Los diputados aprobaron, este miércoles, un proyecto de la socialcristiana María Inés Solís que autoriza extender, por un plazo de tres meses más, la reducción de las jornadas a los empleados del sector privado por causa de la pandemia de coronavirus.
En marzo de este año, los diputados aprobaron la autorización para reducir las jornadas de trabajo, por un periodo de tres meses, prorrogable dos veces por periodos iguales. Ese máximo de nueve meses se cumple este 31 de diciembre.
El proyecto aprobado este miércoles aplicaría, entonces, para los meses de enero, febrero y marzo.
La propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) establecía, originalmente, que la prórroga se pudiera extender por seis meses; sin embargo, luego de un acuerdo entre las fracciones políticas, se mantuvo solo por un periodo de tres meses.
Además, se introdujeron nuevas condiciones para los patronos que recurran a la medida:
-Será obligatorio que el patrono haya sostenido en sus empleos a las personas sujetas a la reducción de la jornada, a quienes se les pretenda ampliar el plazo.
Según la socialcristiana María Inés Solís, proponente del proyecto, la idea de esta medida es evitar que a una persona que haya sido despedida se le recontrate por tiempo completo y, después, se le reduzca la jornada.
-El proyecto establece que el Ministerio de Trabajo solo podrá autorizar la prórroga cuando los empleadores no hayan abusado de los mecanismos establecidos para esa reducción de la jornada y que hayan incumplido la legislación laboral.
-El patrono tendrá prohibido establecer horarios laborales fraccionados a sus empleados o pagar horas extra a otras personas trabajadoras, en vez de reincorporar a las personas con jornada reducida.
Por tiempos fraccionados, se entiende una distribución de horas laborales separadas en distintos momentos del día, que impida al empleado dedicar su tiempo a otra actividad productiva.
La iniciativa recibió el voto favorable de 35 congresistas, mientras que cuatro estuvieron en contra, principalmente, bajo el reclamo de que no existen datos sobre los supuestos beneficios o efectos negativos de la medida.
El proyecto de Solís hace una reforma a la ley 9832, aprobada en marzo pasado, que autorizaba la reducción de las jornadas de trabajo, con su consecuencia en los salarios, a los empleados del sector privado por la emergencia nacional del covid-19.
El plan introduce un transitorio en esa ley, donde permite que se extienda la reducción de las jornadas por tres meses, únicamente a causa de la pandemia del covid-19 y en tanto el patrono acredite ante la Inspección de Trabajo esos efectos negativos.
En contra estuvieron Paola Vega y Welmer Ramos, del PAC; Melvin Núñez, de Restauración Nacional, y José María Villalta, del Frente Amplio.
La oficialista Paola Vega criticó la iniciativa y anunció que su voto sería negativo. Además, criticó que no haya datos claros en el Ministerio de Trabajo sobre los efectos de esa primera autorización para la reducción de jornadas en el sector privado.
Según María Inés Solís, la proponente de la iniciativa, habría que revisar en marzo si fuese necesario, de nuevo, ampliar la autorización.
El frenteamplista José María Villalta cuestionó que se quisiera correr con dicho proyecto, por petición del sector empresarial, pero no se haya tramitado otros proyectos que también se presentaron en el contexto de la pandemia.
Tanto Villalta como Vega criticaron que no haya información que pueda establecer si realmente es necesario aprobar dicha autorización, y ver claramente dónde se necesita y dónde no.
“Lamentablemente no se está considerando ninguno de esos aspectos”, apuntó Villalta.
Añadió que el plenario se está apresurando y no cuenta con la información adecuada para avalar la iniciativa.