Los diputados de la comisión de Asuntos Económicos apuran la aprobación de un proyecto de ley que crearía un mecanismo de identificación y registro de licores, a pesar de que es objetado por los ministerios de Hacienda y Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Incluso, la Contraloría General de la República (CGR) y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa hicieron una serie de observaciones sobre el contenido del texto que no fueron acogidas por los congresistas.
Se trata del expediente 20.961, el cual ya fue dictaminado afirmativamente por unanimidad en ese foro legislativo y que está a punto de discutirse, para su aprobación final, en el plenario del Congreso.
La iniciativa reforma el artículo 15 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley N.° 9047), donde se habla de la adulteración y el contrabando de licores como un delito y se fijan las sanciones respectivas.
En ese apartado es donde se pretende introducir la creación de esa herramienta de control. La intención es que cada una de las botellas de licor que se vendan en el país cuente con algún distintivo (código de barras o QR) o numeración que permita rastrear su origen y así evitar el comercio ilícito.
Además, la iniciativa añadiría a la legislación actual el término “imitación de licor".
Sin embargo, entre otras cosas, las entidades del Estado cuestionan que el plan de ley le asigne a Hacienda la implementación de ese mecanismo de identificación, sin establecer de previo, cuál será su fuente de financiamiento.
“No se menciona de dónde tomará el Ministerio de Hacienda el presupuesto para implementar el mecanismo de identificación al producto adulterado, imitación o de contrabando”, subrayó la Policía de Control Fiscal, en su respuesta.
Al mismo tiempo, se objeta que se incorpore el término de “imitación” sin antes definir a qué se refiere exactamente ese concepto.
También, se señala que el proyecto le quitaría al Ministerio de Salud la facultad para determinar cuándo un licor está adulterado, y no se establece cuál entidad será la encargada de realizar las pruebas de adulteración.
Otros de los aspectos criticados es que se le darían a la Policía Municipal y a los inspectores municipales competencias que, por ley, solo le corresponden a la Policía Fiscal, al tiempo que se generaría un exceso de trámites o se podría poner en riesgo la seguridad jurídica del país.
“Respecto a la creación del mecanismo de identificación y registro de los licores nacionales y extranjeros, que deben establecer el Ministerio de Hacienda y el MEIC, es importante tomar en consideración los posibles gastos en los que deberá incurrir para implantarlo a nivel nacional. Además, la norma queda abierta a muchas posibilidades, sin definir ninguna, y esto puede degenerar en inseguridad jurídica”, consignó el órgano contralor en su respuesta.
Los cuestionamientos vertidos por Hacienda, el MEIC, la Contraloría y Servicios Técnicos fueron esbozados por escrito ante consultas hechas por la comisión, según consta en el dictamen afirmativo del proyecto. No obstante, a nadie se le convocó a audiencia para exponer sus alegatos en persona.
En ese documento también consta la oposición de cinco municipalidades (Grecia, Cartago, Abangares, Esparza y Montes de Oro), y de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio de Costa Rica (AmCham).
El plan de ley fue presentado a la corriente legislativa por los diputados Roberto Thompson, Daniel Ulate y María José Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN); junto a Ewen Masís y María Inés Solís, de la Unidad Social Cristina (PUSC).
Interés en acelerar el trámite
En la Comisión de Económicos, el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca fue uno de los diputados que dictaminó afirmativamente la iniciativa. Él asegura que votó de esa manera porque existe un acuerdo a lo interno de ese foro para modificar el texto mediante mociones de fondo, vía artículo 137 del reglamento legislativo.
Abarca asegura que él tiene dudas sobre la redacción actual del plan y que así se lo hizo saber a los liberacionistas Thompson y Ulate, pero que ellos insistieron en dictaminarlo, bajo el compromiso de que se harían cambios más adelante.
“Me parece que sí hay un interés particular de algunos diputados de acelerarlo (el trámite del proyecto), pero también tengo que decir que ha habido espacio para construir un texto de consenso".
“Pedí a los diputados un espacio para que la otra semana el proyecto no se mueva y podamos construir un texto que satisfaga a los sectores”, dijo el congresista y señaló a Roberto Thompson, a Daniel Ulate y a Erwen Masís, este último del PUSC, como los diputados que apuran la aprobación de la iniciativa.
Y agregó: “Yo tengo dudas en que ese mecanismo (de identificación y registro) sea efectivo en la práctica, en la vía comercial un sello o una etiqueta no garantiza el tema del contrabando, debe combatirse por otro lado.
"Y me parece que están combinando un tema de las adulteraciones de licores con este tema (de contrabando) que no tiene nada que ver y, además, que el proyecto no resuelve”.
