Con 40 votos a favor y ninguno en contra, el plenario legislativo aprobó en definitiva, este martes, una ley que aclara cómo nominalizar un plus salarial que reciben los docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP). Se trata del Incentivo para el Desarrollo de la Docencia (IDD), conocido también como incentivo didáctico, el cual se paga a los educadores para que adquieran artículos como tizas, marcadores y cartulinas. La nominalización consiste en convertir el sobresueldo en un monto fijo, en vez de un porcentaje del salario.
La reforma aprobada en segundo debate define que el reconocimiento a los educadores se calculará como un monto nominal fijo, equivalente al 8,33% del salario base más pluses. Es decir, se fijaría sobre el total de los componentes de la remuneración y no únicamente sobre el salario base como lo indicaba la reforma tributaria del 2018.
De esa forma, se evitaría una reducción en el salario de los docentes, expuso el diputado proponente Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
“Por un razonamiento matemático simple se concluye que, al nominalizar el Incentivo para el Desarrollo de la Docencia, calculándolo con referencia al salario base, el resultado será inferior al que se venía pagando y así se refleja en el monto salarial mensual que percibe la persona”, expuso el liberacionista.
De acuerdo con la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sin el ajuste legal la reducción salarial a nuevos docentes del MEP oscilaría entre los ¢50.000 y hasta los ¢200.000 mensuales.
La aclaración era necesario, añadió Jiménez, porque existía una antinomia o conflicto entre dos normas de la reforma tributaria del 2018.
Por un lado, esta legislación define que todos los pluses salariales del sector público debían transformarse en un monto nominal, para evitar su crecimiento inercial, calculando el respectivo porcentaje sobre el salario base. Sin embargo, el incentivo didáctico, desde su creación, se estimaba sobre la remuneración total.
Al mismo tiempo, la reforma tributaria prohibió reducir salarios al momento de pasar el cálculo del incentivo de porcentaje a monto nominal.
Jiménez explicó que con su texto se corrige el conflicto, previo al inicio del curso lectivo del 2022. “La ley viene a hacer una excepción específica en este componente para que a ningún maestro se le rebaje el salario y afecte sus derechos previamente adquiridos”, puntualizó.
Periodista en la sección Política, con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.
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