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Mientras muchas poblaciones del país tienen sus grifos secos, los diputados reciben cada día, en su curul, un vaso con agua que pueden consumir y pedir que se lo llenen una y otra vez.
Tal vez por eso los congresistas se han olvidado, durante los últimos seis años, de las leyes que buscan proteger las fuentes acuíferas y asegurar el acceso de los ticos a un recurso hídrico puro y sin contaminación.
Intereses de varios sectores económicos han pesado más en los legisladores que la necesidad universal de la población de tener acceso al líquido vital.
En el camino, se han quedado sin apoyo planes como la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Esta iniciativa popular lleva dos años de retraso, luego de que venciera el plazo establecido para su votación definitiva.
También se han rezagado tres reformas constitucionales que establecen el acceso al agua como un derecho humano.
Dichas iniciativas llevan entre seis y nueve años sin que hayan recibido ningún trámite. Entre tanto, el número de comunidades que sufren con la pésima gestión del recurso hídrico aumenta día con día.
Según datos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en Puriscal y Atenas hay poblaciones que casi no reciben agua, mientras que Cañas y Abangares tienen fuentes contaminadas.
El ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, agrega los casos de Paraíso de Cartago y de algunas regiones del cantón josefino de Pérez Zeledón.
Dos años de mora. La principal ley que vendría a ordenar la gestión del agua fue presentada por iniciativa popular al Congreso, en el 2010. La ley le fija dos años para su aprobación, que se extienden por opiniones legales a cuatro.
Ya pasaron dos años desde que ese plazo se venció y todavía no se resuelven las inconstitucionalidades detectadas por la Sala IV, en agosto del 2014, en el texto que fue aprobado en primer debate en el plenario legislativo.
Los magistrados cuestionaron, por ejemplo, que en el proyecto definitivo se incluya una reducción del área de protección de las fuentes de agua sin que mediara un criterio técnico.
Dicho recorte se aprobó tras una negociación entre diputados de varios partidos y el sector agropecuario.
Hoy, el bloque opositor (Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario y partidos cristianos) quieren devolver el plan a una comisión para efectuarle allí los ajustes solicitados por la Sala IV.
Mientras, el Frente Amplio (FA) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) abogan por hacer los arreglos en el plenario para agilizar su aprobación definitiva.
Edgardo Araya, jefe del FA, explicó que enviaron a nueva consulta en la Sala IV sobre cuál debería ser el trámite para ese proyecto, a la luz de lo que establece la Ley de Iniciativa Popular.
La jefa liberacionista Maureen Clarke adujo que su bancada debe realizar otra valoración para fijar la senda por seguir.
Para Johnny Leiva, diputado de la Unidad, la culpa de que la ley de gestión del agua no esté en agenda es del Gobierno, que, según dice, sigue buscando espacios de negociación con el sector agropecuario sobre este tema.
Leyes en el olvido
Exp. 17.742: Ley para gestión integrada del recurso hídrico. Llegó al Congreso en mayo del 2010. Está en segunda consulta ante Sala IV. Cumplió plazo de aprobación en mayo del 2014.
Exp. 17.946: Adición de un artículo 50 bis a la Constitución Política, para reconocer el derecho humano de acceso al agua. Presentado en el 2010, no se le ha hecho ningún trámite.
Exps. 17.795 y 17.793: Reformas constitucionales (art. 50) para garantizar el derecho fundamental a la salud y el acceso al agua. Está desde el 2010, sin trámite legislativo.
Exp. 16.897: Adición de un artículo 50 bis y reforma a inciso 14 del artículo 121 de la Constitución para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Por ocho años encabezó reformas constitucionales, sin ningún avance real.
