Aarón Sequeira. 6 junio
La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, se mostró satisfecha con el resultado. El lunes, saludó al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides. Foto: Rafael Pacheco
La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez Figueres, se mostró satisfecha con el resultado. El lunes, saludó al presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides. Foto: Rafael Pacheco

Las grandes empresas que sobornen a funcionarios pagarán multas mucho mayores que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que incurran en ese delito.

La decisión la tomaron, en forma unánime, 54 diputados que votaron ayer el proyecto de ley contra el soborno nacional y transnacional, un requisito para que Costa Rica opte a entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Inicialmente, el proyecto aprobado en primer debate el lunes indicaba que todas las personas jurídicas que dieran sobornos iban a ser multadas por igual: desde ¢446 millones (1.000 salarios base) a los ¢4.446 millones (10.000 salarios base).

Pero, este jueves, los diputados revisaron el texto y decidieron que en el caso de las pymes las sanciones irán de ¢13,3 millones (30 salarios base) a los ¢89,2 millones (200 salarios base). Ahora, el plan pasará a segundo debate, y definitivo.

Hoy, sin este proyecto, las multas oscilan ente ¢8,9 millones a ¢446 millones independientemente del tipo de empresa.

Los diputados también hicieron ajustes en las penas de prisión.

El proyecto original imponía entre 4 y 8 años de cárcel a los funcionarios que sean declarados culpables de cometer cohecho propio, es decir, de recibir dádivas para cometer un acto ilegal o para dejar de hacer un acto propio de sus funciones.

Con el cambio, el castigo oscilará entre 3 y 8 años de cárcel. Quienes reciban una sentencia de 3 años podrían solicitar la ejecución condicional de la pena, lo que les evitaría ir a la cárcel.

Aun así, la pena será mayor a la que existe hoy, la cual oscila entre 2 y 6 años.

Al mismo tiempo, se hizo un ajuste en el artículo que permitirá a los jueces elevar en un tercio las penas para los funcionarios culpables de cohecho propio y cohecho impropio; este último delito se comete cuando un funcionario recibe dádivas por hacer un acto propio de sus funciones.

El texto original establecía que el juez puede elevar las penas si, como consecuencia del acto ilegal, se ocasiona un perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública. La nueva versión establece que, para subir la sanción, el perjuicio patrimonial debe ser “grave”.

El acuerdo para los cambios se tomó después de casi dos días de negociaciones entre diputados, luego de que el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, puso sobre la mesa las preocupaciones porque pequeñas y medianas empresas puedan prácticamente morir por las sanciones recibidas.

Para modificar el fondo del proyecto 21.248, los legisladores primero aprobaron una moción para devolver ese expediente legislativo a comisión y, de inmediato, aprobaron otra moción que convertía el plenario del Congreso en comisión general.

Una vez abierto, los legisladores conocieron la moción de fondo que modificó una serie de artículos de la iniciativa. Fue aprobada con 54 votos.

De inmediato, el texto fue aprobado de nuevo en primer debate con 52 votos, en forma unánime, de nuevo.

Luego de los cambios, la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, manifestó que el Gobierno está satisfecho y que lo importante es que las multas sean proporcionales y disuasorias.

“Es decisión nuestra. Lo que hicimos distinto fue dividir para pymes y empresas grandes. La OCDE nos dijo que se podía hacer. Nos dimos cuenta, en realidad los diputados y diputadas, que esa única multa, para nuestra realidad, no funcionaba”, comentó la ministra del Comex.

Agregó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos respondió que esa diferenciación, en principio, sí se podía hacer. Sin embargo, por la diferencia horaria, no lograron consultarles los montos a los expertos del grupo en París.

Carolina Hidalgo, diputada del PAC, afirmó que el Ejecutivo prefería continuar con el proyecto anterior, pero “uno comprende que para estos proyectos lo mejor es intentar un mejor balance”.

“Se escuchó propuestas de las distintas fracciones, porque el tema de fondo tiene una complejidad. El tema de cohecho es una ruptura en el paradigma del derecho penal costarricense, porque se crea un delito de contabilidad falsa, también la figura del soborno internacional y permite investigar y sancionar penalmente a las personas jurídicas. Eso no es menor, es una cuestión de fondo, por eso nos costó”, dijo.