Josué Bravo. 31 julio
La Fuerza Pública tuvo que intervenir, la mañana de este viernes, para despejar un tramo de la ruta 27 que fue bloquedo por comerciantes que protestaban cerca de Forum, en Santa Ana. Foto: Cortesía
La Fuerza Pública tuvo que intervenir, la mañana de este viernes, para despejar un tramo de la ruta 27 que fue bloquedo por comerciantes que protestaban cerca de Forum, en Santa Ana. Foto: Cortesía

La Defensoría de los Habitantes urgió al Gobierno a entablar un diálogo social para atender las demandas de los comerciantes, quienes se quejan de la afectación económica causada por los periodos de cierre establecidos para afrontar la pandemia de covid-19.

“Es necesario activar todos los mecanismos institucionales de coordinación, para que en el marco del diálogo se atiendan las demandas socioeconómicas de los sectores y se pueda prevenir una escalada de violencia que agudice la situación que se vive”, pidió la entidad.

El órgano defensor de los derechos humanos dice estar preocupado porque, según afirmó, teme que la actual “crisis de salud publica” se convierta rápidamente en un problema de carácter económico y social.

En razón de lo anterior, envió una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para pedirle un plan de contingencia para mitigar el impacto económico derivado de las medidas para enfrentar la emergencia sanitiaria.

Su llamado trasciende luego de que la Fuerza Pública detuviera, este viernes en la mañana, a seis personas por bloquear el paso en la ruta 27, que comunica San José con puerto Caldera, en protesta por el cierre comercial ordenado por el Ministerio de Salud, entre el 10 y el 21 de agosto, en los cantones con alerta naranja.

Al parecer, los manifestantes exigían que se eliminara la restricción, la cual coincide con el Día de la Madre (15 de agosto), y que en zonas con alerta naranja se puedan mantener los locales abiertos hasta las 10 p. m.

También, claman por algunos beneficios que les permitan mejorar su economía, como que les cobren menos alquiler.

Al respecto, la Defensoría consideró que ese tipo de manifestaciones “son una muestra del descontento del sector comercial que demanda medidas adecuadas para retornar a sus actividades laborales y económicas”.

Afirmó que, durante una reunión de la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, con representantes de la Cámara Costarricense de Restaurantes y la Asociación de Bares, estos le expusieron que la interacción con el Gobierno es unidireccional.

“Solo para fines informativos, no es participativo, por lo que la construcción de respuestas en conjunto no se ha realizado”, añadió la Defensoría.

El organismo indicó que Crespo ha señalado que el país cuenta con una respuesta sanitaria eficaz ante la amenaza de la salud, pero recalcó que se considera necesario activar los mecanismos de coordinación y diálogo para atender a todos los sectores y prevenir una “escalada de violencia”.

“La Defensoría hace un llamado a los sectores a no poner en riesgo su salud, a que prive el diálogo y la paz. Asimismo, a las autoridades de seguridad para que las intervenciones policiales se enmarquen en el respeto a los Derechos Humanos”, urgió.

Al 30 de julio, el Ministerio de Salud registraba 17.290 casos confirmados de covid-19 en el país y 140 muertes.

Para el mes de agosto, el gobierno dio 18 días de respiro a los negocios de 18 cantones del Gran Área Metropolitana (GAM). Los locales podrán abrir de 5 a. m a 5 p. m. en una primera fase que va del 1.° de agosto al 9 de agosto y, luego, podrán hacer lo mismo del 22 al 30 de agosto.

Sin embargo, en medio de esos periodos habrá martillo, es decir, cierre total de esos negocios. Esta medida va del lunes 10 al viernes 21 de agosto.