EscucharLos diputados aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto de ley que elimina el millonario aporte anual que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) hace al fondo de ahorro de sus empleados y que es cargado a los precios de las gasolinas y el diésel.
Se trata de una modificación al artículo 3 de la ley 8847, norma que da personalidad jurídica al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores de Recope.
La reforma elimina el aporte anual de Recope y dice que, de ahora en adelante, el fondo se nutrirá con la contribución personal de los empleados, los bienes producto de su giro normal y los demás bienes y derechos que adquiera el fondo.
Actualmente, el artículo 3 dice que el fondo se alimenta del “pago que hace la empresa (Recope) en cumplimiento del contrato colectivo de trabajo”.
El expediente 22.027 fue presentado por el diputado Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y recibió el aval de 37 congresistas, mientras que dos votaron en contra: José María Villalta, del Frente Amplio, y la independiente Paola Vega.
Según datos mencionados por Masís, esa ley obligaba al pago anual de unos ¢2.600 millones, lo que significa que, desde la existencia de la norma, se le han pasado al fondo más de ¢55.000 millones de recursos públicos cobrados a los consumidores de combustibles.
Desde el año 1978, además del aporte Recope, esta estructura percibe un aporte obligatorio de los trabajadores de esta empresa pública.
“No resulta lógico ni sostenible que después de tantos años de operación, el fondo no haya desarrollado la capacidad de ser autónomo en su sostenibilidad administrativa. La situación que vivimos nos obliga a recortar estos gastos y a encontrar la forma de abaratar el costo de la vida de los costarricenses, ya que los aportes de todos los que pagamos por el combustible se está alimentando este fondo”, añadió Masís, quien agregó que, desde el 2010, el fondo funciona de manera privada sin regulación ni fiscalización.
“Hoy, avanzamos en cerrar un portillo para que se dejen de desviar más de ¢2.000 millones anuales, de fondos públicos a un fondo privado”, destacó.
Pese a ser creado desde 1978, Recope solo tiene registro de las transferencias realizadas desde 1999, que, a junio del 2020, alcanzaron los ¢54.661 millones, para un promedio de ¢2.610 millones al año.
Además de esta transferencia al fondo, Recope debía realizar transferencias adicionales para los gastos administrativos, los cuales del 2009 al 2020 ascendieron a casi ¢8.000 millones.
El legislador socialcristiano acusó que no hay registro de los aportes de los 30 años anteriores al 2009.