Erwen Masis defendió el contenido del proyecto, negó que exista un interés particular por acelerar su aprobación y acusó a algunos voceros del Estado de criticar la iniciativa sin tener estudios de respaldo.
Por su parte, él asegura que impulsa la creación del mecanismo de identificación y registro de bebidas alcohólicas con base en la experiencia vivida en países como Ecuador y República Dominicana, aunque sin tener certeza de cuál sería el efecto de esa medida a nivel nacional.
“Aquí no hay un tema de aprobar el proyecto porque sí. Si el proyecto requiere de estudios, pues habrá que hacerlos, por eso no hay problema, yo lo que sí he percibido es una resistencia al proyecto, lo que me la impresión de que son una resistencia de parte de los sectores que podrían verse afectados”, expresó Masis sin especificar cuáles.
La Nación intentó conversar con Roberto Thompson y Daniel Ulate, del PLN; así como con Juan Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), todos miembros de la comisión de Económicos, pero ninguno atendió las llamadas hechas a su teléfono celular.
Las objeciones, una a una
Ministerio de Hacienda (incluyendo a la Dirección General de Aduanas y la Policía de Control Fiscal)
-No se menciona de dónde tomará Hacienda los recursos para implementar el mecanismo de identificación de licores.
-No indica con exactitud en qué momento se debe colocar a los licores la identificación (códigos de barras, etiquetados o cualquier otro distintivo).
-Advierte que existen mecanismos de identificación como el código QR (respuesta rápida) y otros utilizados años atrás que presentaron “múltiples inconvenientes" y dificultaron el control.
-Cuestiona la no inclusión de la Autoridad Aduanera, la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras, dentro de la lista de autoridades competentes para decomisar producto.
-Advierte que la Policía Municipal y a los inspectores municipales no pueden enviar la mercancía decomisada a los depósitos fiscales, pues esa potestad solo la tienen las autoridades aduaneras y el Ministerio de Salud.
-Alerta de que las municipalidades no pueden investir a policías o inspectores municipales para hacer las pruebas de adulteración in situ, ya que esa labor solo la puede realizar un profesional químico.
-La Policía de Control Fiscal no puede capacitar a otras instituciones estatales, como pretende el proyecto de ley. Esa labor le correspondería al Centro de Investigación y Formación Hacendaria del Ministerio de Hacienda.
MEIC
-Se señala el término “imitación”, pero en el “cuerpo del artículo no se desarrolla nada al respecto”.
-Ley General de Salud establece que las bebidas alcohólicas deben ser registradas ante el Ministerio de Salud, por lo que podría constituirse en un exceso regulatorio solicitar un nuevo registro.
-El proyecto de ley no establece ninguna dotación de recursos económicos y humanos para la implementación del mecanismo de identificación y registro.
-"Incluye nuevos requisitos para la comercialización de bebidas alcohólicas, lo que pudiere resultar una medida gravosa en exceso para este giro mercantil".
-El plan “eliminó la determinación de la adulteración por parte de la cartera de Salud y no dispuso el mecanismo por el cual ésta será determinada”.
Contraloría General de la República
-Advierte que la adulteración, imitación, fabricación clandestina o el contrabando solo puede ser determinada por un profesional químico.
-Asegura que sería improductivo que las denuncias de autoridades públicas también sean reciban por la policía municipal y los inspectores municipales, pues estos no pueden actuar de manera autónoma y deben acudir de igual forma a la policía de control fiscal.
-Se debe considerar los posibles gastos en que incurriría Hacienda y el MEIC con la implementación del mecanismo de identificación y registro de licores.
-Se establece la necesidad de implementar un mecanismo de control, pero “la norma queda abierta a muchas posibilidades, sin definir ninguna, y esto puede degenerar en inseguridad jurídica”.
-El plan incluye un transitorio donde se indica que Hacienda y el MEIC deben reglamentar la ley y establecer el mecanismo de identificación y registro en un plazo de seis meses, pero “no se establece qué hacer si se supera ese plazo y no se ha logrado concertar lo pertinente”.
Departamento de Servicios Técnicos del Congreso
-No se incluyó una definición de imitación de licor y bebidas alcohólicas.
-La Policía Municipal y los inspectores municipales no podrían hacer las pruebas de adulteración o imitación del licor in situ. Esa labor solo la pueden realizar profesionales químicos, incorporados al Colegio de Químicos.
-La Policía Municipal no tiene potestad de policía tributaria y por ende, no podría determinar si el licor que se comercializa ingresó de contrabando al país o si se adulteró en el país. No tiene acceso a ninguna información aduanera, por no ser considerada administración tributaria.
-No se establece de dónde se van a obtener los nuevos recursos que implica el aumento de gastos por las nuevas funciones que se crean.