Diputados de cinco partidos exigieron al gobierno de Rodrigo Chaves investigar con inmediatez el negocio de escáneres de Radiográfica Costarricense (Racsa) que fue declarado confidencial, así como garantizar que no ha habido infiltración de organizaciones vinculadas al crimen organizado o el narcotráfico.
Así reaccionaron luego de que La Nación dio a conocer que Braulio Venegas Dijeres, quien debió renunciar a la presidencia del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) por su relación con un sospechoso de presunto narcotráfico y lavado del Caso Corona, fue la persona que conectó a Racsa con su socio estratégico para los escáneres.
En la investigación de una aparente banda dedicada al tráfico de cocaína líquida, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) escuchó al abogado Francisco Montes Fonseca hablar con otro sospechoso de que un amigo “que mueve todo por detrás” los ayudaría a entrar en el negocio de los escáneres y los predios que se necesitaban. Además, dijo que “Braulio” los haría una cita con Racsa y con la empresa.
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El 27 de noviembre, Braulio Venegas debió renunciar al Incop al trascender que en mayo, siendo directivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y asesor de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), gestionó una reunión para Montes en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), a fin de hablar sobre los predios de esta entidad.
Carlo Magno Burgos, gerente del consorcio socio de Racsa, afirmó que conoció a Montes Fonseca en la universidad, pero no tiene ninguna relación comercial ni personal con él, además de que ningún miembro del grupo empresarial se reunió con él para hablar de los predios.
Burgos sostuvo que el consorcio Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A. ganó un concurso de Racsa con todos los requerimientos y en el marco de la ley.
Diputados exigen acción inmediata
Para Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), es preocupante el vínculo de gente que estuvo en el gobierno y su intención de gestionar espacios en los que el narco se puede filtrar, en decisiones o procesos que son de mucho cuidado.
“Nos preocupa muchísimo que ese contrato pueda estar viciado por un tema de narcotráfico. Los escáneres son tecnología orientada a controlar ese tráfico ilícito de mercancías y tiene que ver con el tema del narco. Esto nos da pie a preocuparnos sobre las posibilidades de ese modelo de narcoestado que se ha dado en otras regiones latinoamericanas”, recordó.
Robles agregó que el gobierno tiene que tomar acciones de inmediato, “revisar ese contrato, que no puede seguir siendo privado”.
“Hay que revisar cuáles fueron los alcances, y que las entidades a las que les corresponda investiguen, incluso la Asamblea Legislativa, para tomar acciones y ver cuáles vínculos políticos dentro del gobierno puede haber con estos grupos de narcos”, dijo el frenteamplista.
Para Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), no se puede permitir una indebida injerencia en temas tan trascendentales como el de los escáneres.
“No podemos dejar de pensar que el señor Venegas es apenas un punto en medio de un bordado muy profundo. Tenemos que jugar un papel desde el control político, pero también las autoridades correspondientes deben encender las alarmas”, declaró Vanessa Castro, de la Unidad.
Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLP), llamó vehemente al Poder Ejecutivo para que actúe, investigue y destituya a quien tenga que hacerlo, pero que además “revise los contratos y las relaciones comerciales que se den a partir de esos contratos y las personas involucradas”.
“Es uno de los temas más graves que hemos visto en los últimos años. Nos preocupa que el país y la institucionalidad estén siendo tomados por las bandas delictivas”, dijo.
En Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás consideró que los escáneres parece ser un objetivo clave para estas organizaciones criminales. “Imagínese lo peligroso de que un grupo narco pueda, por interpósita mano, operar los escáneres. Es como dejar al gato cuidando la carne, se la come”, dijo.
Añadió que bien podría un grupo cobrar peaje a otros narcos para dejar pasar ciertos contenedores. “¿Dónde está la inteligencia de este país, dónde está la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional)?, las organizaciones encargadas de alertarnos”, dijo.
Nicolás también cuestionó cómo Zapote nombró a Braulio Venegas en el control del principal puerto del Pacífico.
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, de Nueva República (PNR), reconoció que un modus operandi del narco es controlar ciertos funcionarios en puestos clave es, por lo que calificó la situación de sumamente seria.
Por su parte, el jefe del PLP, Eliécer Feinzaig, afirmó que el Caso Corona ilustra todo lo que está mal en la lucha contra la corrupción en el país. “La contratación directa entre entes público ha sido utilizada de manera reiterada para favorecer a los amigotes del gobierno de turno”, puntualizó.
El diputado recordó que, si bien la Contraloría le dijo al Ministerio de Hacienda que no podía contratar a Racsa de forma directa, el gobierno siguió adelante con el mecanismo, solo cambiando a la institución líder del proyecto.
“Una vez adjudicada Racsa, que sabe de escáneres lo que sabe una chancha de aviación, quedaron las puertas abiertas para que los mercaderes del poder hicieran de las suyas”, reclamó.
También, declaró que no siempre la Uccaep puede fiscalizar lo que hacen los más de 100 representantes que tiene en el sector público con su nombre y representación, lo que facilitó que Venegas usara su nombre para promover sus negocios y los de sus amigos.
“Más preocupante aún es que una persona así fuera luego nombrada presidente ejecutivo de una institución pública para la que no reunía los atestados necesarios. Lo hace a uno cuestionar con qué criterio escoge el presidente Chaves a los jerarcas de su gobierno”, declaró Feinzaig.
Alejandra Larios, también del PLN, hizo un llamado a realizar todas las investigaciones necesarias y llegar a las máximas consecuencias para saber si hubo infiltración en la administración pública, y determinar también si se están haciendo contratos a la medida.
“Lo primero es poner sobre la mesa los contratos, en esto no puede haber confidencialidad, por la preocupación que esto genera. El gobierno tiene que transparentar y quitar toda la nubosidad que haya sobre esto”, acotó la liberacionista Dinorah Barquero.
Priscilla Vindas, representante del FA en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, cuestionó que el gobierno esté tercerizando servicios que tienen relación con la seguridad nacional, con el manejo de fronteras y puertos, porque son clave para el narco.
“El narcotráfico y el crimen organizado se han vuelto muy hábiles para presentarnos empresas que parecen legítimas, pero detrás tienen actividad delictiva y entrar a tener información que, de otra manera, no tendrían”, agregó.