Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, foro donde se discute la ley de reforma al empleo público, incluyeron la dedicación exclusiva y el zonaje como factores que deberán sumarse cuando se calcule el futuro salario global de cada puesto en el sector público.

Mediante la moción 319, los legisladores decidieron otorgarle puntos a la restricción al ejercicio liberal de la profesión “en los puestos que requieran dicha consideración”, lo que hoy se conoce como el incentivo por dedicación exclusiva y que equivale hasta un 65% del salario base si el funcionario entró a laborar antes de la reforma fiscal (diciembre del 2019) y hasta 25% si entró después.

Además, los ocho diputados de la Comisión aprobaron incluir puntos por desarraigo “para aquellos puestos fuera de la Gran Área Metropolitana, y donde se demuestre ausencia de disponibilidad de personal altamente especializado”.

“El factor de desarraigo se reconocerá de forma temporal mientras persista la situación de escasez de personal. No podrá ser reconocido cuando la jornada laboral sea parcial en el lugar destacado”, dice la moción.

Actualmente, en el sistema de pluses, esa condición se retribuye con el incentivo conocido como zonaje.

Los votos afirmativos fueron de los liberacionistas Luis Fernando Chacón, Jorge Luis Fonseca y David Gourzong; Victor Morales, de Partido Acción Ciudadana (PAC); Jonathan Prendas, del bloque Nueva República; José María Villalta, del Frente Amplio (FA), y los independientes Zoila Volio y Dragos Dolanescu.

Estuvo ausente Pablo Heriberto Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La dedicación exclusiva es un plus que ya había sido regulado por la reforma fiscal (ley 9635).

Moción 319 ‘mete un gol’

Pese a que los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron este jueves la moción 319, acordaron revisarla el próximo lunes.

El legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca argumentó que dicha propuesta “mete un gol”, al crear un inciso nuevo para la restricción del ejercicio liberal de la profesión.

De hecho, el rojiazul fue quien presentó la moción para revisar la propuesta 319.

Él sí estaba de acuerdo con la moción anterior, la 318, que solo preveía incluir el desarraigo.

“He presentado esta moción porque tuve que atender otra cosa y no pude estar en esta discusión, pero hay que verlo en conjunto. Si usted agarra la (moción) 318, están hablando de un inciso nuevo para tomar en cuenta el desarraigo. Si usted ve la moción 319, está hablando del desarraigo, pero mete un gol adicional. Es un inciso nuevo para la restricción del ejercicio liberal. En turrialbeño, eso es prohibición, y eso ya está regulado en la (ley) 9635 (reforma fiscal)”, argumentó el diputado.

Abarca agregó: “Si le estamos dando rango aquí, estamos generando una antinomia y, realmente, estamos retrocediendo. Yo apoyo la (moción) 318 porque me parece que es importante, pero agregar otro adicional es introducir una discusión mucho más compleja, y ya eso es otra cosa”.

La prohibición es diferente a la dedicación exclusiva. Actualmente, la prohibición es un pago obligatorio, establecido en el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, para funcionarios de ciertos puestos, como magistrados y ministros. Es decir, no es opcional, a diferencia de la dedicación exclusiva.

Antes de la reforma fiscal, la prohibición equivalía hasta un 65% del salario base; ahora, equivale hasta un 30%.

Por su parte, José María Villalta, el único diputado del Frente Amplio (FA), pidió “consultar jurídicamente” la moción 319 “antes de aprobar o rechazar una revisión”.

“Si el diputado Abarca tuviera razón y estamos duplicando, yo no estaría de acuerdo, porque ya estaría eso reconocido, pero yo entiendo que con esa ley estamos derogando esos complementos salariales, porque al decir salario único para todos los actuales es que, una vez que pasan a salario global, a nadie se le va a poder pagar ni siquiera ese complemento salarial por prohibición, pero la prohibición va a seguir existiendo”.

Añadió: “Aquí yo veo dos opciones: o se interpreta y se deja constando, claro, que los complementos salariales por prohibición no se están derogando, que yo veo que eso sería incompatible con el salario global, o debe contemplarse aquí eso, y eso es una carencia de esa ley, que hace derogatorias tácitas”.

Mideplán: Eso no estaba en la propuesta del Gobierno

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo a La Nación que, dentro de la propuesta del Gobierno, no estaba la incorporación de la restricción al ejercicio liberal de la profesión al cálculo de la columna salarial.

Según comentó la jerarca de Ministerio de Planificación (Mideplán), esta moción obedece a dos solicitudes de los diputados.

“Eso fue, dentro de las reuniones informales, algo que los diputados pusieron sobre la mesa, de que, primero, no se puede restringir el derecho humano al trabajo sin hacer una compensación, que sería para puestos muy determinados”.

“Y, segundo, de que en los balances y en la prestación adecuada de servicios públicos a las zonas fuera de la GAM, se pudiera establecer algún tipo de pago dentro de la columna salarial, siempre y cuando haya condiciones como que, efectivamente, no hay disponibilidad de personal y de que hay un nivel de especialización requerido en el mismo”, explicó Garrido.

Según la ministra, eventualmente, la restricción al ejercicio liberal de la profesión “se estaría incorporando en algunos puestos particulares”.

“Ahora, eso hay que cerrarlo mucho con el análisis de los grados y de acuerdo con qué perfiles serían los que ostenten la prohibición vía reglamento, que es distinto a lo que existe en los esquemas actuales de prohibición y dedicación”, añadió.

Expresó, además, que el texto de reforma al empleo público, de momento, no establece la firma de contratos de dedicación exclusiva, pero consideró que ”sería lo más conveniente”.

“Para garantizar que esa compensación, que se les reconocería a algunos puestos muy específicos, no tendría el alcance que tiene ahora, que todo el mundo firma contrato de dedicación exclusiva casi que en automático, sino que estaría acotada a fines concretos, donde sí se ve aceptado el ejercicio del trabajo, y para prevenir prácticas contrarias a lo que se requiere, de integridad, anticorrupción y conflicto de interés”, concluyó.

*Colaboró el periodista Esteban Oviedo