Los diputados aprobaron este jueves, en primer debate, un proyecto de ley que asegura mayores herramientas a las autoridades policiales del país para inutilizar las pistas de aterrizaje clandestinas, empleadas mayormente para el narcotráfico.
Se trata de una iniciativa de la legisladora independiente Zoila Volio, que establece como mecanismos para destruir esos aeródromos ilegales la siembra de árboles, apertura de zanjas y hasta el uso de dinamita, en los casos que sea necesario.
El proyecto tuvo el apoyo unánime de los 43 diputados presentes en el plenario legislativo.
La iniciativa de Volio establece el marco legal para que el Servicio de Vigilancia Aérea pueda anular aeródromos, aeropuertos, campos de aterrizaje y todo tipo de estructuras utilizadas para el trasiego de cocaína y marihuana, pero también para otras actividades ilegales.
A marzo de este año, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reportaba que, gracias a tecnología satelital, habían identificado 141 pistas clandestinas en todo el país, en conjunto con cooperación estadounidense y panameña.
El despacho de Volio informó de que la cifra actualizada de pistas ilegales, según datos oficiales, es de 156.
Hasta ahora, la falta de herramientas legales venía obstaculizando las posibilidades de destruir esas instalaciones, pese a conocer el punto exacto, la finca e, incluso, el propietario de los terrenos donde se ubican.
La iniciativa permite que la Fuerza Pública, Vigilancia Aérea y las municipalidades puedan inutilizar esos sitios mediante un trabajo conjunto.
Aunque la iniciativa establece el empleo de dinamita como una opción para destruir las pistas, en su último trámite se hizo una modificación para que ese tipo de explosivo no se pueda utilizar en áreas protegidas.
Seguridad Pública ha indicado que, pese a ubicar e identificar exactamente los puntos donde se ubican esas pistas, actualmente el procedimiento es sumamente rudimentario y no rinde frutos.
En marzo pasado, el ministro Michael Soto explicó que solo se le podía notificar al propietario de la finca y se le ordena inhabilitar la pista, aeródromo o helipuerto ilícito, sin que haya sanciones para las personas y, menos aún, permiso para que la policía ingrese y pueda destruir la pista.
En el texto del proyecto aprobado, se define específicamente aeródromo, aeropuerto, campo de aterrizaje, helipuerto y pista, específicamente cuando estas sean clandestinas.
La iniciativa enfatiza las potestades del Servicio de Vigilancia Aérea para verificar las pistas con autorización vigente para operar, así como la potestad de la Dirección General de Aviación Civil para declarar las que sean ilegales.
¿Cómo se destruye una pista ilegal?
Una vez que Aviación Civil determine que una pista es ilegal o clandestina, se notifica al propietario, poseedor o arrendador del terreno y se le da 10 días hábiles para probar la condición del aeródromo.
El Servicio de Vigilancia Aérea tendrá otros 10 días hábiles para resolver y el propietario tres para presentar recursos de revocatoria.
Si la notificación es infructuosa, se publicará en forma de edicto en el diario oficial, La Gaceta.
Pasados 10 días, Vigilancia Aérea procederá con la inhabilitación, destrucción o demolición de la pista, con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, otras instituciones o municipalidades.
Los métodos para inhabilitación, demolición o destrucción permitidos son:
-Siembra de árboles o palmeras
-Movimiento de tierra con maquinaria
-Uso de dinamita
-En caso de que la pista esté en área protegida, solo se autoriza la inhabilitación con apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)
Según el frenteamplista José María Villalta, el proyecto permite definir un procedimiento administrativo para cumplir con una potestad del Estado, frente a las pistas clandestinas que ponen en operaciones personas particulares.
“Evidentemente, el crimen organizado no cumple con los requerimientos y trámites para tener pistas. El proyecto plantea un procedimiento expedito para que las autoridades policiales declaren la ilegalidad cuanto encuentren una pista clandestina”, dijo.
La oficialista Carolina Hidalgo destacó el trabajo de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para tramitar el proyecto para dotar al Estado de herramientas para combatir el crimen organizado.
La legisladora aplaudió el apoyo a la iniciativa, pero reclamó que, si bien con el proyecto de las pistas se ha entendido bien el concepto del bien público por encima de otros bienes jurídicos tutelados, o sea la seguridad nacional por encima de la propiedad privada, no sucede lo mismo en otros proyectos de ley, como el de extinción de dominio.
Melvin Núñez, de Restauración Nacional, clamó por acciones para evitar que el país siga funcionando como puente para el narcotráfico. Eso sí, alegó que las autoridades no deberían abusar de esas herramientas, pues dijo que cuando se persigue a los pescadores sospechosos de colaboración con el narco, les afectan sus embarcaciones, sus hieleras y demás.