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San José
El 7 de junio, diez diputados aprobaron en primer debate el proyecto que permitirá a un grupo de docentes salirse del IVM para obtener una mejor pensión con el Magisterio Nacional, pese a que tenían información contradictoria sobre el impacto que esa medida tendría sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y sobre las finanzas del Gobierno.
Así lo reconocieron el presidente de la Comisión Plena Primera, el liberacionista Juan Marín, y varios jefes de fracción en una carta que le enviaron el martes a la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano.
"Durante el proceso de tramitación de dicho expediente, se ha solicitado en reiteradas ocasiones y mediante diversos mecanismos, la estimación del impacto económico de dicho proyecto de ley (sobre el régimen IVM). No obstante, a la fecha, la información que se ha proporcionado es contradictoria", se lee en el segundo párrafo de la carta, de la que La Nación tiene una copia.
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A pesar de las contradicciones, tres diputados de Liberación Nacional (PLN), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del Frente Amplio y una de Acción Ciudadana (PAC) optaron por aprobar el texto.
Los legisladores optaron por creerle a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), que les entregó cálculos según los cuales el eventual traslado de cotizantes no le costaría más de ¢200 millones al Estado.
El día de la votación, por ejemplo, el liberacionista Michael Arce dijo que, aunque los datos sobre el impacto eran contradictorios, él prefería creerle al Magisterio Nacional, que dice que el impacto será ni de una décima parte de lo que calcula el Ministerio de Hacienda, y que es parte interesada en el proyecto.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estimó en ¢52.000 millones la pérdida que le provocaría el proyecto al IVM y, el día después de la aprobación, Hacienda alertó de que el traslado de docentes ensancharía el hueco en las finanzas del Gobierno Central entre ¢11.000 millones y ¢32.000 millones anuales, al presionar la partida del Presupuesto Nacional destinada a pagar pensiones financiadas con impuestos o endeudamiento.
La propuesta abre la puerta al traslado de entre 1.847 y 6.000 educadores que, en 1995, se fueron de Jupema a cotizar al IVM donde debían aportar una cuota menor de su salario para obtener una pensión.
Datos revelados por la CCSS, posteriormente, indican que se trata de personas con ingresos promedio de ¢1,9 millones y que podrían evadir el tope de ¢1,5 millones que impone el IVM a las pensiones.
Al surgir las críticas, los diputados congelaron el proyecto. De hecho, la noche de este miércoles, la Comisión Plena Primera acordó suspender por un mes el trámite del proyecto antes del segundo debate.
Y el martes, la jefa del PLN, Karla Prendas, promovió la carta a la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, en la que le pide coordinar y mediar en un proceso de diálogo "que permita dilucidar y aclarar las diferencias que se han planteado" en torno al impacto.
La defensora Montserrat Solano dijo que la falta de claridad sobre el verdadero impacto del proyecto preocupa a su institución: "La carta nos tomó por sorpresa, en primer lugar, el párrafo en el cual señalan (los diputados) que hay contradicciones en las cifras. Nos preocupa esa situación, pasado ya el primer debate".
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Solano, no obstante, adelantó que no aceptará la solicitud que le hicieron los legisladores para que coordine la búsqueda de un consenso. Sus razones son puntuales: la Defensoría no fue consultada sobre el fondo del proyecto antes de votarse y considera que lo que hace falta en este momento es un estudio matemático que aclare el golpe para el IVM.
"Lo que necesitan es un estudio técnico que se lo pueden pedir a la propia CCSS, a la Superintendencia de Pensiones (Supen), contrastarlo con Jupema, pero, también, pueden pedirlo a las universidades del Estado. (...) Lo que pasa es nos piden algo imposible. ¿Cómo vamos a negociar las matemáticas? Lo que están solicitando es objeto de un estudio técnico, no objeto de una mediación. Ese estudio técnico lo debieron solicitar antes de aprobar el proyecto en primer debate. No nos consultaron y ahora quieren que mediemos. Es una cosa muy extraña que nos toma por sorpresa", cuestionó la defensora.
A pesar de las evidencias, Juan Marín rechazó que la votación del pasado 7 de junio ocurriera a ciegas, al no tener el panel constancia del verdadero impacto del traslado de un sistema de pensiones al otro.
"No creímos en las cifras del Ministerio de Hacienda porque se fueron al extremo. La mayoría de los diputados consideraron que los cálculos de la Jupema eran los correctos. Mientras esa institución calcula que la pensión de los beneficiarios iría entre los ¢900.000 y ¢1.2 millones, Hacienda estima que sería de entre ¢1.8 millones y ¢3.8 millones. Eso es lo que hay que aclarar", reconoció el diputado este miércoles.
Juan Marín lamentó la negativa de la defensora Solano y dijo que se contradice con su defensor adjunto. Consideró, también, que en estos 30 días, bajo coordinación de la Defensoría, un panel técnico podría haber llegado a conclusiones que permitieran a los diputados confirmar la aprobación del proyecto o, por el contrario, su votación negativa y correspondiente archivo.
"Si la Defensoría no quiere participar es un error, porque siempre deberíamos sentarnos para aclarar los números y volver con las discusiones y los análisis y forzar para que esta vez nos traigan números reales", dijo con molestia el liberacionista.
Natalia Díaz, jefa de fracción del Movimiento Libertario, sí considera que haber buscado las estimaciones después de aprobar el plan sí demuestra que la Comisión Plena Primera votó "a ciegas" el proyecto.
La diputada dijo que firmó la carta dirigida a la defensora a solicitud de la jefa de fracción del PLN, Karla Prendas, pero que su grupo ya fijó su posición en contra del proyecto de ley.
"Sin la participación de la defensora en esa mediación lo que queda es que, una vez tengamos el resultado de la consulta de constitucionalidad, el tema se discuta en el plenario y no en la Comisión Plena y se tome una decisión que no perjudique al Estado ni al IVM", contestó.
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El 9 de junio el defensor adjunto, Juan Manuel Cordero, envió una carta a los diputados pidiéndoles que suspendieran el segundo y último debate del proyecto para no afectar el proceso de una Mesa de Diálogo convocada para fijar una ruta para darle sostenibilidad al IVM. Finalmente, el segundo debate se detuvo, pero no a solicitud de la Defensoría, sino porque 15 diputados acordaron enviar el proyecto a consulta de constitucionalidad a la Sala IV por el lapso de un mes.
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Se intentó obtener el criterio de Karla Prendas llamándola a su celular y a través de su oficina de prensa, pero no fue posible entrevistarla este miércoles sobre las motivaciones para contactar a la defensora y la decisión de esta de no aceptar la coordinación de un panel sobre la reforma a Jupema.
