Un grupo de 10 diputados frenó este jueves el proyecto de legalización del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial, mediante la presentación de una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV.
Con ello, quedó suspendida la votación en segundo debate del plan que fue aprobado el martes en primer debate.
La diputada Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), confirmó vía telefónica que se presentó la consulta facultativa en el tribunal constitucional, a las 2:50 p. m.
La consulta la firman Alvarado, Floria Segreda y Giovanni Gómez, de Restauración; los fabricistas Ignacio Alpízar, Marolin Azofeifa y Harllan Hoepelman; Wálter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano (PRSC); y los independientes Erick Rodríguez y Shirley Díaz.
Los consultantes alegan que se produjo una violación del derecho de enmienda y deliberación de los congresistas en el trámite de la iniciativa, además de plazos no razonables y desproporcionados que “lesionaron el derecho de las minorías” legislativas.
“La dinámica de las posposiciones y alteraciones (en el orden del día) ha perjudicado ese derecho y también afecta la validez del trámite seguido por los proyectos que han sido privilegiados por el uso abusivo de este mecanismo”, dice el documento.
En la argumentación, también dicen que la práctica de priorizar ciertos proyectos por encima de otros es contraria al principio democrático e implica infracciones sustanciales al trámite legislativo, “siendo acelerados o impetuosos, impidiendo una discusión y debate adecuado de mociones de orden que posponen o alteran el orden del día”.
Igualmente, los diputados reclaman por la dispensa de lectura de las mociones de reiteración en el expediente 21.338, bajo el argumento de que produce un mayor estrechamiento del ejercicio de las funciones de los legisladores, “quienes al no escuchar el texto que se está proponiendo reformar, prácticamente lo ignoran, porque no lo tienen a mano”.
En cuanto al reclamo de fondo, alegaron una violación a la protección de los bienes jurídicos sobre los cuales el Estado debe garantizar protección y resguardo.
En ese aspecto, Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), adujo que hay un irrespeto a los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en materia de seguridad nacional y lucha contra el tráfico internacional de drogas.
La restauracionista también cree que se podría generar un grave daño a la salud pública, del cual sería corresponsable el Estado. Parte de la argumentación de Alvarado se intenta sustentar en los criterios negativos del Ministerio de Seguridad Pública y del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
El proyecto, tal como fue aprobado en primer debate por 33 congresistas, autoriza la producción de plantas de cannabis, tanto las que tienen alta concentración de tetrahidrocannabinol (TCH), para su uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, para uso alimentario e industrial.
La idea de los congresistas es generar reactivación económica mediante la apertura de una nueva actividad productiva. Para la producción de ambas plantas, los productores tendrán que registrarse ante el Estado y brindar amplia información a las autoridades sobre sus actividades.
Los ministerios de Agricultura y Salud tendrán a su cargo la regulación de los mercados de cáñamo y cannabis, respectivamente. Ambas carteras, junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tendrán las potestades de inspección y fiscalización periódicas sobre los productores y desarrolladores de los derivados de cannabis y cáñamo.
El plan autoriza la venta de materia prima de cannabis para fines medicinales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.
La propuesta también autoriza que las empresas relacionadas con la producción de derivados de cannabis y la industrialización del cáñamo se instalen en el régimen de zonas francas, pero no las firmas dedicadas al cultivo.
El cannabis es una especie vegetal de la familia cannabácea, capaz de producir cannabinoides. El cannabis no psicoactivo se conoce como cáñamo por su bajo contenido de tetrahidrocannabinol (THC) y no tiene propiedades psicoactivas, pero sí múltiples posibilidades de aprovechamiento industrial, mientras que el psicoactivo tiene altos niveles de THC: la marihuana.
El proyecto permitirá que personas jurídicas, pero también físicas, tengan acceso a licencias para cultivo y producción de cannabis medicinal o sus derivados. Los congresistas un 40% de las licencias sean para medianos y pequeños productores, con el fin de abrir ese mercado a los emprendedores, además de inversionistas nacionales y extranjeros.
En cuanto al impuesto específico, las empresas de la industria del cannabis tendrán que pagar un tributo específico del 1% sobre las utilidades. Las firma que se alojen en zona franca deberán pagar dicho impuesto.
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