La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa avaló, de forma unánime, la noche de este miércoles, el Presupuesto Nacional de la República para el 2020.
En total, nueve diputados aprobaron el plan de gastos del Gobierno por ¢10,5 billones. Este monto significará un decrecimiento del 4,3%, respecto a los ¢10,9 billones aprobados para este año.
Ahora, el plan de gastos pasará a discusión en el plenario del Congreso, donde los 57 diputados tomará la decisión final. El plazo para votarlo vence el 30 de noviembre.
Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Hacendarios, manifestó que “hoy la comisión terminó de conocer las 56 mociones de fondo y se dictaminó de forma unánime con la presencia de nueve diputados de diferentes fracciones y grupos parlamentarios”.
“Se incorporaron normas presupuestarias mocion presentada por varias fracciones que tiene como objeto mantener la eficiencia del gasto público. Se mantiene 10.5 billones pero varían los porcentajes de gasto corriente y capital”, dijo la legisladora.
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Para el próximo año se eliminaron 158 plazas, lo que permitió reducir el crecimiento neto de puestos en el sector público, de casi 700 en el 2019, a 360 en el 2020, manifestó el 30 de agosto la ministra de Hacienda Rocío Aguilar.
Del total de presupuesto, el 52% será financiado mediante impuestos y el 48% con deuda, lo cual revierte un comportamiento que se dio este 2019, cuando más bien el 52% de los gastos se hicieron con endeudamiento.
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Para el próximo año se presupuestó un monto para gastos de capital (activos productivos como edificios, equipos, vehículos y maquinaria) de ¢640.937,8 millones, lo que representa un aumento del 16,1% (¢88.761,8 millones más) respecto al 2019.
También se aprobó reducir de ¢70.000 millones a ¢35.000 millones el monto que las universidades públicas podrán tomar del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) con el fin de destinarlo a infraestructura.
El proyecto de Presupuesto de la República que presentó Hacienda a la Asamblea Legislativa, a finales de agosto, indicaba que los ¢70.000 millones del FEES son una “transferencia de capital”, lo cual significa que estos recursos solo se pueden utilizar en infraestructura y equipamiento y no en gastos corrientes como salarios, becas o proyectos de investigación.
El FEES se distribuye entre cuatro universidades públicas, pues la UTN no recibe. A la Universidad de Costa Rica le corresponde el 59% de los recursos.
