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Diputados de oposición condicionan su respaldo al proyecto de ley de endeudamiento externo por $6.000 millones, conocidos como eurobonos, al cumplimiento de parte del gobierno de ciertos indicadores económicos y a que haya claridad sobre el uso de los recursos.
Por ejemplo, el legislador socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca, quiere ver avances en cambios estructurales para controlar el gasto público y para generar reactivación económica, pero también no está de acuerdo en que se autorice de un solo tracto una colocación de los $6.000 millones.
Abarca, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos donde se discute el proyecto, dice estar consciente de que la colocación de deuda en el exterior es una herramienta eficaz para restar presión interna a la economía nacional.
No obstante, tiene el temor de que el gobierno entre en una zona de confort, una vez aprobado el proyecto, y deje de hacer cambios estructurales para disminuir el déficit fiscal, el cual, en su criterio, no se baja a “punto de impuestos”.
“En una segunda emisión (de bonos) yo estaría pidiendo que haya cumplimiento de los informes de Contraloría, que la Contraloría certifique esos avances de control fiscal, de evasión fiscal, de aduanas", dijo Abarca.
El jefe de la fracción socialcristiana, Erwen Masís, expuso que su partido aún no tiene una posición unificada sobre el proyecto, pero, a título personal, pedirá respuestas al presidente Carlos Alvarado sobre cómo hará para bajar el costo de la electricidad, disminuir la burocracia y colocar eurobonos a una buena tasa, entre otros temas.
“No vamos a tomar una posición encarrerada”, dijo Masís.
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El Gobierno envió, a finales del 2018, el proyecto de ley de eurobonos o colocación de deuda externa por $6.000 millones por un plazo de seis años.
Con los eurobonos, el gobierno pretende encontrar dinero a tasas más blandas y a periodos de pago más largo en el mercado internacional, con la finalidad de refinanciar deuda.
Por ello, acudió a la Asamblea Legislativa para que se le autorice captar $3.000 millones en los primeros dos años ($1.500 millones por cada año) y el resto del dinero en los posteriores cuatro años.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó esta tarde que la colocación de esa deuda externa es parte de la ruta de consolidación fiscal del país, iniciada a finales del año anterior con la reforma tributaria, así como parte del plan de reactivación económica.
Agregó que, como garantía de control de gasto para hacer nuevas emisiones después del 2019, está la regla fiscal, mecanismo legal que contiene el gasto.
La Comisión de Asuntos Económicos creó una subcomisión, integrada por los diputados Roberto Thompson, de Liberación Nacional (PLN); Luiz Ramón Carranda, de Acción Ciudadana (PAC); y Marulin Azofeifa, de Nueva República (PNR); quienes elaboran un texto sustitutivo que podría estar dictaminado en dos semanas.
Los diputados planean recoger en un nuevo texto las inquietudes de las diferentes fracciones.
Por ejemplo, Azofeifa explicó que, en su fracción, también piden claridad a Hacienda en el cumplimiento de la regla fiscal, reactivación económica y generación de empleo, sobre todo en la zona rural.
“Vamos a tomar el tiempo que sea necesario para tomar la mejor decisión”, explicó Azofeifa.
Por su parte, la legisladora verdiblanca Karine Niño, vicepresidenta de la comisión que discute el proyecto, explicó que piden al gobierno un compromiso claro con la reducción del déficit primario, cumplimiento con la regla fiscal y el mejoramiento del empleo.
Además, está de acuerdo con que en el primer año se autorice la colocación de $1.500 millones.
“Pero que también se entienda que no es que vamos a dar un cheque en blanco”, señaló Niño, quien considera urgente dictaminar el proyecto en comisión para luego discutirlo en el plenario.
Jonathan prendas, vocero de Nueva República, explicó que el bloque independiente está en el proceso de unificar criterios, con ayuda de su equipo económico, pero alega que la obra pública del gobierno para reactivar la economía “no se ve”.
Prendas también dijo estar preocupado con que el gobierno pueda generar más deuda con la gestión de más crédito ante organismos internacionales.
La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, dijo esta tarde que, excepto con toda la fracción de Liberación, se ha reunido con el resto de representaciones legislativas para explicar la generalidad del proyecto, dejar claro que no es más creación más deudas deuda, sino, parte de la ruta de consolidación fiscal.
Esa ruta contiene la aprobación de la reforma fiscal, a finales del año pasado, la colocación de eurobonos, revisión de exoneraciones y reforma al empleo público, explicó la ministra.
No obstante, no habló del respaldo logrado en la Asamblea Legislativa porque, considera, los votos se dan por “amarrados” hasta el día de la votación de un proyecto de ley.
La reunión de Aguilar con toda la fracción verdiblanca será el lunes. La ministra añadió que la próxima semana iniciará una segunda ronda de reunión con las fracciones para seguir aclarando dudas, así como escuchar otras condiciones siempre y cuando sean inteligentes, retadoras y que sean viables.
“Los eurobonos no es más que una forma de financiar las necesidades del gobierno, pero haciéndolo en mercados internacionales, para no presionar las tasas locales, es lo más inteligente que debemos hacer en este momento”, explicó Aguilar a La Nación.
“Aquí no es que haya reactivación para lograr eurobonos, es que eurobonos serían uno de los elementos que contribuirían a ese mayor nivel de reactivación”, dejó claro la ministra.
Aguilar coincidió con lo dicho ayer por los bancos Nacional, Popular y de Costa Rica, por el INS y por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), de que salir a colocar deuda en el exterior restaría presión interna al mercado doméstico.
Jerarcas de estas instituciones dijeron que, si Hacienda coloca deuda en el mercado nacional, las tasas de interés podrían incrementar en 2,35 puntos, al menos 8.500 créditos que entrarían en morosidad este año y habría una reducción de ¢148.000 millones para colocación de nuevos créditos; entre otros efectos negativos.
Al respecto, el diputado Carranza explicó que lo dicho por esos bancos demuestran que la necesidad de eurobonos no es una agenda única de un partido político en el gobierno, sino un tema país. Urgió al Congreso abrir pronto la discusión.
Rodolfo Piza, ministro de la presidencia, asegura que el gobierno es optimista y cree que dentro de la discusión, probablemente se logrará una fórmula para aprobarse lo antes posible.
“Obviamente con el respeto a cada una de las posiciones de las distintas fracciones (…). Somos optimistas, creemos que al final una mayoría de diputados acudirá a apoyar por lo menso una versión sustantiva de lo que se ha planteado”, expuso Piza.
