Proyecto de ley busca equiparar incapacidades del Poder Judicial a la del resto de trabajadores del país

Por: Gerardo Ruiz R. 22 febrero, 2017
Una mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó eliminar la licencia que les permite a los empleados de la Corte recibir un 100% de su salario en caso de incapacidad por enfermedad. Ahora será el plenario el que defina si el proyecto se aprueba o se rechaza.
Una mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó eliminar la licencia que les permite a los empleados de la Corte recibir un 100% de su salario en caso de incapacidad por enfermedad. Ahora será el plenario el que defina si el proyecto se aprueba o se rechaza.

San José

Una mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso dictaminó afirmativamente el proyecto de Ley de Eliminación del Abuso con la Remuneración en Casos de Incapacidad en el Poder Judicial.

Se trata del plan que le quitaría a los casi 12.000 empleados de la Corte el pago del 100% del salario cuando se incapaciten por enfermedad. En lugar de ello, recibirían el 60% como ocurre con el resto de los empleados públicos y privados del país cubiertos por el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

"Esa licencia incentiva a mucha gente a pedir incapacidades en el Poder Judicial. Es muy tentador quedarse en la casa mientras se está ganando el salario completo". Ottón Solís, diputado del PAC

El proyecto del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), además establece como obligatorio que toda incapacidad tenga que ser comprobada con un dictamen extendido por la CCSS o por el Instituto Nacional de Seguros (INS). La iniciativa reforma los artículos 42,43 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"Esa licencia incentiva a mucha gente a pedir incapacidades en el Poder Judicial. Es muy tentador quedarse en la casa mientras se está ganando el salario completo, práctica que fomentan médicos corruptos que extienden incapacidades por amistad o a cambio de dinero", afirmó el legislador Ottón Solís en torno al beneficio que le puede demandar más de ¢7.000 millones anuales a la Hacienda pública, que financia a la Corte.

Oposición. La única fracción que mostró su oposición a su proyecto de ley fue la del Frente Amplio (FA).

El jefe de esa bancada, Edgardo Araya, argumentó que, más bien, todos los empleados públicos y privados del país deberían de recibir un 100% del sueldo cuando se incapacitan por enfermedad, especialmente aquellos que apenas ganan el salario mínimo.

"Creemos que la licencia que tienen los empleados del Poder Judicial debería ser la norma. Creemos que debe igualarse hacia arriba y no hacia abajo esa condición. Nadie tiene la culpa de enfermarse y hay gente que, aunque se la esté llevando el carajo con un problema de salud, no se incapacita porque, si les rebajan un 40% del salario, simplemente no llegan a fin de mes con los gastos. Ni el banco te va a hacer un quiebre en la cuota, ni la escuela te va a rebajar la mensualidad de tus hijos", justificó.

No obstante, para Ottón Solís la posición del FA es populista.

"Ese partido debería de decir cómo pretende financiar el 100% de salario para los empleados incapacitados. Uno cree que el socialismo es para defender a los sectores más pobres pero, en el caso del FA, uno ve que se trata de defender a los empleados públicos, que son su base de apoyo electoral", consideró el diputado.

incapacidades en poder judicial
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Contraloría lo vio desigual

La eliminación del pago del 100% por incapacidad en la Corte no ha fructificado por otras vías. Por ejemplo, la Contraloría General de la República (CGR) presentó una acción de inconstitucionalidad contra los mismos artículos que pretende reformar el proyecto de Solís.

Sin embargo, en diciembre del 2014, la Sala Constitucional rechazó la acción y ratificó la legalidad de la licencia por enfermedad con un 100% de goce salarial en la Corte.

La Contraloría había concluido que la licencia para los empleados judiciales crea una desigualdad con el resto del sector público. En el caso de la Corte, el 60% de la licencia la paga la CCSS y el restante 40% lo cubre ese poder con su presupuesto.

Los demás empleados del país solo reciben el aporte de la CCSS.

En el 2011, cuando servía como jefa de despacho de la Presidencia de la Corte, la actual magistrada de la Sala IV, Nancy Hernández, presentó una reforma legal para eliminar la licencia con el 100% del pago. Empero, el conocimiento de su propuesta se suspendió a raíz de la acción de inconstitucionalidad de la Contraloría.

Caro beneficio. Después, en octubre del 2015, Ottón Solís presentó el proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar la licencia, por considerarla abusiva.

Cuando un servidor judicial se incapacita es la Dirección Ejecutiva la que tramita la licencia mientras que, cuando se trata de un magistrado el que recurre al permiso, es la Presidencia de la Corte la que hace la gestión.

En octubre del 2015, La Nación reveló que solo durante el 2014 la Corte gastó casi ¢7.200 millones en incapacidades, es decir, el equivalente a un 2% de su presupuesto para ese año.

Con ese monto se pagaron más 150.000 días de incapacidad, producto del trámite de 11.400 boletas.

En el 2015 el gasto no varió mucho con respecto al 2014. Hasta el 21 de setiembre de ese mismo año, se habían otorgado más de 112.000 días por incapacidad.

FA rechaza populismo y pedirá el 100% del pago para todos

Edgardo Araya rechazó lo dicho por Ottón Solís y anunció que, en tres meses, su partido tendrá listo un proyecto de ley con el que buscará conseguir que todos los empleados tengan un 100% de salario cuando dejan de laborar por enfermedad; el legislador dijo que la propuesta se consultaría de forma exhaustiva pues dijo que su partido está consciente de la carga que pondría una medida de ese tipo sobre los hombros de los patronos privados.

Lo cierto es que el proyecto de ley de Ottón Solís podrá votarse mediante 29 votos (mayoría simple) porque la Corte Plena, compuesta por todos los magistrados del Poder Judicial, no se opuso al proyecto después de analizar un informe redactado por la magistrada Nancy Hernández. En caso contrario, la propuesta habría requerido al menos 38 votos en el plenario.

La ausencia de oposición entre los magistrados consta en un oficio del 10 de enero del 2017 en el que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia comunicó el acuerdo al Parlamento.