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El diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), presentó un proyecto de ley para endurecer las penas contra las personas que publiquen insultos en redes sociales.
Se trata de una reforma al Código Penal, la cual agregaría párrafos a los artículos que fijan las sanciones por los delitos de injurias, calumnias y difamación.
El proyecto de Prendas (expediente 20.864) pretende que los castigos sean más fuertes si el delito se comete en redes sociales, de la siguiente manera:
Por ejemplo, en el caso de las injurias, actualmente el Código impone de 10 a 50 días multa (¢142.000 a ¢710.000). Prendas propuso elevar la sanción de 15 a 75 días multa, de ¢213.000 a ¢1 millón, si el delito se comete en plataformas como Facebook o Twitter.
Este castigo propuesto por el diputado de Restauración sería idéntico para quien ofenda la memoria de un difunto y para quien reproduzcan ofensas proferidas por otras personas.
En el caso de la difamación, Prendas propone elevar el castigo de 30 a 90 días multa, en vez de un rango entre 20 y 60.
En tanto, las calumnias son las que se pagarían más caras, para quien incurra en ellas. Las nuevas multas irían de 75 a 200 días multa, mientras que actualmente están entre 50 y 150.
De acuerdo con Prendas, su intención es que las redes sociales se usen de forma responsable y enfatizó en que ellos, como diputados y otros funcionarios públicos, sobre todo políticos, son constantemente insultados en sus propias redes sociales.
“Muchas veces se hace mal uso de las redes sociales y se daña la imagen de alguien, o simplemente se ponen comentarios que contienen improperios y lesionan la integridad de una persona o le roban la paz y la tranquilidad a su familia”, aseguró el legislador del PRN.
Añadió que, luego de rastrear perfiles de otros funcionarios o exfuncionarios públicos, encontraron una cantidad de insultos “impresionante”.
“No se trata de una propuesta que impida a los usuarios de redes sociales comunicar sus pensamientos, o criticar la labor de los funcionarios públicos, sino más bien de garantizar que ese ejercicio no afecte la integridad y el honor de las personas”, alegó Prendas durante una intervención en el plenario legislativo.
