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En una sesión extraordinaria del plenario legislativo, los diputados aprobaron este sábado un crédito por $500 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina para atender la emergencia del covid-19.
La iniciativa tuvo 46 votos afirmativos y solamente uno en contra, el del independiente Erick Rodríguez Steller.
Se trata de una línea de crédito que originalmente dirigida a deuda pública, o sea, a cambiar deuda cara por deuda más barata, pero que ahora será parte de una estrategia del Gobierno para destinar ¢1 billón (un millón de millones de colones) a la alerta sanitaria.
Los fondos se utilizarán, entre otros, para atender personas que pierdan sus empleos debido al nuevo coronavirus, empleadores y trabajadores independientes cuyos negocios se vean afectados y para apoyar a la CCSS en la compra de insumos y equipo.
Tras una intensa discusión de las fracciones parlamentarias sobre si se debía darle o no al Poder Ejecutivo tantos recursos, la iniciativa alcanzó un acuerdo mayoritario.
Antes del primer debate, se desechó una moción de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque de diputados independientes Nueva República, que pretendía limitar el dinero para atender la emergencia a un 40% del total del crédito.
La modificación que sí se aprobó fue una promovida por las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Acción Ciudadana (PAC) para que la iniciativa incluya el permiso para “financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus covid-19”.
Además, se estableció una obligación al Ministerio de Hacienda de presentar presupuestos extraordinarios donde se indiquen claramente los destinos en que los que el Poder Ejecutivo empleará los fondos.
“Todos los recursos que no hubiesen sido utilizados y restantes al 15 de diciembre del 2020 volverán a ser transferidos al Ministerio de Hacienda para ser utilizados, de forma inmediata, para el pago del servicio de la deuda que para ese momento ostente la carga más alta”, indica el nuevo texto aprobado.
A la vez, la nueva redacción del artículo 2 del expediente 21.449 establece sanciones por la utilización de esos recursos con fines distintos a los expresados en la propuesta.
En cuanto a las condiciones financieras del proyecto, se trata de un préstamo de libre disponibilidad con base en resultados de política pública, con una tasa libor 6 meses más un margen del 1,85%, con un subsidio de 10 puntos básicos de la tasa de interés durante los ocho primeros años de vigencia.
El plazo del crédito es de 18 años contados a partir de la fecha de entrada en rigor del contrato, con un periodo de gracia de tres años y 15 para la amortización. El desembolso del crédito se da por dos años.
La iniciativa aún no tiene fecha para su votación en segundo debate, pues el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, señaló que se definirá en el momento en que los diputados vayan a sesionar de forma extraordinaria, la próxima semana, en el Museo de los Niños.
¿Cómo se usará el Gobierno?
En una carta enviada cerca de las 11 a. m., la ministra de Planificación, Pilar Garrido, les explicó este sábado a los diputados las necesidades del plan para combatir la emergencia provocada por el covid-19 y los puntos específicos en que se podrán usar los $500 millones.
Garrido, coordinadora del Consejo Económico, enumeró así los usos:
-Atención de personas que pierden, disminuyan o vean suspendido sus empleos por el nuevo coronavirus.
-Atención de empleadores y trabajadores independientes que vean afectado negativamente su negocio.
-Apoyo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la compra de insumos y equipo necesario para la atención de la emergencia.
-Apoyo a los programas sociales que vean afectado su flujo de recursos por la baja actividad económica, a causa del covid-19.
-Pago o reestructuración en condiciones más favorables de la deuda del Estado.
-Políticas activas de empleo.
Además de los recursos del CAF, Garrido indicó que se utilizarán los recursos del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo (BID-AFD), los del proyecto Pagar (uso de superávits de instituciones públicas), la titularización de utilidades futuras del Instituto Nacional de Seguros (INS) y los dineros de pensiones de lujo para financiar pensiones del Régimen No Contributivo.
Esa suma de proyectos y planes conforman lo que el Gobierno ha llamado el Plan Proteger, el cual le daría recursos por ¢1 billón al Poder Ejecutivo (un millón de millones de colones) para atender la pandemia.
