Diputados de distintas tiendas políticas calificaron de ilegal el nombramiento de Ottón Solís como representante del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Incluso, para el expresidente de la Asamblea Legislativa, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, los miembros del Consejo de Gobierno se exponen a sanciones legales si el tema es llevado ante los Tribunales de Justicia.

Benavides señaló una violación de la ley de adhesión a la OCDE por parte del Consejo de Gobierno, al aprobar el nombramiento con base en una propuesta del presidente Carlos Alvarado, en vez de hacerlo por recomendación del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), como lo establece el artículo 4 de dicha normativa.

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“El Consejo de Gobierno nombra y eso está clarísimo. Es una potestad del Consejo. La diferencia en este caso es que no es una libertad o una competencia irrestricta, sino que la ley dice que lo hará a instancia del Ministerio de Comercio Exterior, de forma tal que así es como debe de proceder.

“La ley existe, no es letra muerta. Es una ley de la República. Si alguien quiere disputarle la constitucionalidad a la ley, eso es otra cosa. Y eso es una discusión que tomaría años en la Sala Constitucional”, argumentó el verdiblanco.

Durante la discusión de la normativa, según recordó el verdiblanco, se le dio la potestad a Comercio Exterior de hacer la propuesta de nombramiento, por ser el ente técnico en la materia.

En aquella oportunidad, aseguró Benavides, el Gobierno y la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) pretendieron que la propuesta de nombramiento estuviera a cargo de la cancillería.

Además, aseveró el expresidente legislativo, Zapote pretendió que la ley de adhesión se tramitara en la Comisión de Relaciones Internacionales y de Comercio Exterior, y no en el foro especial que tramitó los proyectos OCDE.

“El Gobierno creía tener mayoría en la Comisión de Asuntos Internacionales para que fuera el Ministerio de Relaciones Exteriores el que tuviera esa decisión con el representante de OCDE y no Comex”, declaró.

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El artículo 4 de la ley de adhesión a la OCDE establece que “el Consejo de Gobierno, por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), designará al funcionario que representará al país ante dicha organización”.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno nombró el martes 6 de julio al político y economista Ottón Solís por recomendación del presidente de la República, Carlos Alvarado, desoyendo la propuesta del Comex de designar a Manuel Tovar, actual representante del país en ese organismo.

El ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, incluso votó en contra de nombrar a Solís.

‘Comex escoge y Zapote ratifica’

Jonathan Prendas, legislador del bloque Nueva República, recordó que la intención de la ley, tramitada en el foro especial de OCDE que él dirigió, es que el Consejo de Gobierno nombre al representante por recomendación de Comex.

“El espíritu de la ley y su correcta interpretación es que Comex escoge y en Zapote simplemente ratifican por ser de tipo embajador.

“Por eso es que nadie entiende cómo, si hace más de un mes Comex envió la solicitud de nombramiento de Manuel Tovar, el presidente no quiso firmar”, aseguró el legislador fabricista.

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El Gobierno pudo haber cambiado el reglamento “para flexibilizar los requisitos y terminó nombrando a Ottón Solís y eso básicamente no lo podía hacer”, interpretó el fabricista.

Añadió que, sin el visto bueno de Comercio Exterior, Solís no debe ser embajador.

Durante la discusión de la ley en la comisión especial, recordó Prendas, se incluyó la potestad del Comex, precisamente, para evitar que la designación del representante de Costa Rica se hiciera “a dedo”.

“Por eso creo que lo hecho por Zapote roza lo ilegal”, afirmó.

Eduardo Cruickshank, expresidente legislativo y jefe de bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), también coincide en que, sin la iniciativa de Comercio Exterior, como lo indica la normativa, el Consejo de Gobierno no podría hacer el nombramiento.

“Aunque la ley expresamente no dice que es vinculante para el Consejo de Gobierno, la recomendación por iniciativa de Comex sí parece que se debe de cumplir.

“Entonces, lo que parece es que, si el Gobierno no quiere nombrar a una persona recomendada por Comex, podría apartarse de ese criterio, pero debería pedirle a Comex que le mande a otra persona, pero no puede subrogarse la iniciativa de Comercio Exterior que no le corresponde”, sentenció el restauracionista.

Ana Lucía Delgado, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que la normativa quedó prevista “para no politizar el cargo”.

“Fue un esfuerzo único de la comisión especial OCDE, porque el Gobierno propuso y sostuvo el nombramiento político a través exclusivamente de la Cancillería.

“Sin embargo, frente a la OCDE se requiere de un nombramiento técnico especializado que conozca el quehacer del país frente a la Organización, y que sea propuesto siempre por el órgano rector Comex

“Es más, la plaza sale precisamente de esta cartera, porque su recomendación obedece a los criterios de coordinación requeridos en la agenda postadhesión y en un trabajo continuado desde muchos años atrás”, recordó la congresista.

Para Delgado, la aplicación correcta de la ley también “son buenas prácticas”.

“La ley es clara y se debe echar marcha atrás”, finalizó la legisladora.

Benavides también recomendó al Consejo de Gobierno anular el acuerdo y que acoja la recomendación del ente rector.

“Se resuelve completamente el debate; ya no se trata de un tema únicamente de carácter político, sino de un tema legal en donde el Consejo de Gobierno puede exponerse a ser sancionado por mandamiento legal”, concluyó Benavides.

En tanto, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, dijo: “Acá se hizo caso omiso a la ley y a la propuesta del ministro de Comex. El propio Otton Solis señala que el presidente lo propuso. Si el Consejo de Gobierno decidió apartarse de la recomendación técnica, sería importante conocer las razones y hacerlas públicas”.

Una burla

Este jueves, el Gobierno emitió un comunicado en el que dijo: “Tenemos la convicción de que la designación hecha respeta plenamente lo establecido en la Ley 9981, concretamente en su artículo 4, párrafo segundo. El tema se vio por iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior, que planteó una propuesta específica, y el Consejo de Gobierno tomó la decisión final sobre la designación”.

Para Benavides, ese pronunciamiento “es una burla al recto sentido de la ley”.

“Intentan vaciarla de su contenido. Solo a Comex le compete la iniciativa con respecto al nombre o nombres que deben ser analizados por el Consejo de Gobierno. Si el Consejo decide rechazar la propuesta, debe hacerlo mediante un acto motivado, para que Comex remita una nueva propuesta. El gobierno lo que pretende es convertir a Comex en una pieza decorativa, burlando la ley”, dijo el diputado.