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Con 40 votos a favor y ocho en contra, los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, el proyecto de ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados extranjeros, que establece exoneraciones tributarias para el ingreso de capitales foráneos al país.
Se trata de una iniciativa de Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), apoyada por María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Silvia Hernández, de Liberación Nacional (PLN).
En contra del proyecto votaron Luis Ramón Carranza, Catalina Montero, Welmer Ramos, Enrique Sánchez y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), y José María Villalta, del Frente Amplio.
La iniciativa busca, según las proponentes, atraer inversionistas para “contribuir a la reactivación económica costarricense en el periodo pospandemia covid-19″, según reza el texto, a través de migrantes bajo esas tres categorías.
El plan establece una serie de exenciones en el pago de todos los impuestos de importación para el menaje de casa y de personas dependientes.
Para estos efectos, menaje significa todos los artículos nuevos o usados suficientes para cubrir las necesidades de estas personas y los miembros de su familia, entre ellos muebles, electrodomésticos, artículos de decoración, utensilios de cocina y baño, ropa de cama.
En caso de que las personas pierdan sus bienes por destrucción o por robo, podrán adquirir de nuevo ese menaje exento del pago de los impuestos.
También, se exonera de los impuestos por importación de hasta dos vehículos terrestres, aéreos y marítimos, para uso personal o familiar. Tampoco, al ingreso al país, tendrían que pagar los aranceles ni el impuesto sobre el valor agregado (IVA).
De igual forma, si pierden el vehículo por robo, destrucción por fuego, inundación, colisión o accidente durante el periodo de vigencia de estos incentivos, recibirán el beneficio de importar otro vehículo totalmente libre de tributos.
El dinero que los rentistas, inversionistas y pensionados declaren, para acceder a los beneficios de esa ley, no tendrán que pagar el impuesto sobre la renta, pero las rentas que obtengan estas personas por inversiones que realicen en Costa Rica sí estarán gravadas.
La cuarta exoneración con la que se busca atraer el ingreso de estos extranjeros es la reducción en un 20% del impuesto sobre el traspaso de los bienes inmuebles que obtengan durante la vigencia de la ley.
Finalmente, podrán importar instrumentos o materiales para su ejercicio profesional o científico sin pagar los tributos respectivos.
La iniciativa legal considera que una persona puede obtener la categoría de inversionista por un capital de al menos $150.000, según el tipo de cambio determinado por el Banco Central de Costa Rica, ya sea en bienes inmuebles, bienes inscribibles, acciones, valores y proyectos productivos, o de interés nacional.
Por otra parte, la ley considera “inversionistas beneficiarios a quienes inviertan en fondos de capital de riesgo o en proyectos de infraestructura sostenible”.
El plazo para solicitar los beneficios como inversionista, rentista o pensionado es de cinco años y, una vez obtenidos esos incentivos, se podrán conservar por diez años.
La congresista Mileyde Alvarado calificó la aprobación definitiva del proyecto como un aporte para dinamizar la economía del país.
“La propuesta toma en cuenta que, según el Índice de Prosperidad 2019, Costa Rica es el segundo mejor país de América Latina para vivir, superado únicamente por Chile”, argumentó la restauracionista.
María Inés Solís, del PUSC, calificó el plan como una “solución real para la reactivación económica”.
“Tiene el objetivo de ayudar a zonas con menores índices de desarrollo, para que tengan movimientos importantes en su economía. Más personas viviendo en sus regiones van a generar nuevas inversiones y posibilidades de empleo”, dijo la socialcristiana.
Críticas a la propuesta
Por otra parte, la iniciativa recibió críticas de parte de la congresista Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), principalmente. La oficialista alegó, sobre todo en la votación del primer debate, en mayo, que esa es la puerta al ingreso de capitales irregulares y a la legitimación de dineros mal habidos.
Sus ataques al plan se centraron en las preocupaciones que manifestó el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) contra la propuesta, bajo el criterio de que con esa categoría de rentistas, inversionistas y pensionados podrían ingresar al país personas con capitales ilegítimos.
En la misma sintonía hablaron contra la iniciativa José María Villalta, del FA; y los oficialistas Ramos y Carranza.
A pesar de que implica exoneraciones en el pago de impuestos y, por lo tanto, menores ingresos, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, indicó que la posición es favorable hacia la iniciativa.
Eso sí, indicó que previamente les había solicitado a los congresistas que hicieran varios ajustes para corregir temas técnicos a los que se necesitaba darles precisión y cierto lenguaje sobre las normas por aplicar.
