Defensora Catalina Crespo: ‘Funcionarios quebrantaron sus deberes al pedir mi renuncia’

A seis meses de dejar su cargo como defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho rindió su último informe en el plenario de la Asamblea Legislativa durante el cual aseguró que hubo una campaña mediática y de desinformación en su contra.

En un discurso de 30 minutos, la funcionaria auxiliar del Congreso aseguró que, por haber denunciado y realizado gestiones sobre el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), del expresidente Carlos Alvarado, fue objeto de persecución.

“Nunca imaginé que defender la institucionalidad pública y los derechos y libertades de las personas, ante las acciones y omisiones que desde el poder político se gestaron en contra de la población, significara un quebranto a lo interno de la Defensoría de los Habitantes y que funcionarios, quebrantando sus deberes legales, pidieran mi renuncia”, aseguró Crespo.

La defensora afirmó que, aun con “esa dificultad”, mantuvo un “alto estándar de trabajo de cara al habitante” y que así “lo demuestra” el haber pasado de atender 24.000 denuncias a más de 34.000.

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De las 34.161 denuncias del 2021, la mitad provenían de dos provincias, dijo, San José y Alajuela, y la mayoría de esas denuncias iban en contra del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero (La Reforma).

De las denuncias recibidas, un tercio eran reclamos sobre el derecho a la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, aseguró Catalina Crespo.

“Ese tema no es nuevo, lo hemos indicado por años y, pese a ello, la gestión administrativa del sector público sigue incumpliendo los principios del buen gobierno y sigue sin ser capaz de cumplir con los estándares deseables y adecuados de los derechos humanos que exige un Estado de derecho democrático”, aseguró la funcionaria.

Adicionalmente, dijo que le hacía un llamado de atención a los servidores que han tergiversado el trabajo y el significado de ser un servidor público. “No dar un servicio de alta calidad a los y las habitantes, quienes pagan nuestros salarios, es en sí mismo un abuso a los derechos humanos”, dijo.

Crespo aseguró que haber congelado 42 plazas y que esto supuso, desde la Defensoría, un ahorro para el Estado superior a ¢500 millones anuales. Afirmó que se mejoraron los tiempos en resolución de los asuntos planteados ante la institución y “se logró la meta de que más del 80% de los casos se resuelvan en el plazo de dos meses”.

En el resumen de su informe escrito, presentado en el plenario legislativo, la auxiliar de la Asamblea dijo que, en el 2019, se hizo la primera auditoría externa institucional y este año se realizaría la segunda, aunque no detalló cuáles fueron los resultados de la primera.

Declaró que aplicó un sistema de rotación del personal directivo, para evitar que el mismo funcionario siga fiscalizando las mismas entidades públicas que había venido vigilando por décadas.

Acciones de Crespo cuestionadas a lo interno de la Defensoría fueron defendidas por ella en el plenario, como el cambio en el Consejo de Directores y sus facultades de fiscalización, que ella alegó era una medida para la “democratización de la estructura de gobernanza interna”.

“He gestionado los recursos públicos y su salvaguarda ha sido uno de los ejes centrales de mi gestión, como defensora”, dijo.

Durante las intervenciones de los diputados, fueron pocos los cuestionamientos que recibió, principalmente algunos de parte de la liberacionista Montserrat Ruiz, la oficialista Paola Nájera y el frenteamplista Antonio Ortega.

Por el otro lado, congresistas como la verdiblanca Dinorah Barquero; Fabricio Alvarado y Gloria Navas, de Nueva República, más bien la felicitaron por su gestión y le manifestaron apoyo público.