, con tal de que haya algo, aprobarían cualquier cosa que se llame ‘reforma al empleo público’ no importa que esté vacío de contenidos sustanciales, para justificar luego la aprobación de impuestos que a ellos les ayudarían en un Gobierno a partir del 2018”, denunció Solís.
Otto Guevara dijo que el PLN puso una trampa al anunciar su respaldo a los impuestos, siempre que se aprobara primero el ordenamiento del empleo público.
“El PLN no condicionó el aval a más impuestos con base en los contenidos del proyecto de empleo público. Ellos bien podrían decir que están aprobando una reforma de ese tipo, aunque esta termine siendo absolutamente inocua”, afirmó.
En respuesta, Sandra Piszk afirmó que rechazaría cualquier cambio que intente quitarle los dientes a su proyecto de ley, decisión que celebró Ottón Solís.
Consensos. Karla Prendas, liberacionista que preside la Comisión de Asuntos Sociales, dejó abierta la puerta para flexibilizar la iniciativa, con tal de tener un texto que acumule apoyo suficiente para convertirse en ley.
“(En el PLN) hay posiciones encontradas, sobre todo en temas de fondo del proyecto (...).
”Estamos abiertos a cualquier flexibilización y negociación que pueda permitir que un proyecto eficiente, que llene las expectativas en materia fiscal y con el que los gremios sientan comodidad y no amenaza”, afirmó.
Prendas dijo que esa actitud abierta debe asumirse, aunque implique reducir la rigurosidad del proyecto de ley. “Diay, eso pasa. Pasa en cualquier proyecto (...). Ese es un escenario que puede suceder. Reducir, flexibilizar, acomodar, eso es algo que puede suceder y que es parte de la realidad que tenemos al día de hoy”.
Antonio Álvarez, liberacionista que preside el Congreso, dijo que la negociación entre el PLN y el PAC no pretende ablandar el proyecto. Sin embargo, reconoció que su bancada deberá ceder espacio al oficialismo, pues necesita a sus diputados para amarrar los 38 votos necesarios para aplicar la vía rápida al proyecto.
“¿Cualquier acuerdo es bueno? No. Ojalá que podamos mantener la columna vertebral del proyecto, que es ordenar los pluses, no creo que estemos ni cerca de perder esa identidad”, dijo.
La iniciativa N°. 19.506 pretende estandarizar el porcentaje de la anualidad en todo el Sector Público a un máximo de un 2,54% del salario y eliminar su pago automático. En la actualidad hay entidades, como el Instituto Nacional de Seguros (INS) que pagan anualidades entre el 3% y el 9,9%. Además, el plan quiere fijar en 8 años el tope de cesantía para todo el aparato estatal.