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Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, un proyecto de ley que busca pagar prestaciones a 2.000 exempleados de empresas de estiba que perdieron sus trabajos en 1995, después de que se abrieron los servicios de estiba a la competencia.
La votación del proyecto fue unánime, con 46 votos a favor. El expediente 24.109 lo presentó el gobierno en enero de este año; añade un artículo en la ley 7955, Subsidio y finiquito a trabajadores de estiba y desestiba de muelles.
Dicha norma aprobada fue en diciembre de 1999, pero la Sala IV declaró que contenía vicios de inconstitucionalidad, en el 2000, porque transfería recursos al Ministerio de Trabajo sin los trámites de modificación presupuestaria. Es decir, la ley no tenía contenido presupuestario para hacerse efectiva.
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Aunque los magistrados habían mantenido la obligación de que se les pagara las prestaciones legales a los exestibadores, los diputados argumentaron que han pasado casi 30 años sin que se les haya pagado lo que les correspondía.
El proyecto aprobado este lunes encarga al Ministerio de Trabajo verificar la lista de beneficiarios, según la información que proporcione la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o cualquier otra institución pertinente, a fin de “generar un procedimiento claro para que las instituciones afines puedan coadyuvar con el pago”.
En el diario oficial La Gaceta, el Ministerio de Trabajo llamará a los exestibadores o sus causahabientes a solicitar las prestaciones en un plazo de tres meses. Esta cartera deberá coordinar con Hacienda la inclusión de recursos en el Presupuesto Nacional para financiar el giro.
Según la liberacionita Katherine Moreira Brown, diputada limonense, muchos de los trabajadores cesados ya han fallecido o están postrados en una cama, esperando recibir la compensación.
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Los exmuelleros estuvieron ligados, hasta octubre de 1995, a las empresas Carga y Descarga de Costa Rica Sociedad Anónima (Cadesa), la Compañía de Estiba Sociedad Anónima (Estibasa) y la Cooperativa Autogestionaria de la Unión de Trabajadores Bananeros Responsabilidad Limitada (CoopeUTBA R. L.).
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La frenteamplista Rocío Alfaro advirtió de que su partido está a favor de la iniciativa, pero tenían dudas de votar sin haber recibido el criterio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre los beneficiarios.
